Se suman a la estrategia de convertir la derrota de la banda en victoria política
Los nuevos portavoces de los presos de ETA se suman a la estrategia de la izquierda abertzale de convertir la derrota de la banda en una victoria política. Refuerzan la tesis de que lo que denominan el inmovilismo del Gobierno, en todos los sentidos, será castigado con el incremento del respaldo a su opción política.Los etarras se muestran dispuestos a esperar a la concesión de la amnistía porque consideran que antes han de resolverse las cuestiones políticas, pero, mientras, exigen que se tomen medidas escalonadas, «que desbloqueen las situaciones más graves, ya». Reconocen el trabajo hecho por la izquierda abertzale, no piden la disolución de la banda y realizan una advertencia que puede tener diversas lecturas una vez anunciado el cese definitivo: «Siendo el objetivo la autodeterminación y la amnistía, los temas que habrá que afrontar para resolver el conflicto están claramente definidos y son las raíces del conflicto, y las consecuencias del conflicto». Es decir, las aspiraciones políticas y solucionar la situación de los reclusos y los huidos.
Los nuevos portavoces del autodenominado colectivo de presos asegura que «para responder a los nuevos tiempos y situaciones», han sentido la necesidad de «renovar a los miembros que serán la voz del colectivo». Con este fin han elegido a Xabier Alegria, Lorentxa Guimon, Soledad Iparaguirre, Jon Olarra, Anabel Egues y Mikel Albisu. Todos ellos, excepto Alegria y Guimon, han tenido responsabilidades en las más altas estructuras de ETA y sobre ellos pesa la muerte de casi una veintena de personas. Hasta hace poco, la mayoría estaba en contra de dejar las armas, ahora aseguran haber evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos, aunque, naturalmente, sin asumir la gravedad de sus delitos ni renunciar a su voz como agentes políticos que, según ellos, están en prisión precisamente por haber hecho política. «Nos tienen cautivos en la cárcel por nuestro compromiso político», sostienen, «y en consecuencia reivindicamos el derecho a participar en la realidad de nuestro pueblo como colectivo. Por eso reclamamos el estatus político».
Así pues, una vez se han visto obligados a cambiar, lo que pretenden es rentabilizar su situación. Ayudando, por una parte, a la izquierda abertzale en su estrategia de reforzarse social y políticamente -aseguran que «los mandatarios españoles, con su actitud, lo único que están logrando es dificultar y debilitar su posición»-, y cuentan para ello con las manifestaciones a favor de su acercamiento - «el pueblo nos sacará», dicen-. Y, por otra parte, intentando plantear situaciones que pueden ser ventajosas para ellos como si fuera un favor que le hacen al Estado. Esto es, pidiendo los acercamientos, la salida de los presos enfermos y la de quienes han cumplido las tres cuartas partes de la condena, lo que han hecho, según dicen, es «tender la mano a los estados, que no han querido cogerla».
Recientemente, se ha sabido que los presos de ETA estaban discutiendo si cumplir los requisitos que la ley les exige para salir de prisión una vez han cumplido las tres cuartas partes, requisitos como enviar una carta individual, mostrando su evolución. Podría verse como un gesto de debilidad de la banda que antes no permitía estas salidas. Sin embargo, también es un modo de generarle un problema al Estado que teóricamente tendría que sacar de un tirón a decenas de presos. No obstante, hasta los portavoces reconocen que, de tomarse dicha iniciativa, se trataría de una solución concertada. «Por lo que respecta al EPPK no hay salidas individuales; cuando un preso sale, sólo sale siendo también un componente de un colectivo... la solución será colectiva o no será», aclaran.
Aseguran que los reclusos no están ansiosos y han recibido con optimismo el «nuevo tiempo». Y constatan un cambio: «En los anteriores procesos de negociación, los gobiernos ponían el tema de los presos sobre la mesa para no afrontar las raíces del conflicto político. Ahora está ocurriendo lo contrario: obstaculizando el tema de los presos están intentando ponerle freno al proceso. Castigándonos, les gustaría, a ser posible, hacer descarrilar el proceso».
Dicho esto, y realizada la oferta de diálogo al Gobierno, «extienden» su «reconocimiento a ETA en los pasos que pueda dar en el espacio que corresponde a su carril sobre presos y excarcelaciones».
Bildu lleva la autodeterminación a un festival de cine donostiarra
Incluye el 'derecho a decidir' de Euskadi en los derechos humanos
Las películas y documentales que exhibirá la décima edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián tratarán la libertad de expresión, la represión sexual en Irán, los abusos sexuales a niños, las leyes de asilo, el control migratorio... y «Euskal Herria y el derecho a decidir». En el certamen, que discurrirá entre los días 20 y 27 de abril por primera vez bajo el impulso del Ayuntamiento en manos de Bildu, no tienen cabida historias sobre la barbarie generada por ETA, pero sí un documental que, encuadrado bajo esta categoría de nueva creación, presenta «el conflicto vasco de manera innovadora», en defensa del derecho de autodeterminación.
