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martes, 7 de junio de 2011

Las diez claves que los españoles desconocen sobre sus pensiones


las incógnitas de la reforma

Los cotizantes no saben cuánto cobrarán, que tendrán que trabajar más tiempo o qué opciones de inversión pueden ser más rentables.

2011-06-07
Libre Mercado
D. SORIANO

A pesar de todo lo que se ha hablado sobre la reforma de las pensiones, el cambio en las condiciones de acceso a la jubilación o el recorte de las prestaciones, aún hay numerosos españoles que desconocen aspectos clave del cambio normativo aprobado este mismo año por el Congreso. Por eso, Mapfre ha realizado una encuesta entre más de 2.600 ciudadanos de entre 18 y 65 años para conocer cuál es el grado de información sobre sus pensiones que tienen los contribuyentes hispanos.

Los resultados no dejan de ser sorprendentes: la mayoría de los españoles no saben que tendrán que trabajar más para cobrar menos. Además, las cifras del estudio coinciden con otros similares realizados en los últimos años en diferentes países occidentales. Los trabajadores desconocen aspectos clave sobre su jubilación, sobre cómo es el sistema de pensiones público, sobre sus derechos, acerca de cuánto cobrarán o cómo ganarse un futuro mejor con algún instrumento de inversión privado. Los siguientes son los 10 aspectos clave (más otro de introducción) que los españoles no conocen sobre su jubilación.

Kilómetro Cero: el sistema de pensiones

Lo primero que habría que explicar a los españoles es cómo es el sistema de pensiones. Desde Libertad Digital hemos realizado varios artículos sobre la reforma, pero no está de más insistir en sus aspectos fundamentales. El kilómetro cero del que debería partir todo análisis es recordar que estamos en un sistema de reparto, no de capitalización (ver las diferencias en el documento adjunto). Esto quiere decir que las pensiones no se pagan con lo que ahorran los trabajadores a lo largo de su vida productiva sino con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año. Esto es algo que se repite mucho, pero no cala en la opinión pública.

Cuando los políticos hablan, suelen acudir a ejemplos propios de un sistema de capitalización ("los jubilados cobran porque han estado contribuyendo a lo largo de su vida familiar") aunque sea mentira. Por eso, es habitual la imagen de un pensionista en el Telediario declarando que "no es justo" que le bajen la paga, porque él ha cotizado durante décadas.

En términos morales, el anciano tiene razón; pero en términos reales su pensión se decide cada año en otoño, durante la aprobación de los PGE. Si un año no hay dinero o no hay trabajadores o la deuda pública desborda al Gobierno, el recorte de su pensión puede ser enorme. En Grecia ya van por dos fuertes rebajas en los últimos meses... Y seguro que a los helenos también les habían dicho que sus pensiones estaban completamente garantizadas.

1. Los españoles confunden recortes y reformas

Un primer equívoco (del que tenemos gran parte de culpa los periodistas) es la confusión entre recortes y reformas. Aunque ambos acaben con un titular de "el Gobierno reduce las pensiones en un X%", no tienen nada que ver. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció que congelaba las pensiones, se refería a que en 2011 los actuales jubilados cobrarán lo mismo que en 2010, perdiendo así poder adquisitivo por la subida de la inflación.

Esto es muy diferente de cuando se anuncia una reforma como la aprobada este año. En este caso, no afecta para nada a los pensionistas actuales, pero sí, y mucho, a los futuros. Normalmente, es más polémica por sus efectos inmediatos una congelación como la propuesta en el tijeretazo que una reforma que no empezará a tener efectos hasta varios años después, y que se vende con los clásicos argumentos de "hacer sostenible el sistema". Sin embargo, aquélla es fácilmente reversible (en un año con una fuerte recaudación, se vuelven a subir las pensiones por encima del IPC y ya está), mientras que la reforma tiene efectos permanentes sobre todos los cotizantes presentes (futuros jubilados)

2. Los españoles no saben qué se ha aprobado este año

Según el estudio de Mapfre, la mayoría de los españoles desconocen en qué consiste la reforma de las pensiones aprobada este mismo año. El texto sacado adelante en el Congreso se puede resumir en cuatro puntos: retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, ampliación del período de cálculo, ampliación de los años trabajados para cobrar el 100% y para jubilarse a los 65. Ninguna de estas medidas es conocida por más del 50% de los españoles (ver gráfico).

