Investigan a los investigadores del 'Faisán' por las filtraciones

FERNANDO LÁZARO MADRID

09/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Les interrogan como imputados por la publicación de secretos en EL MUNDO

En la Audiencia Nacional, el caso parece en punto muerto. Todos pendientes de lo que pueda decidir el instructor de la causa, Pablo Ruz, para profundizar en sus pesquisas sobre el chivatazo a ETA en el bar Faisán.

Pero mientras, otro procedimiento arranca en paralelo en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid y ha provocado ya la imputación de los policías que investigan esa delación que se produjo el 4 de mayo de 2006 en Irún.

Aquel día, el dueño del bar, Joseba Elosua, fue alertado por un policía de que estaba a punto de ser detenido por su presunta implicación en la trama de extorsión de ETA.

En los juzgados ordinarios, en cambio, no se trata de averiguar quién dio el chivatazo, sino quién informa a este diario de las investigaciones y de los datos que ha ido publicando sobre el caso.

Esta actuación se produce a instancias de los mandos imputados por el chivatazo, tras comprobar que EL MUNDO desvelaba informaciones sobre el caso que estaban bajo secreto judicial. De hecho, fue la publicación del dato clave de la investigación lo que desató definitivamente esta iniciativa.

EL MUNDO publicó que en el último informe elaborado por el equipo policial se habían incluido fotogramas de un vídeo en los que se ve en la puerta del bar Faisán a uno de los imputados, el inspector José María Ballesteros. Las imágenes están tomadas de la grabación que se llevó a cabo la misma mañana en que se produjo el chivatazo. Ballesteros es sospechoso de haber entregado al cobrador de ETA un móvil desde el que, presuntamente, el jefe superior de la Policía en el País Vasco le alertó de las pesquisas policiales.

El informe policial estaba bajo secreto de sumario. Tras ser publicado por EL MUNDO uno de los elementos fundamentales de las pesquisas, los imputados mostraron su protesta al juez instructor y exigieron que se iniciara una investigación para conocer de dónde había partido la filtración de datos secretos. El juez Ruz optó por remitir la denuncia presentada por los imputados a los juzgados de la Plaza de Castilla para que fuera allí donde se le diera curso. Y allí han tenido que ir a declarar en calidad de imputados todos los integrantes del equipo policial que investiga el chivatazo a ETA, con el comisario Carlos Germán al frente.

Según explicaron fuentes cercanas a este proceso, los agentes se desmarcaron de cualquier relación con las informaciones de EL MUNDO. El periodista autor de la noticia también al juzgado y se acogió al secreto profesional cuando fue interrogado por los abogados de los imputados y del Estado sobre la procedencia de las informaciones publicadas.

Según explicaron fuentes judiciales, las diligencias están prácticamente ultimadas. Ahora, el procedimiento está pendiente de conocer si los denunciantes solicitan nuevas pesquisas a la juez.

El caso es que los agentes que han estado durante casi cinco años investigando la autoría del chivatazo han tenido que responder en un juzgado, con presencia de abogado del Estado en concepto de defensor, de sus actuaciones, y sentarse como imputados.

No es la primera vez que se tienen que enfrentar a estas situaciones. Durante sus pesquisas, el comisario Carlos Germán y sus subordinados han sido puestos en el disparadero en varias ocasiones. Ya un comisario que fue superior suyo en la Comisaría General de Información cuando se produjo el chivatazo, José Cabanillas, compareció ante el juez Ruz e intentó desprestigiar todo el trabajo realizado hasta la fecha por el equipo policial.

Cabanillas aseguró que Germán, encargado por el juez Fernando Grande-Marlaska de investigar quién está detrás del soplo del bar Faisán, trató de deshacerse de la prueba clave. Ese comisario, que el día del chivatazo estaba al frente de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), le contó al juez Pablo Ruz algo que no aparece en el informe que presentó en el juzgado en mayo de 2006, días después del chivatazo: que Carlos Germán quiso destruir la grabación que contiene las conversaciones intervenidas en el coche de Joseba Elosua, el cobrador de ETA, en la que éste le narra a su yerno que un policía le había informado de que estaba siendo vigilado y de que iba a ser detenido.

El responsable de la UCI explicó que el citado mando policial intentó borrar la conversación captada por la baliza de sonido colocada en el coche de Elosua, que es la prueba que demuestra que existió el chivatazo y la que puso en marcha toda la investigación.

El que fuera responsable de la UCI también dijo ante el juez algo que ya le había decía en su informe: que Carlos Germán «fue reticente en diversos momentos» a llevar a cabo la actuación policial contra la banda porque «era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA».

Sin embargo, los informes de Carlos Germán fueron los únicos que pusieron negro sobre blanco una línea de trabajo, una hipótesis basada en los movimientos telefónicos, grabaciones y, sobre todo, material videográfico, que salpica claramente al Ministerio del Interior. En esta tesis, que llevó a un procesamiento luego revocado, se implicaba al jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y al inspector Ballesteros.

09/01/2012 ESPAÑA

Pendientes de los nuevos pasos

>Los movimientos de Gómez Bermúdez al trasladar al Pleno de la Sala los recursos de los imputados en el caso han provocado que el juez Pablo Ruz tenga que volver a mover pieza. Los jueces de la Audiencia revocaron el auto de procesamiento. Sobre su mesa ya están varias peticiones de las acusaciones personadas.

Los magistrados le indicaron al juez que debía tratar de buscar más indicios y pruebas contra los imputados, Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, u otros; y abrir otras líneas de investigación. Las víctimas le han pedido, y el fiscal no se ha opuesto, que incorpore a la Guardia Civil