Las acusaciones populares amplían la querella contra Manzano por el 11-M

• Manos Limpias cree que el archivo “deja el caso abierto”

  17 FEB 2012 | Javier Sedano y Luis Rivas/La gaceta
  

  La juez Cillán solicitó escolta por el acoso de la extrema izquierda.

• “La juez Coro Cillán llegó a estar muy preocupada, incluso llegó a solicitar escoltas por las presiones recibidas desde la extrema izquierda”. Jesús Martín Vázquez, abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, relata el calvario de la magistrada que investiga, y por ello padece, el 11-M. “Sí, es cierto que Coro ha tenido presiones de todo tipo”, responde el letrado a preguntas de LA GACETA. “Han sido evidentes. Esto es muy claro. (El diario) El País nunca ha publicado las irregularidades señaladas por los Tedax contra la figura de (Juan Jesús) Sánchez Manzano (ex comisario de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ) y en cambio sí ha publicado todo tipo de desacreditaciones y ataques contra ella. El País no se ha hecho eco en ningún momento de las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid”, agrega, reprimiéndose al ser inquirido sobre la presunta participación de Alfredo Pérez Rubalcaba en el acoso a la juez. “El Sindicato Unificado de Policía (que implicó al secretario general del PSOE en las maniobras para apartar a Cillán del 11-M) tendrá que demostrarlo, porque es un asunto muy grave”, sentencia. De acuerdo con dicha acusación, el Sindicato Profesional de Policía, al que pertenece Sánchez Manzano, se preciaba de haber recibido “instrucciones” de Rubalcaba para recusar a la magistrada.

  TemoresLa denuncia de Martín Vázquez confirma de viva voz el miedo de un sector de la izquierda a que la magistrada Coro Cillán prosiga sus investigaciones sobre la actuación de determinados agentes tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Y, pese a que la pasada semana la Audiencia Provincial de Madrid archivó la querella contra Sánchez Manzano por encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos, las acusaciones populares aseguran a este diario que seguirán adelante.

  Por una parte, Manos Limpias considera que el archivo “no afecta” a su querella contra el ex jefe de los Tedax, puesto que, según José Luis Abascal, abogado del sindicato, “cuando se recurrió la decisión de Cillán (de aceptar la demanda), Manos Limpias ni siquiera se había personado en la causa”. “De hecho, a principios de enero la defensa de Sánchez Manzano presentó un recurso en el juzgado y posteriormente en la Audiencia Provincial contra nuestra asociación y contra nuestra querella. Y este recurso, lógicamente, aún no está resuelto”, añade el letrado al argumento de que su demanda es ajena al archivo de la de terceras acusaciones.

  Precisamente, otra de las partes personadas contra Sánchez Manzano es la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Martín Vázquez especifica que el auto de archivo dictado la semana pasada hace referencia a los presuntos delitos que se atribuyen al ex comisario de los Tedax en referencia al encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, pero no al tercero recogido en la causa contra su persona, el de falso testimonio. Por ello, consideran que “el auto deja el caso abierto”.

  En una de estas vías paralelas pero siempre adelante, Manos Limpias ha presentado una ampliación de su querella criminal contra Sánchez Manzano, que se dirige asimismo contra Miguel Corsini, presidente de Renfe; José Luis Marroquín, director del departamento jurídico de la empresa ferroviaria; Abelardo Carrillo, director general de Servicios de Transporte de Alta Velocidad y Grandes Líneas de Renfe Operador; Manuel Rodríguez Simmons, director general de la empresa de explosivos Maxam Europa; y Arístides Álvarez Velasco, director general de Maxam Latinoamérica, por presuntos “delitos de daños, encubrimiento y asociación ilícita”. “El comportamiento de Corsini, Marroquín, Carrillo y Rodríguez Simmons”, concreta más adelante, “encaja exactamente en el tipo de Encubrimiento del artículo 451 del Código Penal”.

  La demanda, presentada ante Coro Cillán en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid, “al que tengo el honor de dirigirme y que con tanta valentía ha emprendido esta verdadera investigación”, según el texto al que ha tenido acceso LA GACETA, especifica que “de la práctica de dichas pruebas se ha tenido conocimiento de nuevos datos que han revertido en la aclaración de los hechos narrados en nuestra querella principal”.

  Nuevas pruebasAsí, se cita por ejemplo que “las partes del procedimiento han conocido por los testimonios depuestos que Renfe destruyó los vagones explotados en los atentados del 11 de marzo sin la preceptiva resolución judicial que autorizara dicha destrucción y posterior desguace”. Alude para sustentar dicha tesis a la declaración prestada el 6 de febrero de 2012 por el presidente de Renfe, Miguel Corsini, a quien el sindicato ha incluido como acusado en su ampliación de querella. “El motivo de este escrito es que, de acuerdo con las pruebas practicadas, existen otros responsables penalmente”, señala el propio Abascal. “A juicio de esta representación no es verosímil ni admisible que el presidente de Renfe retire los trenes y los mande destruir sin saber quién le autorizó”, abunda el escrito.

  “En el caso de los atentados más graves ocurridos en España y Europa, con casi 200 muertos sobre los andenes, miles de heridos, las estaciones destrozadas y los vagones de los trenes atacados reventados, el Sr. Corsini, con una dilatadísima experiencia en Renfe y en percances mucho menores que el ocurrido el 11 de marzo de 2004 en los que actuó de distinta manera, decidió retirar los trenes de las vías, destruirlos y conducirlos al desguace sin autorización judicial alguna”, prosigue, para culminar en una rotunda apreciación: “Y declara sobre su comportamiento durante aquellos terribles momentos con un distanciamiento y una displicencia que hiela la sangre a quien le pueda escuchar”. A su juicio, “la destrucción de los vagones realizada por Renfe es la destrucción del cuerpo del delito que viene descrita en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

  Delito pendienteLa estrategia de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que según Martín Vázquez “va a recurrir sí o sí”, se cimenta en una interpretación diferente del auto de archivo. “Nuestro recurso se centra en que uno de los delitos no estaba reseñado en la denuncia que interpuso Alternativa Española en 2009 y que fue archivada por la Audiencia Nacional (decisión adoptada como precedente) y, por lo tanto, no puede ser ‘cosa Juzgada’. Este delito es el de falso testimonio, que sí apareció reflejado en la querella que ante el juzgado de Coro Cillán presentó con posterioridad la Asociación de Víctimas del 11-M”, explica el abogado, que reconoce que el recurso lo presentarán “el viernes (hoy, para el lector) o el próximo lunes”, ya que “la Asociación de Víctimas del 11-M nos ha pedido ayuda y se la vamos a dar”.