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domingo, 6 de noviembre de 2011

Investigan una millonaria web cedida a un ex alto cargo de Vara


  • DAVID VIGARIO MÉRIDA CORRESPONSAL
  • 06/11/2011/El Mundo
  • ESPAÑA
  • Al presentarla, el ex presidente extremeño dijo que era gratis, pero costó 513.000 euros

    Rubalcaba embusteroEl Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el anterior Gobierno socialista de la Junta de Extremadura como consecuencia de una denuncia presentada el pasado 18 de octubre por la asociación Preeminencia del Derecho, que ha pedido que se investigue cómo se gestó a finales de la legislatura pasada la web institucional Opina Extremadura, que costó 513.000 euros, y si existe responsabilidad contable al efecto debido al abusivo gasto.

    La concesionaria directa del portal, sin que hubiera concurso público de por medio, fue la empresa Wellness Telecom, según ha podido conocer EL MUNDO. El socio fundador y director general es Emilio Herrera Molina, que fue director del programa regional de Cuidados Paliativos de Extremadura en 2002 y 2003 y director general de Atención Sociosanitaria y Salud entre 2003 y 2008, siempre a las órdenes del propio Guillermo Fernández Vara en el Servicio Extremeño de Salud (SES) cuando era consejero de Sanidad.

    Hay que recordar que el SES fue el encargado de dar el visto bueno a las obras de remodelación de la vivienda del ex presidente de la Junta de Extremadura, también en la legislatura pasada, a pesar del informe en contra de la Intervención General de la Administración autonómica. Este organismo no dio luz verde a las obras por no sacarse a concurso público a pesar de ascender a casi 300.000 euros, y adjudicarse a dedo.

    El precio por el funcionamiento del portal fue de 513.000 euros aunque en la presentación pública del proyecto el entonces presidente aseguró que no le iba a costar «ni un euro a los extremeños». A cinco meses para las elecciones autonómicas, Vara anunció esta herramienta como un encuentro bidireccional con los ciudadanos para poder recibir ideas, a pesar de que la Junta ya contaba con varios portales con la misma función. El objetivo era que todas las iniciativas en la Red que alcanzasen un 10% de apoyo serían valoradas con la intención de ponerlas en marcha por el Ejecutivo, pero ninguna de ellas se llevó a efecto.

    El presupuesto incluía la «modelización operativa» por 19.802,47 euros, la definición de contenidos por 7.376,54 euros, la difusión y captación de participantes por 64.098,51 euros, el servicio de mantenimiento estratégico y operativo por 99.400,19 euros, el diseño y desarrollo de la plataforma por 205.603,67 euros, el servicio de mantenimiento correctivo por 24.056,50 euros y el servicio de posting y distribución de contenidos digitales por 14.662,12 euros. A estas cifras hay que sumarles el IVA. Los precios por estos servicios con respecto al mercado, según diversos expertos consultados, son completamente desorbitados.

    Desde su lanzamiento, se registraron únicamente un total de 2.175 usuarios, con una participación activa del 0,5%, y apenas se enviaron 318 iniciativas. Además, el presupuesto para mantener el servicio para 2012 tenía un coste extra de 174.000 euros. Como consecuencia de ello, el nuevo Gobierno del PP ha dejado el portal fuera de servicio.

    Vara ha señalado que el proyecto se encuadraba dentro del contrato establecido con Telefónica, que había ganado, en julio de 2008, el concurso de telecomunicaciones por el cual la Junta paga alrededor de 23 millones anuales. A cambio, la empresa se comprometía a reinvertir el 5% de su facturación anual en diversos proyectos, que serían evaluados en una comisión paritaria formada por ambas partes y en los que también se incluye a altos cargos del SES, precisamente donde había trabajado el representante de la empresa adjudicataria.

    jueves, 9 de junio de 2011

    El PP llevará a los tribunales los despidos del 'caso Feval'


    DAVID VIGARIO / Mérida
    Corresponsal

    09/06/2011/ El Mundo

    Zapatero embusteroEl PP de Extremadura anunció ayer que sus servicios jurídicos ultiman el escrito de denuncia que presentarán ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por «los indicios de delito» ocurridos en la Institución Ferial de Extremadura, y que incluirá «la nueva cacicada de los señores del cortijo de Feval con la complicidad de la Junta y su presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara».

    La portavoz adjunta popular, Cristina Teniente, se refirió así al despido fulminante de dos trabajadores del departamento de contabilidad de este organismo público decretado por la dirección del mismo porque se negaron a avalar con sus firmas las cuentas de Feval y el saldo de caja.

    Teniente confesó su «absoluta perplejidad» ante la forma de actuar de los directivos de Feval, encabezados por el diputado socialista en las últimas legislaturas José Luis Vinuela y el ex director general José Villa, quienes, en su opinión, «han querido tapar rastros y pruebas de sus fechorías». El PP recordó que ya ha pedido la destitución de estos altos cargos en varias ocasiones y que incluso el PSOE denegó una comisión de investigación sobre el caso en la Asamblea.

    De esta manera, Teniente confirmó que llevarán el caso «hasta las últimas consecuencias» al confirmarse que se ha «extorsionado, perseguido y amenazado a estos trabajadores» con el fin de «borrar rastros y pruebas de tanta irregularidad». Al negarse, añadió, «se convirtieron en cabezas de turco».

    Readmisión

    Igual que el PP, IU también exigió la readmisión de los empleados «hasta que se aclare qué se esconde detrás de sus despidos, que ellos mismos reconocen que son improcedentes al otorgarles la mayor de las indemnizaciones».

