Los policías nacionales que presuntamente investigaron al vicepresidente de Madrid, Ignacio González, han declarado ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía que la orden de hacerlo partió de Madrid. Y ni más ni menos que del máximo responsable policial del cuerpo: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, hoy fallecido y uno de los hombres de confianza del ex ministro del Interior Antonio Camacho.Las investigaciones policiales sobre el uso de un dúplex de lujo por parte de Ignacio González las llevaron a cabo agentes de la Comisaría de Marbella. Es allí donde se puso en marcha una maquinaria policial que el ministro del Interior, Jorge Fernández, definió el martes en sede parlamentaria como «ilegal».
Tras las revelaciones de EL MUNDO que aseguraban que la Policía había investigado a González, el Ministerio del Interior dio la orden de revisar todos los archivos para buscar desde dónde se le había investigado y por orden de quién. Inicialmente no se localizó absolutamente nada, porque nada figuraba en los archivos policiales. La Policía llegó a emitir una nota oficial en la que aseguraba que no había ninguna investigación sobre González.
Cuando se inició la investigación extrajudicial, entre julio y agosto del pasado año, al frente del Ministerio del Interior estaba el que fuera mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho. El director de la Policía y de la Guardia Civil era Francisco Javier Velázquez.
La convicción de los investigadores es que los autores de las pesquisas en ningún momento actuaron motu proprio, sino siguiendo órdenes: «Nadie en la Policía llevaría una investigación extrajudicial sobre un alto cargo de la Administración, aunque sea autonómica, si no es con un importante respaldo policial y político», señalaron fuentes policiales.
Los presuntos autores de este seguimiento han prestado ya declaración en la Unidad de Asuntos Internos. Y han admitido haber realizado esas pesquisas. Acto seguido, han aclarado que las realizaron siguiendo instrucciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que dirigía Miguel Ángel Fernández Chico. Algunas fuentes apuntan como probable que traten de descargar la responsabilidad de las pesquisas en Fernández Chico porque falleció recientemente, y así poner un dique en las posibles responsabilidades políticas.
Pero los investigadores se han encontrado una sorpresa añadida. Los agentes fueron interrogados sobre si los datos publicados por EL MUNDO se correspondían con los recogidos en los informes elaborados en Marbella. Uno de los máximos responsables declaró que, efectivamente, esos datos correspondían con sus pesquisas. Pero este mando de Marbella aseguró a sus compañeros desplazados desde Madrid que había desaparecido documentación de su despacho y que entre esa documentación se encontraban los informes sobre González. La sorpresa de los agentes de Asuntos Internos fue tremenda y su gesto de incredulidad, también. El mando de Marbella tuvo que denunciar por conducto interno esa presunta desaparición, ya que se encontraban en dependencias policiales.
El ministro aseguró que las pesquisas sobre la autoría de la investigación están aún por cerrar y que en su próxima comparecencia en el Senado aportará los detalles. Algunas fuentes apuntan que Interior, a la par que acudirá a explicarse, remitirá una copia de su informe a la Fiscalía General del Estado por si el Ministerio Público entiende que existe algún comportamiento delictivo por parte de los autores de la investigación.
Ayer, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) aseguró que la investigación «no fue ilegal». Según el SUP, «es una práctica policial habitual que, cuando llega alguna noticia o información sobre presuntas actuaciones ilícitas de cualquier ciudadano, si se considera que la fuente es digna de crédito, se pueden realizar actuaciones indagatorias previas si no afectan a derechos fundamentales como interceptar comunicaciones o datos bancarios».
Restituyen en su cargo al inspector jefe acusado de robar droga
La Dirección General de la Policía ha devuelto su cargo, dos años después, al jefe de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla. Fue apartado tras ser acusado de participar -y encubrir, después- en el robo de más de 150 kilos de heroína y cocaína de los sótanos de la Jefatura Superior.
Desde el miércoles, el inspector jefe Francisco T. P. es, de nuevo, máximo responsable de la Udyco por decisión del Ministerio del Interior, después de que dos sentencias hayan despejado cualquier duda sobre su vinculación con el mayor escándalo de corrupción policial conocido en Sevilla, por el que permanece en prisión un ex agente que estuvo a su cargo, Lars Sepúlveda, un socio de éste y, además, están imputadas las parejas de ambos.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental confirmaron a este periódico que Francisco T. P. ha regresado al despacho que le obligaron a abandonar en noviembre de 2009 y que ejerce, a todos los efectos, como jefe de la Udyco, un puesto en el que se han sucedido, tras su destitución, dos oficiales. El primero de ellos también ha sido apartado por motivos disciplinarios.
Este inspector jefe no fue el único oficial de la Jefatura de Sevilla al que acusaron los investigadores de Asuntos Internos. Dos jefes de grupo que dependían de él fueron también imputados y, como el jefe de la Udyco, exonerados luego por los tribunales.
La restitución en el cargo ha sido acogida con satisfacción por Francisco T. P., según fuentes de su entorno, que explicaron que la decisión de la Dirección General de la Policía era esperada desde que se conocieron los dos fallos que absolvieron al inspector jefe de cualquier implicación en el robo de la droga. Además, el propio jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez Durán, comunicó personalmente al afectado su interés por reparar el daño que el asunto le ha causado en estos años.
Lo primero, bien por el jefe de la udyco.
ResponderEliminarY para los del la kgb en el tema del espionaje, pues ahora la culpa al muerto, buena táctica, quien sabe, si no se a ído envenenado por tanta práctica corrupta. Pero queda el director de la Policía y el Ministro, que seguro ellos son los que de verdad dieron las órdenes.