Además, destaca que lo más recordado sea el retraso en la edad de jubilación, cuando quizás es lo que menos afecte al trabajador común. Con el aumento en la esperanza de vida y la mejora de la salud, es cada vez más habitual que los occidentales se retiren con más edad. Lo más relevante de lo aprobado son las otras tres medidas, que reducirán lo que cobre en su pensión cuando se jubile (sea a la edad que sea). Pasar de 65 a 67 años puede no gustar a algunos; pero cobrar menos pensión desde los 67 a los 90 ó 95 años (según siga subiendo la esperanza de vida) sí que es decisivo.

Aumentar el período de cálculo es fundamental. Casi todo el mundo cobra más según se hace mayor. Hasta ahora, tan sólo contaba el dinero cotizado entre los 50 y 65 años (últimos 15 años de cotización), normalmente el período más productivo de la vida laboral. A partir de esta reforma, se amplía a 25 años (y la tendencia es ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral). Eso supondrá un recorte de cerca del 10% en la pensión media. Y sólo el 12,8% de los españoles lo sabe.

3. Los españoles no saben que su tasa de sustitución es muy alta

Un lugar común es que las pensiones públicas en España son bajas, por lo que el proceso lógico es que suban para ir acercándose a la media de los países de su entorno. Esto es cierto sólo en parte: muchos jubilados cobran salarios de miseria, debido a que el sistema actual es injusto y a que tuvieron lagunas de cotización por diversos motivos.

Sin embargo, la tasa de sustitución es de las más altas de la OCDE (ver siguiente gráfico). Esto quiere decir que los que ahora se jubilan cobran del Estado una media del 80% de su último salario. Esto es muchísimo. Lo normal en otros países es cobrar menos del Estado y más de los planes privados o empresariales, muy poco desarrollados en España. Por eso, lo lógico es que esa tasa de sustitución caiga con las sucesivas reformas, y con ella la pensión. Eso sí, ningún político lo admitirá nunca.

4. Los españoles no saben por qué el sistema no es sostenible

Cuando se pregunta a los españoles el por qué de la necesidad de reformar el sistema público de pensiones la mayoría apunta a circunstancias coyunturales (ver siguiente gráfico): incremento del paro, mala situación económica, etc...

Sin embargo, esto no es cierto. Como veíamos en el apartado 1, un mal año económico puede afectar a las pensiones actuales (como demostró el tijeretazo) pero, en realidad, las reformas se acometen porque el sistema es insostenible.

Los trabajadores actuales pagan a los jubilados actuales; y los empleados de 2050, sostendrán a los ancianos de esa época. El problema es que cada vez hay menos activos y más jubilados. En 1970, la tasa de reemplazo en España era de 5,1 trabajadores por pensionista; ahora mismo es de 3,7; dentro de cuarenta años será de 1,6.

5. Los españoles no saben que no hay solución

Para responder a esta pregunta hay que tener claro lo explicado en el apartado anterior. No es que las pensiones peligren por el alto paro o la crisis. En Alemania o Francia, por ejemplo, la coyuntura es buena y están acometiendo reformas como la española. Lo que falla es el sistema de reparto actual.

Con reforma o sin ella, la Seguridad Social quebrará, como muy tarde, en 2042. La gente cada vez vive más y no será posible pagarles a todos una prestación digna. Es más, en 2040 comenzarán a trabajar los niños que nazcan en esta década y ya sabemos que no están siendo muchos. Por eso, aquellos que se jubilen a partir de 2030 harían bien en buscarse otra fuente de ingresos: nadie les puede asegurar que cobrarán una renta del Estado. Ya sabemos que en 2050 habrá casi un pensionista por trabajador (ver siguientes gráficos) y eso no se puede pagar con cotizaciones sociales o impuestos. Actuar como si hubiera una posible solución mágica sólo hará las cosas más difíciles.

6. Los españoles no saben cuánto cobrarán

Hace unas semanas, The Economist publicaba un estudio acerca de las pensiones a nivel mundial, y extraía una curiosa conclusión: la mayoría de la gente tiende a pensar que cobrará más de lo que le corresponde y que tiene que cotizar menos para ganar más.

Esto vale tanto para sistemas públicos como privados. Es decir, la gente es optimista y cree que con lo que paga en la actualidad recibirá una pensión mayor. El informe de Mapfre tiene otra curiosa conclusión: aunque la pensión media en España es de 911 euros, los trabajadores creen que es 700 euros. Y sólo un 28% conocen cuánto cobrarán ellos mismos.

