Nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria en Aragón

JAVIER ORTEGA ZARAGOZA CORRESPONSAL

23/11/2011/El Mundo

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ESPAÑA

El Gobierno de Aragón que preside la popular Luisa Fernanda Rudi aprobó ayer la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que será el marco jurídico y económico que marcará los presupuestos de la comunidad autónoma en los próximos años, cuyo techo de endeudamiento lo fijará el Parlamento regional.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, dijo que esta ley es «un compromiso con la austeridad y con la contención del gasto público» y que se vincula de manera «directa con las reglas de disciplina que están imponiendo la UE y España».

La ley presenta novedades, como un fondo de reserva para financiar la Sanidad. Además, contempla un techo de gasto, limita el déficit a situaciones excepcionales e incluye mecanismos de transparencia, sostenibilidad financiera, eficiencia en el uso de los recursos públicos y responsabilidad derivada del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El Consejo de Gobierno conoció en su reunión de ayer el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial, que contempla un recorte drástico de las empresas públicas, que pasarán de 102 a entre 30 o 35.

Según el consejero Mario Garcés, el Ejecutivo autónomo «perderá su participación en torno a un 65% de las empresas públicas» en cuyo accionariado está.

El Tribunal de Cuentas investigará privilegios a ex diputados aragoneses

• Generosas indemnizaciones

  
  

  23-10-2011 | S. S. G. Madrid |La gaceta

  Las “indemnizaciones por cesantía” no estaban contempladas en los Presupuestos autonómicos. La Mesa de la Cámara regional aprobó una paga para parlamentarios que se quedaron en paro.

• A raíz de la denuncia presentada por la Asociación para la defensa de la Función Pública aragonesa, el Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación sobre presuntos privilegios que se habrían dispuesto para parlamentarios que, al dejar las Cortes de Aragón, pudiesen atravesar dificultades económicas. Estas denominadas “indemnizaciones por cesantía” fueron aprobadas por la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces el pasado 7 de junio, dos semanas antes de las elecciones autonómicas. En aquel momento, la victoria del PP en las urnas aún estaba por llegar y era el PSOE, con Marcelino Iglesias como jefe del Gobierno aragonés, quien tenía el control del Parlamento regional. Fue, precisamente, el entonces presidente de la Cámara, el socialista Francisco Pina, quien, según las fuentes parlamentarias consultadas, impulsó la puesta en marcha de esta prebenda y llevó el peso de las negociaciones con el resto de partidos.

  En concreto, el acuerdo establecía la percepción de una cuantía mensual en función de los años de ocupación del escaño, con un límite máximo de 18 mensualidades. Mientras en otras regiones se apuesta por la austeridad, esta paga, orientada a futuros diputados aragoneses en paro, asciende a 2.965,97 euros brutos al mes. Como requisitos para poder acogerse a este privilegio, sus señorías deben primero inscribirse en las listas del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), acreditar su baja en la Seguridad Social y presentar su declaración de la renta y de bienes. Cerca de una decena de ex parlamentarios autonómicos, principalmente del PSOE, Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA), habrían podido beneficiarse estos meses de dicha compensación. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa dirigió sendos escritos de denuncia a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de dicho órgano fiscalizador el pasado 29 de julio de 2011. Después de aquello, la propia asociación desveló hace unos días que la institución presidida por Manuel Núñez había ordenado la apertura de diligencias preliminares para esclarecer los hechos.

  A juicio de los denunciantes, esta tipología de indemnizaciones se había acordado por un órgano incompetente –la Mesa de las Cortes– en lugar del Pleno del Cámara, donde la decisión habría tenido mayor transparencia. Asimismo, la asociación considera que el Parlamento aragonés, en los últimos días de la era Iglesias, vulneró también los principios de publicidad y de cobertura presupuestaria, ya que estos pagos “no figuraban autorizados en la Ley de Presupuestos de la comunidad”. En los escritos también se hace hincapié en que algunos de los miembros integrantes de la Mesa “eran personas directamente afectadas por dicho acuerdo, al ser potenciales beneficiarios del mismo”. De este modo, recalcan los denunciantes, ello “venía a establecer una clara confusión entre intereses personales y el interés público que ha de prevalecer en toda decisión institucional”. En ese perfil de firmante-promotor de la medida y a la vez potencial beneficiario se encuadraba, por ejemplo, el presidente de las Cortes aragonesas, Francisco Pina, quien el 7 de junio sabía que iba a tener difícil seguir en la Cámara regional al ser desplazado a los puestos de salida de la lista por Huesca. Al final, Pina consiguió mantener el escaño.

