MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
26/08/2011/El Mundo
PSOE y PP acordaron ayer la reforma constitucional, que supone una nueva redacción para su artículo 135 que hoy será registrada en el Congreso. El pacto prevé asumir el déficit anual que marque la Unión Europea, por lo que será la primera Carta Magna que vincule directamente a la gobernanza económica europea su propia política fiscal.
Además, alcanzaron un pacto sobre la ley orgánica que desarrollará el nuevo artículo 135, con el objetivo de llegar a 2020 con una cifra del 0,4% del PIB. De este porcentaje, el 0,26% corresponderá al Estado y el 0,14% a las comunidades autónomas.
PSOE y PP hicieron público el acuerdo cerca de las dos de la madrugada tras varias horas perfilando la exposición de motivos, el propio artículo y algunos flecos que quedaban en la nueva Ley orgánica de desarrollo de la reforma constitucional, que será la que regulará el déficit.
Según dijeron a este periódico fuentes de la negociación, sobre la una y diez de la madrugada los textos de ambos acuerdos -el del artículo 135 y el de la ley orgánica que lo desarrollará- habían recibido el visto bueno de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Los firmantes del acuerdo fueron Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón por el PP, y José Antonio Alonso, Fernández Marugán y José María Benegas por el PSOE.
En la exposición de motivos de la reforma constitucional se asegura que «siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural» (...) que justifica «su consagración constitucional con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos».
En la exposición de motivos se hace referencia asimismo a que «la actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo».
El texto transmite, pues, el grado de sintonía alcanzado por los negociadores a la hora de justificar la reforma constitucional. No obstante, entre ambos partidos no faltaron roces a lo largo de todo el día y durante el proceso de negociación.
El primer desencuentro estuvo en el hecho de que el PSOE se marcó como objetivo que el nuevo artículo constitucional no reflejara cifra alguna sobre el porcentaje del déficit. Fue la reacción a la rebelión interna que hubo en sus filas por la propuesta de reforma. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que garantizaría a los suyos que, de esta forma, se aseguraría la mayor flexibilidad posible y la protección de las políticas sociales.
Sin embargo, el PP aceptó sin problemas que no figurasen porcentajes concretos en la Carta Magna, entre otras cosas porque nunca lo había solicitado, según informó a EL MUNDO Soraya Sáenz de Santamaría.
Por ello, toda la concreción de datos se derivará a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, aunque con el compromiso político de los dos principales partidos de apoyarla conjuntamente hasta 2020. No obstante, «los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020 podrán ser objeto de revisión en 2015 y 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes» que suscriben el acuerdo político sobre la ley orgánica que desarrollará el artículo 135.
El PSOE quiso hacer bandera de este hecho, y el PP le restó importancia en todo momento.
El segundo enfrentamiento a lo largo del día entre ambos partidos fue sobre quién estaba manteniendo la negociación.
Desde el PSOE se insistía en que era Alfredo Pérez Rubalcaba quien movía los hilos. De hecho, en la tarde-noche del miércoles se formó un gabinete en la sede socialista de Ferraz dirigido por el candidato, en el que también estaba su jefa de campaña, Elena Valenciano; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y otros dirigentes del Gobierno.
Según los socialistas, desde entonces Rubalcaba ha llevado las riendas y es quien ha fijado los términos de la negociación, planteando que no se determinaran cifras en la Carta Magna. Suya habría sido la idea de llevar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria la concreción de cifras, en aras de buscar la paz interna en su partido y de dar una flexibilidad mayor al Gobierno de turno.
Fuentes del PP, sin embargo, aseguran que la negociación ha sido al más alto nivel, es decir, directamente entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y que ni el líder popular ni la portavoz parlamentaria del PP hablaron ayer con el candidato socialista.
La pelea sobre quién tenía el protagonismo político de la negociación llegó hasta las notas de prensa. Así, Valenciano siempre habló poniendo como protagonista principal al candidato: «Rubalcaba ha estado trabajando para lograr un acuerdo con el Partido Popular...», afirmó. Mientras que Sáenz de Santamaría insistió en que el inminente acuerdo se iba a conseguir gracias «a que el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular han compartido, desde que se planteó la reforma, la necesidad de emprenderla». También recordó que los contactos entre Zapatero y Rajoy «han sido frecuentes y constantes, con intercambio de documentos, para dirigir la negociación que se ha desarrollado por parte de las direcciones de los grupos parlamentarios».
Más allá de las rencillas políticas, el acuerdo supone el primer gran pacto político entre ambos partidos en esta legislatura, aunque pueden quedarse solos.
Según fuentes consultadas de la dirección del PSOE, ayer estaban muy avanzados los contactos con el portavoz parlamentario de CiU, José Antoni Duran Lleida, y se veía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el dirigente catalán afirmó anoche: «Nosotros no nos adherimos de ninguna manera a la presentación de la proposición de ley para modificar la Constitución. La iniciativa legislativa no contará con el apoyo de CiU, lo que no quiere decir que después la votemos o no», dijo.
