Garzón, el asesor 'non grato' de la reforma judicial
A la difícil situación que se le plantea a Baltasar Garzón, tras ser inhabilitado para ejercer como juez en España, se suma otra a 9.000 kilómetros de allí. La Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE) advierte que solicitará su procesamiento como «cómplice de malversación de fondos estatales». Pedro Javier Granja, portavoz del organismo que agrupa a los colegios de abogados del país, señaló que la petición se debe a que Garzón recibiría 50.000 euros por asesorar al Gobierno de Rafael Correa, pese a que prácticamente no ejerció dicha asesoría. «Desde que se le nombró como asesor para llevar adelante la reforma judicial (en octubre del 2011), el (ex) magistrado sólo estuvo tres veces en Ecuador. Y dos de esas veces en fines de semana», dijo Granja a la prensa de su país. Aparte de cobrar por un trabajo que supuestamente no realizó, la FNAE acusa a Garzón de haber prestado su fama a una reforma que persigue, entre otros fines, restringir la libertad de prensa y controlar la designación de los funcionarios de mayor jerarquía en el Poder Judicial.La reforma sólo ha sido instituida parcialmente, pero ya ha servido para sustituir a ciertos jueces de dudosa lealtad, por otros decididamente afines a Correa. Asimismo, la reforma ha contribuido a limitar la cobertura periodística en período de elecciones. En un intento por justificar la necesidad de nuevas leyes Rafael Correa manifestó que «mientras hagamos la vista gorda a los que se creen con derecho a mentir y a difamar, no habrá justicia en este país».
Tomando como base la actitud del presidente, la FNAE sostiene que Baltasar Garzón sería el «valedor pasivo de una reforma que hubiera sido rechazada en España». Hace una semana, la misma entidad declaró al ex magistrado como persona no grata y anticipó que la próxima vez que pise suelo ecuatoriano, habrá manifestaciones en su contra y que los abogados se declararían en huelga durante su permanencia en el país.
En su alegato contra la reforma judicial, FNAE exhibió el cuestionario que se utiliza para seleccionar a los aspirantes a juez. El documento incluye preguntas tales como «¿qué tipo de preservativos usa usted» o «¿le tiene miedo a las ratas?». Pedro Javier Granja asegura que cuando se le preguntó por ese cuestionario, Garzón respondió que a él no le toca analizar esas cosas. «Nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que parece una caricatura. Además, si fue contratado como asesor de una reforma cardinal para los ecuatorianos, ¿cómo puede decir que no conoce el contenido de los cuestionarios?», dijo Granja. También se cuestiona que Rafael Correa designara a un «asesor subrogante» para reemplazar a Garzón cuando éste se ocupa de otros asuntos. «Se trata de un delito pues se les paga a dos personas para que cumplan la misma función y el pago se hace con dinero de los contribuyentes», señaló el portavoz.
Ricardo Palma, abogado ecuatoriano que imparte un curso de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires dijo a EL MUNDO que no habría fundamento jurídico para procesar al ex juez en Ecuador, lo cual no implica que no haya incurrido en una falta de ética profesional. «Por lo que sabe, Garzón no hizo más que cumplir con lo que le pedía su empleador [el Gobierno]. Que haya contribuido a aplastar las libertades, eso sólo concierne a Garzón y a su conciencia», afirma Palma.
En Colombia también hay duras quejas contra el ex juez español. El procurador general de ese país, Alejandro Ordóñez, afirma que es inconveniente que, habiendo sido inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país, Garzón ejerza como asesor de la Organización de Estados Americanos en el proceso de paz que busca la desmovilización de los grupos paramilitares en ese país. «Garzón es un delincuente, prevaricador, que ha victimizado a ciudadanos españoles derechos fundamentales como el derecho a la intimidad», expresó Ordóñez en Radio Caracol. Hace unos días, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó a Garzón por su aporte a la pacificación de país y adelantó que cuando concluya esa misión, «se le buscarán otros frentes de trabajo en los que podamos contar con su valiosa contribución».
Tras admitir que no puede interferir en las competencias del presidente, Ordóñez consideró necesario que los colombianos conozcan «las implicaciones éticas» de que un juez inhabilitado en España, intervenga en los asuntos de otro país.
Menudo fichaje tiene el psoe, vamos, tampoco hay que extrañarse de nada, simplemente a hecho lo que todos los socialistas corruptos, (porque todos no lo son, alguno quedará).
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