  No es la primera vez que esta asociación cuestiona al entorno de Marcelino Iglesias. En febrero, presentó un recurso contra el entonces presidente de Aragón por vulnerar el derecho fundamental de petición al no “realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años” desde este colectivo. Los denunciantes lamentan que “la sociedad civil tolere decisiones públicas que contravienen las reglas más básicas del Estado”.

Iglesias dejó en Aragón facturas de luz y gas por siete millones

JAVIER ORTEGA / Zaragoza
Corresponsal

01/10/2011/El Mundo

El anterior Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, dejó facturas sin pagar de luz y gas por siete millones de euros en hospitales, centros de salud y otras dependencias del Servicio Aragonés de Salud. Esa cifra se suma a las otras deudas del Departamento de Sanidad, que superan los 300 millones. La cifra exacta se conocerá cuando se termine la auditoría encargada por el actual Ejecutivo.

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, compareció ayer en las Cortes para contestar a las preguntas de la oposición sobre su actuación en los primeros días de Gobierno en materia económica. Calificó sus medidas de «imprescindibles», aunque reconoció que no son suficientes ante una situación económica «dificilísima», como consecuencia «de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por la mala gestión del Gobierno anterior de esta comunidad»

PP y PAR rechazan que uno de los bodrios musicales de Labordeta se convierta en el himno de Aragón

Alerta Digital

Los grupos del PP y el PAR en las Cortes de Aragón han impedido este jueves en el pleno la toma en consideración de una proposición de Ley para declarar himno de la Comunidad el ‘Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta.

El rechazo a esta propuesta, fruto de una iniciativa legislativa popular respaldada por 24.256 firmas, se ha producido en vísperas de cumplirse el primer aniversario de la muerte del cantautor, poeta, escritor y político, ocurrida el 19 de septiembre de 2010.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de PSOE, CHA e IU, ha sido defendida en las Cortes por el ex Justicia de Aragón Emilio Gastón.

Gastón ha argumentado en nombre de la comisión promotora de la iniciativa que unas 40.000 personas le dieron a Labordeta su último adiós en la capilla ardiente instalada en las Cortes y surgió de nuevo el deseo común de que el “Canto a la Libertad” se convierta en el himno de la Comunidad.

El sentido de un himno, ha subrayado Gastón, es que identifique a los ciudadanos con el territorio, que los una y los emocione al cantarlo juntos, y esa es la principal característica del “Canto a la Libertad”, una canción cuya letra tiene un contenido con valores universales y es cantada en multitud de lugares, y cuando quienes la cantan son aragoneses les identifica como tales y con su tierra.

Sin embargo, los grupos del PP y del PAR no han considerado oportuno cambiar el himno de Aragón, aprobado por las Cortes en 1989 y compuesto por prestigiosos autores aragoneses, con música de Antón García Abril.

Apoyo de CHA, PSOE, IU

Por el contrario, PSOE, CHA e IU sí han apoyado la toma en consideración de la iniciativa, entre otros motivos para dar cauce a la participación ciudadana en la Cámara y porque esa canción es un símbolo para los aragoneses.

Tras la votación, la presidenta de la comisión impulsora de la iniciativa, Pilar Bernad, ha manifestado su tristeza y decepción por la decisión del parlamento, porque en su opinión era el momento “histórico” para reconocer la figura de Labordeta y para que las instituciones le dieran el homenaje que merece por ser “la voz de Aragón”.

“A pesar de lo que ha pasado hoy, seguiremos cantándola. El pueblo va a seguir cantándola porque es la canción que se sabe, es la canción que siente y es la canción que tiene en el corazón”, ha recalcado Bernad.

Aragón aprueba en secreto una paga para diputados en paro

"ES DE JUSTICIA"

La decisión fue tomada a finales de año y aprobada el pasado día 7. Hasta nueve diputados se podrán ya acoger a esta paga mensual de 3.000 euros.

2011-06-28

LIBERTAD DIGITAL

El pasado día 7 de junio todos los partidos de las Cortes de Aragón pactaron una indemnización para los diputados que se han quedado sin su cargo tras las elecciones y que no tienen trabajo. Sin embargo, esta medida no la hicieron pública.