El director de la pieza es Jon Maia, bertsolari comprometido con la causa de la izquierda abertzale y los presos de ETA. En enero, el alcalde, Juan Karlos Izagirre, quiso colocarle como asesor para el desarrollo territorial de la Capitalidad Cultural heredada del mandato del socialista Odón Elorza, pero su nombramiento fue frustrado por el Gobierno de Patxi López, que consideró demasiado acusado su perfil político.
El documental se llama Gatza Zati Bat - A piece of cheese (Un pedazo de queso) y cuenta con el histórico dirigente abertzale Rufi Etxeberria, el abogado seleccionado por ETA Brian Currin y el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz. La historia arranca en Idiazábal, el pequeño pueblo guipuzcoano famoso por su queso, y se inspira en la plataforma Nazioen Mundua (el mundo de las naciones), surgida de un grupo de aficionados a los deportes rurales vascos y habitual en las reivindicaciones a favor de la selección vasca y «el derecho a decidir».
«En una sociedad separada por la violencia durante las últimas décadas y en un contexto de confrontaciones políticas», indica la promoción del Festival, «los habitantes de este pueblo emprenden una misión imposible: poder elegir qué ser en el mundo».
Según explica la sinopsis, los protagonistas de la localidad viajan a Escocia, donde comprenden «el problema de identidad de los pueblos», por lo que toman el país como modelo y el deporte rural como puente entre ambas «naciones». Prima el enfoque «humano», porque mientras se grabó la cinta, los personajes del pueblo asistieron a dos acontecimientos históricos: el partido independentista SNP alcanzó la mayoría absoluta en Escocia y ETA anunció el «cese definitivo» del terror.
Izagirre presentó el festival y afirmó que los vascos viven «tiempos esperanzadores», pero que «en Euskal Herria se siguen conculcando derechos humanos». Insistió en que no se pueden «hacer estratos», en alusión a que la memoria de las víctimas del terrorismo solape a las que la izquierda abertzale considera víctimas de los estados español y francés.
Los 'ertzainas' critican que Ares no haya frenado los ataques al cuerpo
Varios sindicatos dudan de que se pueda cambiar el material antidisturbios para 2013
Los sindicatos de la Ertzaintza transmitieron ayer al consejero de Interior, Rodolfo Ares, en una reunión extraordinaria, su malestar por la imagen del cuerpo que se ha trasladado a la opinión pública después de que las conclusiones preliminares de la autopsia confirmaran que Íñigo Cabacas falleció como consecuencia de un pelotazo tras la carga policial de la pasada semana en el callejón de María Díaz de Haro de Bilbao.
El suceso ha abierto un debate social sobre la contundencia con la que se emplea la policía vasca y los representantes de los ertzainas consideran que Ares no ha hecho lo suficiente para frenar los ataques.
«La actuación es desgraciada pero correcta y la gente se siente abandonada porque no ha visto un apoyo directo», manifestó al término de la reunión Roberto Seijo, portavoz de ERNE, sindicato mayoritario. «Se ha dejado a la altura del barro al personal de las comisarías [por acusarles de no tener experiencia en el manejo de escopetas de pelotas de goma]», se quejó SIPE.
ESAN también su sumó a las críticas: «Ares no ha sabido contrarrestar el deterioro de la imagen pública de la Ertzaintza y de los ertzainas». «Nos preocupa esa necesidad, que algunos responsables policiales no pueden ocultar, de encontrar un culpable al que sacrificar», abundó CCOO, que no acudió a la cita en señal de protesta, en un comunicado.
Los sindicatos se quejaron de los modos «inquisitoriales» con los que se está llevando a cabo la investigación interna tras el pelotazo. Hasta el momento, ya hay 24 ertzainas expedientados, todos los que se desplazaron hasta el callejón para disolver una pelea que se saldó con cuatro detenidos y dos heridos. Ares insistió en su intención de llegar hasta el final «caiga quien caiga». «Por el bien de la Ertzaintza, que se aclare todo», repiten desde Interior.
La muerte de Cabacas tendrá como consecuencia que se limite al máximo el uso de las pelotas de goma por ser peligrosas. Desde 2013, ninguna unidad de Seguridad Ciudadana como la que actuó en el callejón podrá dispararlas. Quienes sí podrán hacerlo, los especialistas antidisturbios de la Brigada Móvil y la Brigada de Refuerzo, sólo las emplearán «en ocasiones excepcionales». Ares adquirió el compromiso de comprar nuevo material menos lesivo y de que los agentes estén formados en el manejo del nuevo equipamiento el 1 de enero de 2013.
ESAN, SIPE y CCOO opinan que «no hay tiempo material» para que todo esté listo de aquí a finales de año. Interior, en cambio, confía incluso en que el cambio pueda ser una realidad en otoño.
