«Protestan porque pierden su capacidad de influencia»

El Mundo

Cospedal sobre los sindicatos: «Nadie entiende que hayan callado siete años»



La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó ayer a los sindicatos por anunciar manifestaciones para protestar por la nueva reforma laboral y les acusó de movilizarse porque, con la norma que entra en vigor, «pierden su capacidad de influencia» en las empresas.

En un acto organizado por Nuevas Generaciones (NNGG) de Castilla-La Mancha, la también presidenta regional apeló a la responsabilidad de los sindicatos como agentes sociales y afirmó que «nadie entiende que hayan estado callados durante siete años» en los que ha subido el paro hasta los cinco millones de desempleados en España y «ahora protesten porque sean los empresarios y sus trabajadores los que puedan decidir cómo salvar su futuro».

A su juicio, si no fuera porque la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros les resta «su capacidad de influencia» en las empresas, los sindicatos no se opondrían a la reforma del mercado laboral, pues «nadie entiende que digan que no a deducciones de más de 3.000 euros a los empresarios que contratan a menores de 30 años», informa Efe. Tampoco se entiende, dijo Cospedal, que los sindicatos se nieguen a que las agencias privadas de colocación puedan competir para tratar de dar empleo y se cuestionó: «¿Qué es lo importante, quién da el empleo o que los parados de España tengan empleo?».

«No hay nadie con sentido común que piense que en España no hacía falta una reforma laboral», aseveró la secretaria general de los populares tras recordar las cifras de desempleados y el millón y medio de licenciados que está sin trabajo.

Respaldando a su secretaria general salió ayer Javier Arenas, presidente del PP andaluz, quien apuntó que la reforma -que entró en vigor ayer- «no supone ningún recorte social» y sí «puede favorecer la empleabilidad y darle una oportunidad de futuro a muchos jóvenes y mujeres en Andalucía y España».

Desde CiU, su líder en el Parlament, Oriol Pujol, reprochó a los sindicatos y a los partidos que se oponen a la reforma laboral su «espíritu excesivamente conservador e inmovilista». En declaraciones a los periodistas en Balsareny (Barcelona), cuestionó si los que rechazan la reforma se conforman con los niveles de paro que arrastra Cataluña, y les emplazó a presentar su «medicina y su receta» contra el desempleo.

En sentido contrario, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, aseveró que el cambio supone «una demolición de los derechos de los trabajadores» ya que, a su juicio, «fomenta el despido en lugar de la contratación».

De todo lo que conlleva el nuevo rumbo laboral hablará hoy con sindicatos y empresarios la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien dará cuenta con «todo detalle» de la normativa. Por la mañana se verá con los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y los presidentes de las patronales CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Jesús Terciado, en la sede del Ministerio. Por la tarde, llegará el turno de las principales organizaciones de trabajadores autónomos.

Los sindicatos acuden a la reunión con la esperanza de que se abra la vía a una negociación que permita corregir en el Congreso de los Diputados una normativa que han criticado con dureza este fin de semana y que consideran inútil para acabar con el desempleo.

Para los líderes sindicales la convocatoria o no de una huelga general dependerá, además de la respuesta de la ciudadanía, de los cambios que se puedan introducir durante la tramitación parlamentaria de una reforma que, aunque aprobada por real decreto-ley, va a ser debatida como proyecto de ley. Y la intención de Báñez, que ha apelado a la «responsabilidad» y el «compromiso» de los sindicatos en un momento «delicado», parece ser la de contar con ellos «para mejorar el texto».

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

13/02/2012 ESPAÑA

El pulso de la izquierda

La reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros supone el cambio más importante en la legislación sobre la materia que se ha producido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980.

La reforma Rajoy implica un cambio de filosofía respecto a las normas que regían hasta ahora las relaciones laborales. Se pasa de un criterio proteccionista del trabajador frente al empresario a otro que prima la supervivencia de la empresa como elemento básico para garantizar el empleo.

A la vez que rompe esa visión proteccionista, limita el poder de los sindicatos. Los convenios de sector o provinciales, ámbito en el que las centrales asientan su influencia, dejan de tener prioridad frente a los acuerdos de empresa. Dado que más del 90% del tejido productivo en España lo componen pequeñas y medianas empresas, que es donde los sindicatos tienen menos arraigo, lo normal es que UGT y CCOO pierdan capacidad para representar al conjunto de los trabajadores. Si a esto unimos que la reforma contempla la liberalización de los cursos de formación (a los que se destinan 7.000 millones al año de dinero público), al recorte en su influencia se suma el mazazo a su financiación.

Esos dos elementos (pérdida de poder y de dinero) hacen que la reforma sea percibida por los sindicatos como un ataque de la derecha, que, en su opinión «representa los intereses de la patronal», a los representantes legítimos de los trabajadores.