Según informa El Heraldo, el acuerdo fue cerrado por los distintos grupos de la Cámara a finales del año pasado, pero la decisión no se acordó en firme hasta la Mesa y Junta de Portavoces salientes el pasado 7, casi un mes después de las elecciones.

Esta iniciativa se denomina "indemnización por cesantía" y consiste en cobrar mensualmente una asignación de 2.965,97 euros por cada año que el diputado en cuestión haya sido parlamentario, hasta llegar a un máximo de 16. Para ello, deberá apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y bienes.

En este sentido, hasta nueve políticos de PSOE, PAR y CHA se podrán acoger a esta asignación. No lo hará ninguno del PP puesto que sus diputados salientes volverán a sus anteriores puestos de trabajo o serán colocados en algunas de las instituciones públicas.

Entre los que aprobaron esta medida están dos diputados que se podrían acoger ya a ella: el expresidente de las Cortes, el socialista Francisco Pina y el exportavoz parlamentario del PAR, Javier Allué.

Varios parlamentarios han cuestionado las formas de aprobar esta iniciativa aunque no han dudado en defenderla. "Es de justicia que puedan tener una prestación de desempleo por un periodo de tiempo, que tengan un colchón para rehacer su vida laboral", aseguran algunos de ellos.

El viceconsejero de Cultura de Aragón favorece a su esposa con múltiples encargos oficiales

07:25 (25-03-2011) | La Gaceta

La historiadora del Arte acapara encargos desde que su marido es viceconsejero de Cultura. Ha organizado decenas de muestras.

Ignacio Peyró. Madrid

Recién inaugurado el polémico Museo Pablo Serrano en Zaragoza, el mundo de la cultura en Aragón vuelve a verse agitado por la controversia. Así, cuando los aragoneses apenas se han recuperado del escándalo de un proyecto museístico que sobrepasó en un 37,89% el presupuesto inicial –de 16 a 25 millones de euros–, el caso de la historiadora del arte y comisaria de exposiciones María Jesús Tudelilla Laguardia, más conocida como Chus Tudelilla en círculos artísticos, vuelve a poner a la luz supuestas irregularidades que afectan de modo directo a Eva Almunia, antigua consejera de Educación, Cultura y Deporte de la comunidad autónoma aragonesa y actual consejera de Presidencia y candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón.

La controversia radica en el supuesto trato de favor que ha recibido Chus Tudelilla, esposa del viceconsejero aragonés encargado de temas culturales y mano derecha de Almunia, Juan José Vázquez, desde que, en el año 2003, este fuera nombrado para su cargo como hombre fuerte de la cultura en Aragón. A partir de 2003, su mujer, Tudelilla, ha recibido decenas de encargos del departamento dirigido por Vázquez, y, asimismo, se ha visto favorecida con nombramientos como asesora y consejera que dependen de los departamentos dirigidos por Almunia y Vázquez.

Exposiciones

A la llegada de Vázquez a la viceconsejería, el departamento de cultura aragonés subcontrataba apenas una cuarta parte de las exposiciones que organizaba. Sin embargo, desde 2003, Tudelilla ha logrado todo un currículo con el apoyo del Gobierno de Aragón. Así, sin afán exhaustivo, la historiadora del Arte ha trabajado por extenso en cuestiones de Arte contemporáneo, ajenas en principio a su especialización primera, en número sorprendentemente alto, ejerciendo como comisaria de más de 15 exposiciones para diversas entidades públicas aragonesas, la mayor parte de ellas en relación de dependencia con la Consejería de Educación y Cultura, en la que trabaja su marido. El Gobierno aragonés también le ha comisionado al menos tres catálogos de exposiciones y le ha publicado tres libros. La mujer del viceconsejero es, asimismo, habitual como miembro de jurados oficiales y encuentros culturales sufragados por el departamento de Cultura de Aragón.

Nombramientos

Tudelilla, que no ha terminado su tesis doctoral, es también miembro del grupo de asesoramiento sobre arte contemporáneo que reporta directamente a su marido, siendo nombrada por este. Eva Almunia, por su parte, la mantiene como consejera de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Asimismo, Tudelilla ha organizado para Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas –cuyo presidente ejecutivo es su marido, Juan José Vázquez– un mínimo de ocho exposiciones temporales. Tudelilla también firma en la revista cultural Turia, coeditada por el Gobierno autonómico.