Absuelto por falta de pruebas un condenado por la Audiencia por atentar contra el AVE vasco
Los agentes que le tomaron la única declaración autoincriminatoria no fueron al juicio
La Sala Penal del Supremo ha absuelto de tenencia de explosivos y provocación de daños terroristas a Asier Badiola Lasarte, al que la Audiencia Nacional impuso el pasado septiembre ocho años de cárcel basándose en una declaración policial en la que el joven reconoció haber participado en la colocación de dos artefactos explosivos contra las obras del tren de alta velocidad vasco (AVE).
La Sala no ha acogido la pretensión del fiscal Luis Navajas, que en la vista del recurso de casación pidió la confirmación de la condena. El Alto Tribunal subraya que Badiola admitió los hechos en una declaración ante la Ertzaintza tras ser detenido, pero se retractó cuando compareció ante el juez de instrucción y en el juicio oral.
La Audiencia Nacional, en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Julio de Diego, «valoró como prueba de cargo la declaración del recurrente [Asier Badiola] en el atestado, cuando ésta, como es sabido, sólo tiene el valor de denuncia», subraya el Supremo, que añade que la declaración policial del acusado tampoco fue introducida correctamente en el juicio porque los ertzainas ante los que se inculpó no acudieron a la vista oral.
A diferencia de lo que ocurre en el caso de Ibon Iparraguirre Burgoa, cuya condena a ocho años de cárcel por los mismos hechos sí se ha confirmado por el Supremo, en el caso de Badiola no se encontraron elementos corroboradores de su participación. En un registro en el domicilio de Iparraguirre se hallaron armas y cinco temporizadores similares a los utilizados para los atentados contra la construcción del AVE. Pero el registro en casa de Badiola resultó negativo.
De esta forma, el Supremo, en una sentencia con ponencia de Juan Ramón Berdugo, señala que «es claro el vacío probatorio en relación a la condena de Asier Badiola», que es absuelto por «no existir prueba de cargo válida suficiente para enervar la presunción de inocencia».
Los hechos juzgados ocurrieron a las 2,30 horas del 12 de mayo de 2008, cuando en el marco del plan de ETA de boicotear la construcción del tren de alta velocidad explosionaron dos artefactos de 1,5 kilogramos de amonal cada uno colocados en sendas excavadoras propiedad de una de las empresas concesionarias de las obras del AVE vasco.
Además de los desperfectos causados en la maquinaria, que se encontraba estacionada en una zona de obras en el municipio de Hernani, la explosión afectó a un taller y a un caserío cercanos. Los daños fueron estimados en 127.581 euros.
Ibon Iparraguire fue el encargado de reivindicar el atentado en nombre de ETA mediante una llamada a la DYA.
Dos condenados por enaltecer a un etarra en su instituto
Dos menores de Santurce (Vizcaya) han aceptado cumplir 10 horas de servicios a la comunidad por colgar en la verja de su instituto un cartel en homenaje a un etarra del comando Vizcaya fallecido en Cabo Verde.
A cambio de que reconocieran los hechos, la fiscal de Menores Blanca Rodríguez rebajó su petición inicial de 40 horas de prestación por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Los hechos tuvieron lugar el 22 de enero de 2010, cuando una patrulla de la Policía Local que pasaba junto al instituto Axular vio a A. S. y E. J. colocando en la valla del centro un gran cartel con un dibujo de Endika Iztueta Barandik. El etarra había fallecido dos años antes en Cabo Verde apaleado por unos atracadores.
Junto al rostro del etarra se leía, en vasco, Por el derecho a vivir en libertad en el País Vasco te recordamos, acompañado de la expresión habitual de homenaje a etarras «Agur eta hohore [adiós y honor]». También aparecían en el cartel los símbolos de la ilegalizada Gestoras pro Amnistía y del sindicato abertzale de estudiantes al que pertenecían los menores.
En el instituto también aparecieron fotos de etarras y llamamientos a concentraciones en el patio a favor de los presos etarras, pero finalmente sólo se les imputó la colocación del mural principal del etarra Endika Iztueta.
Los menores se libraron por poco de una acusación de prisión, ya que ese mismo año 2010 cumplían los 18 años, a partir de los cuales no se aplica la Ley del Menor sino el Código Penal, que castiga el delito de enaltecimiento del terrorismo con entre uno y dos años de prisión.
El fallo que impone las 10 horas de prestación en beneficio de la comunidad fue adelantado el jueves por el juez Central de Menores, José Luis de Castro, nada más concluir la vista. El encargado de concretar a qué actividad dedicarán esas horas
será el Gobierno vasco.
Algunas perlas de los malnacidos y sus afines.
ResponderEliminarSiguen con su tema de los presos y todo lleva a lo mismo, haber que hace el pp con estos malnacidos.