Esto quiere decir que la gente tiende a infravalorar la paga media porque está todo el día oyendo en las noticias que las pensiones son muy bajas. Pero, al mismo tiempo, piensa "con todo lo que yo he cotizado seguro que me corresponde un pastón" y luego, cuando se jubila, se lleva un susto. Por eso, es bueno que cada uno haga bien los cálculos y sepa si va a poder mantener su nivel de vida con la pensión pública.

7. Los españoles no saben que hay un tope bastante bajo

Otra cuestión que no se suele comentar en las noticias es que hay una pensión pública máxima que no se puede superar se cotice lo que se cotice (aunque también hay una base máxima de cotización). La pensión máxima en 2010 fue de 34.526 euros brutos. Luis M. Linde realizó un interesante estudio en Actualidad Económica hace un par de meses en el que demostraba que la diferencia entre la pensión mínima y máxima se había ido reduciendo de forma constante desde 1984. En ese año, una era 7,5 veces mayor que la otra (15.812 euros por 2.116); ahora es sólo 3,8 veces.

Esto es así porque a todos los gobiernos les resulta electoralmente rentable decir "hemos subido las pensión mínima" (de hecho, este año Zapatero congeló todas salvo las más bajas). Pero claro, esto quiere decir proteger las no contributivas frente a las contributivas. El sistema se vende como "tanto aportas a lo largo de tu vida laboral, tanto recibes cuando te jubiles", pero si esta tendencia se mantiene esa frase quedará como un mero eslogan. Y la pensión, cada vez más, será una especie de dádiva que los políticos conceden generosamente a los votantes mayores, no un derecho adquirido por éstos. Los que hayan cotizado mucho y los que no hayan cotizado nada tendrán casi lo mismo.

8. Los españoles no saben que tienen que ahorrar

Todo lo anterior nos lleva a un aspecto fundamental: si un ciudadano español menor de cincuenta años quiere asegurarse que cobrará una cantidad digna (equiparable su actual sueldo) cuando se jubile, tiene que plantearse algún tipo de inversión alternativa al sistema público.

Aunque una mayoría (ver gráfico siguiente) tiene algún elemento de inversión, la cifra sigue siendo muy baja en comparación con otros vecinos europeos. Apenas un 45% tiene planes de pensiones y, en este caso, muchas veces más por razones fiscales que por cuestiones de ahorro.

9. Los españoles no saben cómo ahorrar

Muy relacionado con el tema anterior está la cuestión de dónde meter el dinero. Los dos productos menos utilizados por los españoles son los más útiles para ahorrar a largo plazo.

Como explica cada semana Raquel Merino en Libre Mercado, la inversión en valor en Bolsa garantiza a largo plazo grandes retornos y es más segura que cualquier otro vehículo. Poner el dinero en compañías sólidas o buscar un buen gestor, que busque la rentabilidad a largo plazo antes que los movimientos especulativos a corto, es una receta segura para el éxito.

Tal y como explica Juan Ramón Rallo en este artículo, incluso comprar una cantidad fija cada año referenciada a un índice puede dar unos rendimientos muy atractivos. Sin embargo, sólo el 12% de los españoles tiene fondos de inversión y sólo el 13% invierte en bolsa con vistas a su jubilación (ver el gráfico de rentabilidad comparada entre la bolsa americana y otras inversiones desde 1800).

10. Los españoles no saben cuándo deben empezar a ahorrar

Las encuestas también muestran que los españoles están entre los europeos que empiezan a ahorrar más tarde y menos dedican a su jubilación. Sin embargo, es fundamental comenzar cuanto antes. De nuevo, Juan Ramón Rallo nos expone un bonito ejemplo en este artículo:

Imagine a dos gemelos que a los 22 años deciden ponerse a ahorrar. El primero lo hace e invierte en un fondo 2.000 euros cada año durante seis, y luego deja de hacer nuevas aportaciones; el segundo se echa para atrás, no empieza a ahorrar y a invertir hasta los 29 años y, a partir de entonces, invierte 2.000 euros al año durante 37. Si los dos invierten su dinero en el mismo fondo –de una rentabilidad anual del 12%–, ¿quién cree usted que tendrá más dinero a los 65 años, el que invirtió 12.000 euros durante seis años o el que invirtió 74.000 euros durante 37 años? Sorpresa: a los 65 años ambos tendrán 1,2 millones de euros. Por tanto, no pierda un segundo más o dentro de unos años se arrepentirá.

jueves, 4 de febrero de 2010

Los diputados sólo necesitan cotizar once años para cobrar la pensión máxima




El Congreso, blindado frente a la reforma de las pensiones
Los diputados sólo necesitan cotizar once años para cobrar la pensión máxima
Con el debate de la reforma del sistema de pensiones de fondo, llama la atención además de por sus salarios, la situación de los diputados españoles, blindados frente a esta reforma, que tan sólo necesitan once años de ejercicio para cobrar la máxima pensión: 2.466 euros al mes en 14 pagas.