Fundaciones de un consejero de Iglesias reciben 61 millones de dinero público

DESDE EL GOBIERNO DE ARAGÓN

Un grupo de altos cargos y socialistas aragoneses ha creado un entramado que ha recibido más de 60 millones en subvenciones y contratos públicos.

2011-03-17

Libertad Digital

C.Jordá

Algunos altos cargos socialistas aragoneses figuran como los máximos responsables en los patronatos de un pequeño grupo de fundaciones que ha acaparado más de 60 millones de euros de dinero público ente subvenciones y contratos, la inmensa mayor parte de ellos entregados por el propio Gobierno de Aragón y muchos por el que fuera un cargo de confianza de Roldán.

La principal de estas instituciones es la Fundación Rey Ardid, que ha logrado algo más de 32 millones de euros, una parcela y dos pisos (los tres en la ciudad de Zaragoza), todo entregado por el Gobierno de Aragón en varios contratos plurianuales, un buen puñado de pequeñas subvenciones e importantes participaciones en los repartos de herencias gestionadas por la Comunidad Autónoma.

Como se puede ver en su propia página web, el presidente del patronato de esta fundación es Alfonso Vicente Barra, consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del gobierno de Marcelino Iglesias. El cargo en el patronato lo ocupa, de nuevo según la propia web de la Fundación Rey Ardid, "a título personal", es decir, que no es una responsabilidad institucional relacionada con su cargo en el Gobierno.

La Rey Ardid se fundó en 1991, pero hasta 1999, año en el que tras un pacto con el PAR el PSOE alcanzó en gobierno aragonés, no aparece de forma asidua en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. A partir de ahí todos los años recibe algunas subvenciones, firma varios contratos plurianuales y participa en el reparto de bienes devengados de herencias que son gestionadas por el gobierno autonómico.

Casi todos los contratos han sido concedidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a cuyo frente se encuentra desde el año 2007 Juan Carlos Castro Fernández, que fue asesor de relaciones institucionales de la Guardia Civil en la etapa del tristemente famoso Luis Roldán. Algunas informaciones periodísticas lo señalan, de hecho, como uno de los hombres de confianza más cercanos a Roldán.

Entramado de fundaciones

La fundación se dedica a proyectos sociales en diversos campos, entre ellos el cuidado de los mayores, gestionan algunas residencias de la tercera edad y también la atención a menores marginados o con problemas, por lo que también se encargan de la gestión de algunos centros de menores.

Para alguno de estos asuntos la Rey Ardid ha creado un entramado de fundaciones que se dedican a diferentes actividades y que, a su vez, reciben importantes cantidades de dinero público.

Una de las principales, al menos desde el punto de vista de los fondos del gobierno aragonés recibidos, es la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), que en sólo siete años ha logrado subvenciones y contratos por un mínimo de 8,3 millones de euros.

De hecho, en estos momentos en uno de estos centros hay un conflicto laboral importante ya que ante la amenaza de que se va a despedir a 15 de sus trabajadores los empleados han llegado a declararse en huelga e incluso han creado un blog en el que explican su situación y las movilizaciones emprendidas.

En esta página aseguran que FAIM (y através de ella la Rey Ardid) obtiene sólo en este centro unos beneficios anuales de más de 420.000 euros, pese a lo que quieren reducir un 20% su plantilla, en una decisión en la que son apoyados por Eva Almunia, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón y actual Consejera de Presidencia, tal y como se recoge en un artículo sobre la cuestión en la web ellibrepensador.com.

De hecho, en las cuentas de la Rey Ardid disponibles en su web (PDF) se admite un beneficio de más de un millón de euros en el ejercicio de 2009 y de casi un millón en 2008.

En el patronato de FAIM podemos encontrar también algunos nombres muy relacionados con el Partido Socialista: su presidente es Carlos Alegre Sero, que fue presidente de la Diputación de Zaragoza y alcalde de la localidad de Tauste.

También forma parte de este patronato Lorenzo Barón Ciprés, que fue secretario general de Comisiones Obreras en Aragón 16 años y dirigente del PCE en esta comunidad para después abanderar en la región la escisión comunista capitaneada por Santiago Carrillo que se integraría en el PSOE en 1991.

Aún hay más

Pero el entramado creado a partir de la Fundación Rey Ardid es aún más amplio: a finales de 2003 se creaba la Fundación Atención Temprana que al igual que sus hermanas ha recibido una buena cantidad de dinero público desde el gobierno aragonés: más de 20 millones de euros.