La reforma Rajoy es una apuesta a medio y largo plazo por la estabilidad en el empleo. Pero es cierto que, a corto plazo, puede suponer un aumento del paro en la medida en que hace más barato el despido a las empresas con dificultades. Que nadie se llame a engaño: el desempleo seguirá en aumento en los próximos meses. Sin embargo, también es cierto que sólo de esa forma (garantizando la supervivencia de miles de empresas) se puede pensar en una recuperación de puestos de trabajo una vez que la economía comience a recuperarse.

A muchos ciudadanos les pareció deprimente la primera intervención del presidente MarianoRajoy en el Congreso de los Diputados porque en ella auguró más paro en 2012. Sin embargo, es mejor que el presidente diga la verdad a que recurra a engaños como el de los brotes verdes de Elena Salgado.

En unas pocas semanas, el Gobierno ha aprobado un paquete de recortes y subida de impuestos (con un impacto presupuestario de 15.000 millones de euros); ha puesto en marcha una reforma financiera (que obliga a provisionar 50.000 millones por las pérdidas de valor de los activos inmobiliarios), y ha dado un vuelco total a las relaciones laborales en España. Por el momento, la respuesta de los mercados a la política del Gobierno está siendo positiva: la deuda se coloca mejor y a un precio más bajo. A ello ayuda, es cierto, la inyección de liquidez del BCE. Pero nadie compraría deuda española si no hubiera seguridad de que habrá capacidad para devolverla.

El ahorro financiero hará que el recorte suplementario que se aplicará en el presupuesto de 2012 sea menor.

Sin embargo, la evolución de la economía durante los próximos meses será muy negativa. El Gobierno espera que el primer trimestre se cierre con una caída del PIB del 0,5%. En realidad, no se espera la salida de la recesión, que comenzó en el último trimestre de 2011, hasta el último trimestre de este año. Por lo tanto, los efectos de la reforma laboral no se notarán en el empleo hasta comienzos de 2013.

Los sindicatos y la izquierda lo saben. Son conscientes de que las cifras de desempleo seguirán aumentando y que tal vez se llegue en otoño a los seis millones de parados. Ese será el argumento perfecto para demonizar la reforma y movilizar a los trabajadores contra el Gobierno.

El sábado, los líderes de UGT y CCOO, Méndez y Toxo, dijeron que ésta es la «reforma del despido libre». Anunciaron manifestaciones en toda España para el próximo domingo y dijeron que Rajoy ha actuado como si España fuera ya un país intervenido.

El coordinador de IU, Cayo Lara, llamó a los trabajadores a ocupar las calles en protesta por el «ataque del Gobierno a los derechos laborales. Por su parte, el secretario general del PSOE anunció que su partido votaría en contra del decreto y auguró que «con la reforma habrá más paro».

Rajoy no exageraba cuando, sorprendido en una conversación con líderes de la UE, auguró que la reforma provocaría una huelga general.

Para los sindicatos, frenar la reforma es una cuestión casi de supervivencia. O bien cambian de modelo, o hacen retroceder al Gobierno, o pueden quedar reducidos a organizaciones residuales. La situación recuerda un poco a lo que sucedió a principios de los 80 en Reino Unido cuando las poderosas Trade Union se enfrentaron al Gobierno de Margaret Thatcher. Aquel pulso lo perdieron los sindicatos. Y todavía no se han recuperado de su derrota.

La coalición IU, crecida tras los resultados del 20-N y gran beneficiaria de las movilizaciones del 15-M, ve con la reforma la puerta abierta a protagonizar la rebelión contra el Gobierno en el Parlamento y en la calle. Cayo Lara no va a dejar pasar la oportunidad de convertirse en un referente para la izquierda social.

Ahora bien, ¿qué hará el PSOE? Eso es lo más preocupante de la situación política actual. La debilidad de los socialistas, su humillante derrota, y el decepcionante resultado del 38º Congreso, que acabó eligiendo como líder al protagonista de la derrota, introduce un elemento de inestabilidad desconocido hasta ahora.

Rubalcaba puede tener la tentación de querer liderar un gran frente sindical y político contra el Gobierno de Rajoy. Si lo hace, el PSOE perderá la centralidad y muchos de sus votantes se desmovilizarán o virarán hacia el PP. El gran beneficiario de esa pinza anti-Rajoy sería IU.

Esperemos que el líder del PSOE cumpla lo que dijo en la reunión con su grupo parlamentario y oriente a su partido hacia una oposición útil y constructiva, en lugar de alentar una huelga general que ya se atisba en el horizonte.

Nos esperan meses muy difíciles, pero hay motivos para la esperanza: hasta ahora, al Gobierno no le ha temblado el pulso. Veremos si aguanta la ofensiva de la izquierda.