AGUSTÍN YANEL / Madrid / El Mundo
Aunque acusa a los controladores de «abuso», duda de que el decreto sea legal
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, no va a apoyar en el Congreso la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma, porque considera que no se cumplen los requisitos que exige la ley para haber acordado esa medida.
No obstante, dejó claro que él no está de acuerdo con la actitud que adoptaron los controladores el viernes pasado. Dijo que lo que ha hecho el Gobierno es «un abuso de la Constitución» frente al «abuso contra los ciudadanos» que han cometido los controladores.
Ayer, al acudir al Congreso para asistir a la conmemoración del XXXII aniversario de la Constitución, pidió al Gobierno que acabe con «la militarización» de los controladores aéreos y reanude las negociaciones con ellos, respetando el Estatuto de los Trabajadores.
Llamazares comentó que, según los especialistas e incluso algún redactor de la ley, la militarización de un determinado colectivo puede acordarse cuando se ha declarado el estado de excepción o el de sitio, pero no por el de alarma, como acordó el Ejecutivo el sábado.
Además, duda de que sea constitucional la declaración de estado de alarma, porque para ello deben darse al menos dos de los requisitos que establece la ley y no sólo uno -el perjuicio a los ciudadanos- como ocurre en este caso.
Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, declaró en el mismo acto que el Gobierno, al adoptar esas medidas, ha sido «muy eficaz y muy diligente, poniendo coto al abuso de unos profesionales que tienen el monopolio del control aéreo». «Hacen verdaderos chantajes, utilizando como rehenes a los ciudadanos», dijo, algo que considera «absolutamente intolerable».
En su opinión, el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero «ha hecho muy bien tomando medidas rápidas y drásticas».
El PNV no asiste ningún año al acto conmemorativo de la Constitución. Pero su diputado Emilio Olabarria afirmó ayer que ellos apoyan la declaración del estado de alarma para restablecer el tráfico aéreo, y pidió que se reclamen a los controladores responsabilidades de todo tipo, tanto desde el punto de vista laboral como penal.
En coincidencia con la opinión del socialista Barreda, el diputado peneuvista declaró a la agencia Servimedia que el Gobierno ha actuado «con diligencia» para impedir que los controladores continuaran ejerciendo «un verdadero chantaje» a la ciudadanía.
Frente a esas posturas favorables al Gobierno, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Ejecutivo por haber aprobado el decreto que regula la jornada de los controladores el viernes último, día en que comenzaba el puente de la Constitución, que consideró «inoportuno».
En el caso de que Rajoy fuera presidente del Gobierno y se viviera una situación similar, Núñez Feijóo le habría recomendado que no aprobara ese decreto al inicio del puente sino después.
No obstante, afirmó que él y su partido apoyan la declaración del estado de alarma y piden a Zapatero que ofrezca todas las explicaciones en el Congreso.
No estoy aquí para negociar»
Cómo el Ejército sofocó en 24 horas la huelga salvaje de los controladores
En 24 horas, las que fueron desde la tarde del viernes a la del sábado, el Ministerio de Defensa, en general, y el Ejército del Aire, en particular, lograron poner fin a la huelga salvaje de los controladores aéreos y devolvieron una aparente normalidad a los cielos españoles. Fueron momentos de gran tensión en los que, sin embargo, los 400 militares movilizados por el Gobierno se movieron con extrema rapidez y frialdad, afrontando con éxito una situación absolutamente inédita para ellos. Éste es el relato de los pasos que dio Defensa para intervenir y devolver la tranquilidad al país.
VIERNES, 17.00 HORAS. Poco después de que se sepa que los controladores están abandonando sus puestos de trabajo o no incorporándose a ellos, la ministra de Defensa, Carme Chacón, contacta por primera vez con los jefes del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y del Aire (Jema), generales José Julio Rodríguez y José Jiménez. En esos momentos, el Gobierno ya baraja la opción militar como solución al conflicto. Para ello dispone de un plan de contingencia que el Ejército del Aire tiene elaborado desde las últimas crisis con los controladores (febrero y verano de este año). En él está prevista la opción de que se presenten «cero controladores» a trabajar, aunque se considera que es «improbable» y se cree más previsible una huelga del 70% del personal o una huelga de celo. Ante la gravedad de la situación y siguiendo las órdenes de Chacón, los mandos militares movilizan a los efectivos necesarios para aplicar el plan de contingencia y los mantienen en alerta.
VIERNES, 18.00 HORAS. La ministra de Defensa se desplaza al Ministerio de Fomento, donde permanecerá durante toda la crisis. La acompañan el secretario de Estado del Departamento, Constantino Méndez, y el general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar, José Luis Poyato, entre otros. El ministro de Fomento, José Blanco, comparece ante los medios para advertir a los controladores que si no deponen su actitud, el Gobierno pondrá la navegación aérea bajo control militar.
VIERNES, 21.30 HORAS. El presidente del Gobierno firma el decreto que pone la navegación aérea bajo control militar. Acto seguido, el Jema se desplaza al Cuartel General del Aire para dirigir la operación y da instrucciones para que el Ejército acuda a los centros de control aéreo y a las torres de los aeropuertos afectados. Además, se refuerzan las bases militares por si es necesario desviar tráfico a ellas y se pone a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en prealerta para ofrecer ayuda a los pasajeros que permanecen atrapados en los aeropuertos.
VIERNES, 23.00 HORAS. Oficiales del Ejército del Aire, todos jefes de escuadrillas de circulación aérea y comandantes aéreos de zona, llegan a los centros de control y a las torres, custodiados por efectivos de la Guardia Civil. Algunos controladores se incorporan a sus puestos en ciertos aeropuertos, pero el espacio aéreo sigue cerrado.
SÁBADO, 2.00 HORAS. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba comparece ante los medios para advertir que, si los controladores no cesan en su actitud, el Gobierno decretará el estado de alarma.
SÁBADO, 2.30 HORAS. Tras solicitar un encuentro, ocho representantes de los controladores acuden al Ministerio de Fomento. Esperan verse con representantes del Departamento de José Blanco, pero la reunión la dirige el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. Los controladores le plantean reivindicaciones laborales, pero Méndez les responde lo siguiente: «No estoy aquí para negociar con ustedes. Vengo a informarles de que el espacio aéreo está bajo responsabilidad militar y de que, si no acuden a sus puestos de trabajo, el Gobierno va a decretar el estado de alarma y van ustedes a pasar a estar bajo control militar». Según algunos presentes, los controladores abandonan el Ministerio con la cara desencajada.
SÁBADO, 8.00 HORAS. El 50% de los controladores se encuentra en sus puestos, pero sigue sin poderse abrir el espacio aéreo.
SÁBADO, 12.00 HORAS. El Consejo de Ministros decreta el estado de alarma. Oficiales del Ejército del Aire se despliegan en todos los aeropuertos y centros de control de España, con una media de tres efectivos por lugar. Informan por escrito y de viva voz a todos los controladores que han pasado a ser considerados personal militar y, por tanto, que están sujetos a la disciplina castrense, y que, si no se reincorporan a sus puestos, se dará parte caso por caso al tribunal togado militar correspondiente. En esos momentos, el Ejército tiene movilizados a 200 militares, unos 150 en aeropuertos y centros y otros 50 en el Cuartel General del Ejército del Aire, además de los efectivos de la UME y de la Guardia Civil.
SÁBADO, 17.00 HORAS. 24 horas después del inicio de la huelga, el 98% de los controladores se encuentra en su puesto de trabajo. Se reabre el espacio aéreo.