    De forma paralela, los dos sindicatos con representación en la institución pública, CSI-F y UGT, exigieron de manera conjunta la readmisión «urgente» por haber sido despedidos «sin justificación legal alguna, de forma irregular y arbitraria». «No se puede utilizar a los trabajadores como coartada para que los directivos de la institución eludan una serie de responsabilidades que les atañen exclusivamente a ellos, ya que los empleados no tienen responsabilidad alguna en la dirección y gestión de Feval».

    Por último, la dirección de Feval respondió en una nota de prensa que los despidos «se han realizado en el marco de la legalidad vigente, sin discriminación ni violación de derecho fundamental alguno». Añadió que «no puede pasar por alto que determinadas conductas y acciones de algunos de sus empleados, por su gravedad y trascendencia, supongan un trasgresión de la buena fe contractual que ha de presidir en toda relación laboral»

    miércoles, 22 de diciembre de 2010

    Un ex concejal se suicida tras abusar de una niña de Serrano prostituida


    DAVID VIGARIO / Arroyo de San Serván/ El Mundo

    El rumano con el que huyó la vendía por 30 a vecinos de un pueblo de Badajoz

    Zapatero embustero

    La niña llegó a la pequeña localidad pacense de Arroyo de San Serván (de alrededor de 4.000 habitantes) de la mano de un clan rumano, de los muchos que se asientan en la localidad. Procedía de una familia acomodada de Madrid y vivía en la calle de Serrano de la capital de España hasta que se enamoró de un joven rumano.

    La delegada no había hecho públicos los nombres, pero Daniel Cangas ya sentía las miradas de los vecinos, sobresaltados por las noticias que volvían a poner un pueblo de Extremadura en el ojo del huracán.

    La decisión de pegarse un tiro la tomó después de comer, a las 17.30 horas. Antes, había incluso salido a la calle para pasear. Fue su hermano quien encontró el cadáver poco después. Se había pegado un tiro en la garganta. Sin testigos. Vivía solo.

    Cangas era el segundo ex concejal implicado en la trama. El otro todavía mantiene un cargo público. Según ha podido saber EL MUNDO, se trata de Francisco Izaguirre Copote, el actual juez de paz del municipio y ex concejal de Festejos del PSOE en la legislatura pasada.

    Izaguirre está casado y, como Daniel Cangas, fue detenido el pasado sábado y puesto en libertad con cargos el lunes, acusado de mantener relaciones sexuales con la menor incluso en su propio despacho, en la plaza del pueblo, junto al Ayuntamiento. El Pleno del Consistorio le nombró por unanimidad para el cargo esta legislatura. En una localidad sin juzgado, el juez de paz es un mediador que actúa antes de que los sucesos se lleguen a judicializar oficialmente.

    La verdad es que era un secreto a voces en el pueblo, según cuentan los vecinos, pero «a ver quién era el que le ponía el cascabel al gato». Lo hizo finalmente -después de tres meses explotación sexual- un policía local en segunda actividad (sólo trabaja por las mañanas), Pedro José Torrado, que a las 9.00 horas del pasado sábado irrumpió en la enorme vivienda de la calle de la Sierra para sacar a la menor de su cautiverio. Allí vivían hacinados hasta 30 rumanos junto a la niña secuestrada.

    La casa, lúgubre y que tiene cortada la luz por las noches por falta de pago, está situada en la misma calle donde hasta ayer vivía el ex concejal y también el juez de paz. Se trataba de una calle cargada hasta ayer de secretos y convertida en el lugar de una tragedia.

    Es el triste balance, aún provisional, de una operación policial que continúa abierta y bajo secreto de sumario, y que ha permitido liberar a una niña madrileña de 14 años que estaba siendo retenida de forma ilegal y explotada sexualmente en los últimos tres meses por un grupo de rumanos. Su familia de Madrid había denunciado su desaparición el pasado mes de septiembre.

    Los cinco vecinos de la localidad (el juez de paz, el ex concejal fallecido, un trabajador encargado del basurero municipal, un jubilado también ex trabajador municipal encargado de Parques y Jardines y un labrador) están acusados de abusos de menores y agresión sexual. Los rumanos siguen detenidos en los calabozos de la Guardia Civil de Badajoz y se les atribuyen los delitos de corrupción de menores, explotación sexual, detención ilegal y secuestro.

    La truculenta historia se inicia en septiembre, cuando la menor, que vivía con su familia en la madrileña calle de Serrano, se enamoró de un joven rumano de 22 años, «esbelto y atractivo», según cuentan los vecinos del pueblo extremeño, que la presentó en la localidad como «su mujer», aunque luego la enviase a prostituirse por 30 euros cada vez.

    La niña huyó de casa y se fue a vivir con él a la localidad pacense de Arroyo de San Serván. Sin embargo, el cuento de hadas se transformó nada más llegar a la localidad en una cruel pesadilla que ha durado hasta este pasado sábado.

    OORBYT.es

    >David Vigario, testigo del horror en Arroyo de San Serván.

    Enviado especial

    A los 55 años y retirado de la política, a Daniel Cangas se le vino ayer el mundo encima cuando la delegada del Gobierno en Extremadura confirmó que 12 personas -siete rumanos acusados de proxenetas y cinco vecinos del pueblo que eran sus clientes- habían sido detenidas durante el fin de semana acusadas de mantener sexo a cambio de dinero con una niña de 14 años.Sigue en página 18