C. REMÍREZ DE GANUZA / Zaragoza
Enviada especial
26/09/2011/El Mundo
El PP inhabilitará a los políticos que despilfarren o gasten sin ajustarse al Presupuesto público. No sólo perseguirá a los que metan la mano en la caja, sino a los que dejen facturas en los cajones. Así lo anunció ayer Mariano Rajoy y así lo incluirá el programa electoral, en una medida que penará a alcaldes, directores generales, consejeros y altos funcionarios por su mala gestión de las cuentas públicas.
«Las Administraciones tienen que ser responsables. Y con ellas, los cargos que gestionan los recursos públicos. No se pueden dejar facturas en los cajones», dijo, «sin que nadie responda por ello. Por eso, reforzaremos los controles previos y endureceremos las responsabilidades exigibles para garantizar que los gestores nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario».
Si bien falta por concretarse los detalles de un plan que irrumpe en plena guerra de reproches entre PP y PSOE sobre el estado de las cuentas autonómicas tras el 22-M, Rajoy hizo suyo en Zaragoza lo que constituyó un primer compromiso impulsado por Génova en enero pasado, y que fue refrendado por los barones del PP hace sólo dos meses.
En este tiempo, hace pocas semanas, la defensora del Pueblo tomó carrerilla y adelantó a los populares pidiendo penas de cárcel, no ya para los gestores corruptos, sino para los malos gestores. Para ello, y según las fuentes jurídicas consultadas, bastaría con una reforma del Código Penal que ampliara a los políticos la propia ampliación de delitos societarios introducida para los directivos de las sociedades mercantiles en 1995. Hasta esa fecha, los directivos de las empresas sólo podían ir a la cárcel en casos de apropiación indebida. Desde entonces, el Código contempla varios tipos de administración desleal no vinculados al robo sino a las malas prácticas.
En su ambigüedad, el PP nunca ha descartado tal cosa. Cristóbal Montoro habló de castigar a los políticos por «incurrir en impagos, arruinando a empresas» o por «financiarse a costa de los proveedores»..., y Fátima Báñez abogó por que «el responsable político debe saber que tiene la misma responsabilidad ante el contribuyente que la que tendría al frente de una empresa». Pero las fuentes vinculadas al programa apostaban más por imponer penas de inhabilitación que de prisión, y que en todo caso irán específicamente contenidas en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una ley que desarrollará la reciente reforma constitucional pactada por PP y PSOE, y que Rajoy citó ayer como la primera de un paquete de ocho reformas del sector público.
Entre ellas, una estrechamente relacionada con la anterior y que vendría a sustituir a la abortada ley de Zapatero; una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública con la que prometió «restablecer la ejemplaridad de la política». Liberado ya de la presión del caso Gürtel con las tortuosas retiradas de Francisco Camps, Luis Bárcenas y otros dirigentes presuntamente implicados, Rajoy se atrevió a abanderar una «estrategia de regeneración institucional». «Quiero que cuando se hable de los políticos se piense en honradez, respeto al interés general y servicio al bien público», fueron las palabras del hombre que ayer se presentó ante los españoles como un líder reformista.
Y es que si el PSOE ha hecho de la palabra recortes su eslogan contra el PP, el partido de Rajoy ha estampado otras dos en el frontispicio de su campaña: esfuerzos y reformas. A ellas se aplicó el candidato favorito a La Moncloa al desvelar su agenda para los siempre emblemáticos primeros 100 días de gobierno.
Sin dejar de devolver a los socialistas la acusación de haber hecho recortes sociales, Rajoy contrarrestó su bombardeo preelectoral con el anuncio de una próxima Ley de Servicios Públicos Comunes para toda España, que garantice una «cartera» igualitaria y que incluya la Educación y la Sanidad; ambas recientemente puestas en duda a raíz de las huelgas y protestas habidas frente a las políticas de algunos gobiernos autonómicos del PP.
La agenda reformista de Rajoy incluyó un complicado y ambicioso «pacto territorial» para que «en cada competencia sólo gaste una Administración. Lo que sea necesario, pero una».
carlos segovia
26/09/2011
Si fuera retroactiva...
El Estado español gasta 30.000 millones de euros anuales -y creciendo- sólo en pagar los intereses de la deuda, y en 2010 el conjunto de las administraciones gastó en su presupuesto unos 60.000 millones de euros más de lo que el Tratado de Maastricht -que apoyaron entre otros el propio Delors- considera lo máximo posible para mantener unas finanzas saneadas. Tramos de AVE sin rentabilidad presente ni futura, varios aeropuertos internacionales en territorios vecinos, polideportivos municipales con más plazas que su censo de población... Los desmanes de distintos ministros de Fomento, presidentes autonómicos o alcaldes han ido formando la actual bola que hace que España esté necesitando -y ojalá se quede sólo en eso- el rescate encubierto del Banco Central Europeo, el único inversor que cree que, a precios razonables, el país puede devolver el dinero en el futuro a todos sus acreedores sin temor al contagio de Grecia.
Todas las iniciativas de Rajoy de ayer son para tranquilizar a los mercados de cara al futuro, no para ajustar cuentas. Pero si fueran retroactivas, veríamos inhabilitados para la vida política a dirigentes de todos los colores Por no hablar sólo de Zapatero o el manirroto Montilla, el Ayuntamiento de Madrid adeuda más de 6.000 millones de euros y es cierto que hay obras de Gallardón que han modernizado la ciudad, pero otras... Y Francisco Camps ha legado a su sucesor una Comunidad Valenciana próxima a la quiebra.