La pensión máxima en España es de 2.466 euros en catorce pagas
Jóvenes diputados como Soraya Sáenz de Santamaría o Eduardo Madina en 2011, rondando los cuarenta años, tendrán derecho a cobrar la máxima pensión de jubilación a partir de los 65

El ruido de fondo es considerable. Y más teniendo en cuenta que se ha superado la cifra de los cuatro millones de parados. Pero el debate se ha desviado hacia la reforma del sistema de pensiones en vez de hacia la búsqueda de soluciones para crear empleo. Se habla en estos días de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, desde los 65 actuales. Pero también se comienza a hablar de la jubilación y las pensiones de los diputados españoles. De las personas que decidirán, llegado el caso, la edad y la cuantía de las pensiones de los ciudadanos que los han elegido.

Y el ruido de fondo crece por momentos: Los diputados y senadores tienen blindada la pensión máxima de jubilación. Según el ‘Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas’ del 14 de julio de 2006, la actual norma en vigor, los ex diputados cobrarán la pensión máxima. Siempre. Con la condición de que hayan ejercido su labor durante once años.

Por el otro lado, un ciudadano español necesita en la actualidad cotizar un mínimo de quince años para obtener la pensión más baja (587 euros al mes en catorce pagas; o 725 euros al mes si tiene un cónyuge sin renta), y 35 años de cotización para poder obtener, según su renta, la pensión máxima (2.466 euros en catorce pagas).

Los parlamentarios no. Porque el Congreso blinda a los diputados para que alcancen o rocen la pensión máxima una vez jubilados (si llegada la edad de l retiro, los parlamentarios no lo han conseguido por si mismos). Así, si un diputado acumula de siete a nueve años de actividad, la Cámara Alta le ayudará con una cantidad que suponga el 80% de la diferencia que le falta para alcanzar la pensión máxima; si ejerce de nueve a once años, el 90%; y si supera los once años de mandato, el 100%.

La norma defiende la dificultad de muchos diputados de a pie de reincorporarse al mercado laboral después de años dedicados a la política nacional. Así, casi nadie duda de que diputados veteranos como Alfonso Guerra, Josep Antoni Duran i Lleida o Mariano Rajoy puedan saborear su jubilación; incluso diputados con cuatro o más legislaturas a sus espaldas, como Gaspar Llamazares, Ángel Acebes o Jou Erkoreka; pero sí llama la atención que jóvenes diputados como Soraya Sáenz de Santamaría o Eduardo Madina en 2011, rondando los cuarenta años, tengan la certeza de que disfrutarán de la máxima pensión de jubilación a partir de los 65.

Los salarios de los diputados
El salario de los diputados españoles también fue cuando se hizo público en 2007, un tema controvertido. El sueldo mínimo mensual de un congresista ‘raso’ es de 2.918,64 euros brutos al mes. Los diputados reciben también un extra mensual neto por gastos de alojamiento y manutención, que oscila entre los 1.702,59 euros en el caso de los parlamentarios que viven fuera de Madrid y los 812,68 euros, de los elegidos por Madrid.


El salario se incrementa según los complementos asociados a cada cargo: el presidente de la Cámara alcanza 14.420,39 euros mensuales —suma complementos como miembro de la Mesa (3.365,66 euros), gastos de representación (3.654,84 euros) y gastos de libre disposición (2.996,65 euros), más el suplemento por ser presidente de la Comisión del Reglamento (1.484,6 euros)—. Una vez sumados los complementos, los cuatro vicepresidentes obtienen 6.024,2 euros; los cuatro secretarios, 5.507,33 euros; los portavoces de los grupos parlamentarios, 5.748,34 euros, los adjuntos a los portavoces, 5.083,41 euros; los presidentes de comisión, 4.403,24 euros, y los portavoces de las comisiones, 4.004,08 euros.

El Gobierno roba a los pensionistas



Reforma
El Gobierno roba a los pensionistas
Pablo Molina
El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano.
El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.

No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.

El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.

Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.

El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.