Según se desprende de su inscripción legal, esta institución está participada al 50% por la Fundación Rey Ardid y por la Federación Aragonesa de Asociaciones de Personas con Disminución Psíquica (FEAPS ARAGON).

La mayor parte del dinero recibido por esta institución se concedió en dos contratos firmados precisamente con el IASS de Juan Carlos Castro y publicados en el Boletín Oficial de Aragón el 31 de mayo de 2010.

En el primero de ellos se concedía un total de 17,26 millones de euros para programas de atención temprana en la provincia de Zaragoza; el segundo, de 2,9 millones, era para un concepto similar pero en la provincia de Teruel.

Iglesias adjudicó irregularmente un contrato de 41 millones

07:13 (15-12-2010) | La Gaceta

El servicio de ambulancias de Aragón fue otorgado por un órgano sin competencias. Se realizaron pagos sin ninguna justificación.

M. L. Alonso. Madrid

El informe del Tribunal de Cuentas revela innumerables anomalías contables cometidas por el Gobierno presidido por el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias. Una de las más llamativas, que según el órgano fiscalizador ya ha hecho llegar a la Fiscalía para su estudio, es la que se refiere a la adjudicación de la gestión del servicio público de transporte sanitario urgente de pacientes de Aragón.

Según consta en el informe del Tribunal, el director de la gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 de Aragón contrató “sin tener competencias para ello” el servicio de ambulancias en 2004. A pesar de ello, el Gobierno regional del socialista Marcelino Iglesias decidió dar el visto bueno a esa contratación y “se aprobó el gasto sin la previa fiscalización del mismo por la Intervención General, como hubiera sido preceptivo por su cuantía”, según advierte el Tribunal de Cuentas.

Así las cosas, después de que se adjudicara irregularmente –pues quien dio la concesión no tenía poder para hacerlo–, el Gobierno autonómico aprobó el gasto millonario mediante un acuerdo firmado por la reunión del Ejecutivo el 11 de mayo de 2004. Finalmente, el contrato se formalizó con un precio de 41.030.400 euros y un plazo de ejecución del servicio de cuatro años. Sólo siete meses después, el 16 de diciembre de 2004, el Gobierno de Iglesias decidió romper ese pacto de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias.

Esa decisión supuso el pago de 750.000 euros a la compañía y ningún beneficio para los usuarios aragoneses. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico tomó una decisión a través de un procedimiento erróneo, a los pocos meses dio marcha atrás y encima su ineficacia costó dinero a los contribuyentes aragoneses. Para romper ese acuerdo, el Ejecutivo de Iglesias apeló al aumento del precio del combustible y los costes salariales, pero, según asegura el Tribunal de Cuentas, no existe ninguna documentación que sustente esa decisión.

Sentencia

Pero la polémica por las adjudicaciones del servicio de ambulancias en Aragón no se queda ahí. Después de romper ese contrato millonario, el Ejecutivo socialista abrió otro proceso de concesión por más de 45 millones de euros. En este caso, según el Tribunal de Cuentas se realizaron pagos al nuevo adjudicatario durante el año 2005 “sin certificación sobre la integridad de su contenido”. “No se describen” los conceptos de los pagos y en algunas facturas, incluso, la única referencia existente es la palabra “pedido”, “sin mayor explicación”, afirma el órgano fiscalizador.

Además de esta denuncia del Tribunal de Cuentas, sobre esa concesión pesa una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El tribunal autonómico emitió un fallo contra el nuevo contrato de ambulancias en 2009, por el que se anuló la nueva adjudicación de la gestión del servicio público de transporte sanitario realizada en 2005. De este modo, de nuevo, otra empresa debía ser indemnizada por una mala decisión del Ejecutivo del actual secretario de Organización del PSOE.

Da la casualidad de que, además, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anulara esa concesión de 2005, este año el Gobierno autonómico ha otorgado de nuevo esa concesión a la misma empresa, Ambuibérica. La nueva concesión fue publicada el pasado 16 de noviembre en el Boletín Oficial de Aragón a pesar de que una sentencia anuló una concesión anterior basándose en que la adjudicación había sido irregular.
Según el TSJ autonómico, el Gobierno de Marcelino Iglesias modificó las condiciones de la adjudicación en mitad del proceso y, además, a pesar de que no cumplía con las características del concurso público, la empresa Ambuibérica recibió la máxima puntuación y, por tanto, la concesión.