En la juerga del despilfarro español no hay diferencias. Es una administración en que para los altos cargos no se sitúa a menudo a los mejores, sino a los fieles, y es verdad que el riesgo de inhabilitación paralizará decisiones y muchos se pasarán al otro extremo de no firmar nada, porque un incompetente no se arriesgará a decidir sobre lo que no sabe, si hay castigo. Por eso va en la buena dirección -hay que ir más allá- otra de las medidas planteadas: la de profesionalizar los órganos reguladores para que no los dirijan los amiguetes. Rajoy ha incluido, por cierto, en este lote nada menos que al Banco de España, para que lo oigan los mercados
FERNANDO LÁZARO / PALOMA DÍAZ SOTERO / Madrid
26/09/2011
Rubalcaba trata de volver al discurso del miedo
Estamos en precampaña y el dóberman aún no ha llegado. Pero ayer, en la localidad madrileña de Alcorcón, el ex vicepresidente, ex ministro del Interior y ahora candidato socialista a las elecciones generales volvió a enseñar hacia dónde quiere dirigir su discurso, su línea política para los comicios del 20-N. De nuevo, el discurso del miedo. Ahora, alentado primero por Tomás Gómez, habla de «extrema derecha». Y su tesis es fácil: si llega el PP, se acabará el Estado de Bienestar, la Sanidad y la Enseñanza pública, y correrán serio peligro las pensiones.
Alfredo Pérez Rubalcaba celebró ayer un nuevo acto preelectoral para sus militantes de Madrid y el mensaje que quiso trasladar fue claro: el Partido Popular quiere «acabar con el Estado de Bienestar (...). No vale la excusa que están utilizando de que no hay dinero para pagarlo».
Compareció ante varios cientos de militantes y arremetió con dureza contra la política del PP en las comunidades que está gobernando. En tono sarcástico, «agradeció» a Madrid, Castilla-La Mancha o Baleares que hayan puesto en marcha una campaña de «anticipación y transparencia» de lo que entiende que ocurrirá si el PP gana el 20-N. «Nos están diciendo lo que pasaría si gana Rajoy», y se están convirtiendo en la «avanzadilla» de la «extrema derecha», dijo. Primero, dio un repaso a las actuaciones en materia educativa de lo que considera la política de «recortes» de Esperanza Aguirre. Y retomó el viejo lenguaje en el que se habla de «colegios de élite» para referirse a los centros privados.
El candidato socialista aseguró que, si Aguirre eliminara las desgravaciones que obtienen los padres que mandan a sus hijos a estos centros, «no habría ningún problema en la escuela pública». Sin embargo, en Madrid no hay ninguna desgravación específica para quienes lleven a sus hijos a colegios privados. La deducción que él criticó es la aplicada al gasto educativo de las familias en cualquier caso (un 15%), a la compra de uniformes (un 5%) y a la enseñanza de idiomas (un 10%). Evidentemente, el gasto educativo sólo lo generan los centros privados, pero el resto también puede tener que afrontarlo quienes llevan a sus hijos a una escuela pública. La cantidad máxima a deducir por cada hijo es de 900 euros. Y la base máxima de ingresos familiares no debe superar los 30.000 euros por cada miembro (en una familia con dos progenitores y dos hijos, los ingresos no deberían superar los 120.000 euros). Además, la aportación voluntaria que las familias hacen en colegios privados y concertados también desgrava, igual que las donaciones a una fundación.
Acto seguido, Rubalcaba arremetió contra la dinámica sanitaria. Denunció que ésa será también la línea de trabajo que llevará a cabo Mariano Rajoy si llega al poder. De igual manera que asegura que quiere acabar con la enseñanza pública, aseguró que el líder del PP quiere destruir la sanidad pública para beneficiar a la privada. «Ojo con las privatizaciones», dijo. Apenas dos pinceladas sobre el paro. Señaló que, para crear empleo, es necesario una economía sana y, mientras tanto, «para echar una mano, habrá que utilizar recursos públicos para crear empleo para los jóvenes. Creo que para crear empleo hacen falta recursos públicos».
Defendió el Estado de Bienestar. «Los arquitectos de ese Estado somos nosotros. Si hay que cambiarlo, que nos llamen a nosotros, que sabemos muy bien cómo hacerlo». Y alertó: «La autonomía política se pierde cuando se debe mucho».
Recuperó una broma que ya lanzó el pasado viernes en Valencia: aseguró que la campaña del PP será como los anuncios de cerveza sin alcohol «cero, cero; cero de propuestas, cero de iniciativas, cero de ideas». «Rajoy es un experto en derrotas. Ya lleva dos, y no hay dos sin tres», remató.
Rubalcaba inició su corta intervención (apenas media hora y sin casi interrupciones) defendiendo que el PSOE «es la izquierda seria de este país». Y finalizó arengando a los suyos: «Vamos a ganar en ganas de ganar y en que se nos note; en propuestas, en ideas, en soluciones». Antes, habían hablado el líder del PSM, Tomás Gómez, y el ex alcalde de Alcorcón Enrique Cascallana. Sólo cuando el candidato llegó al acto y cuando lo abandonó los militantes le corearon algunos gritos de «¡presidente, presidente!». Al marcharse, varios militantes le gritaron «¡ánimo!»
Mucho haré o hará, y los del bipartidismo son todos iguales, a la hora de la verdad, siempre pagan los mismos, ya que es lo más fácil. Asi que, menos cuento y más hacer.
ResponderEliminarLos corruptos a la cárcel, y fuera de las listas.
Cambio de la ley electoral, fuera las comarcas, fuera el senado, y idem de idem..
Transparencia política y ganas de empujar para que España no sea el hazmereir del mundo.
Y mucho patriotismo, que carecemeos de ellos, lo mismo que de la honradez de algunos políticos, que no quiero ni acordarme.