El PSOE está empeñado en que una reforma de este calado no se circunscriba sólo a los dos grandes partidos -aunque aritméticamente no serían necesarias más fuerzas políticas- sino que se tiene que implicar al mayor número posible de grupos parlamentarios.
Por ello, en el rápido trámite parlamentario que resta para la reforma constitucional, el PSOE se va a esforzar en lograr el apoyo de algunos grupos nacionalistas.
De momento, UPyD y Coalición Canaria se han desmarcado de este acuerdo. Así como todos los partidos de izquierda del Hemiciclo. Pero la posibilidad de sumar a UPN, CiU o PNV les bastaría a los socialistas para presumir de un amplio consenso.
Además, el PSOE cree que internamente se han calmado las aguas, y que las numerosas y abultadas críticas surgidas el miércoles en sus propias filas están remitiendo.
De hecho, ayer mismo el ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara indicó que la propuesta de Rubalcaba de no incluir cifras en el artículo constitucional y garantizar las políticas socialistas con un amplio margen de flexibilidad, le hacían dar su apoyo a dicha reforma. En parecidos términos se expresaron otros diputados, aunque todos están a la espera de ver el contenido concreto del acuerdo.
Por ello, en el Grupo Socialista no parece preocupar demasiado que haya una masiva ruptura de la disciplina de voto a la hora de convalidar dicha reforma constitucional, aunque no descarta que pueda haber casos aislados
«El artículo 135 queda redactado así...»
«1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión».
Con la propuesta de reforma pactada anoche entre el PSOE y el PP, el nuevo artículo queda así:
«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las CCAA habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las CCAA de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Zapatero y Rubalcaba, un amor imposible
Con esta decisión, obligaba al candidato de su partido a una carrera agotadora de cuatro meses para estar en la actualidad sin contar con una plataforma institucional. Así, Rubalcaba -con más voluntad que acierto- se ha visto obligado a hacer malabarismos para no bajarse del candelero. El candidato ha lanzado propuestas como si fuera una ametralladora. Un día era un acuerdo entre empresarios y sindicatos para limitar los salarios y los beneficios, al día siguiente era la supresión de las diputaciones para sustituirlas por consejos de alcaldes. Así, suma y sigue, las ideas de su factoría permanecen todas suspendidas en el aire.
Pero aún le quedaban los fuegos artificiales que Zapatero decidió lanzar desde la tribuna del Congreso. Rubalcaba fue tomando conciencia durante la sesión de que el martes 23 de agosto no sería su día. Rajoy sólo tuvo que echar mano de la hemeroteca para dejarle en evidencia de forma clamorosa. Zapatero había decidido asumir como propia una propuesta del líder de la oposición -¡milagro!- para reformar la Constitución, contentar a Merkel y dar satisfacción a los mercados. El presidente y secretario general del PSOE obliga al líder del PSOE a asumir una propuesta del PP en vísperas de una campaña electoral. Un trabalenguas que no está al alcance de cualquier presidente. Una escena inédita en la democracia española, como le gusta a Zapatero. La izquierda social y política vuelve a quedarse atónita ante la mutación de quien fuera el primero de los suyos.
El mensaje a los ciudadanos es nítido. PSOE y PP no han encontrado tiempo para reformar la Constitución en ocho años y ahora lo hacen en un día. Como final a esa «democracia deliberativa» por la que suspiraba Zapatero no está nada mal. Y ya saben a qué atenerse los que piden más participación de los ciudadanos en la política. Tendrán que conformarse con votar cada cuatro años y asumir todo lo que los grandes partidos quieran hacer. Un corte de mangas en toda regla al 15-M que parte por el eje la campaña de Rubalcaba.
Sabemos que es imposible porque le ha declarado su amor en público y en privado. Pero pensando mal, cualquiera diría que Zapatero se está vengando de Rubalcaba. Y todavía quedan tres meses para el 20-N.
Un calendario mirando al día 26
>Desde la Presidencia del Congreso se insistía en que era necesario que, como tarde, la iniciativa se presentara hoy viernes en el Registro. De esa forma, la Mesa del Congreso podría estudiarla el lunes y fijar para esa semana los dos plenos necesarios para la aprobación. El primero, el de toma en consideración de la propuesta, se celebraría al día siguiente, martes 30 de agosto. El segundo, ya para su aprobación, dos días más tarde, el 1 de septiembre.
>Si, como está previsto, la propuesta sale adelante por tres quintos del Congreso, pasaría para su aprobación por la misma mayoría cualificada en el Senado. La Cámara Alta está obligada a aprobar el texto en la semana del 5 al 9 (este último día es fiesta en Madrid). Ése es el límite, porque la Constitución establece tras la aprobación un plazo de 15 días para que un número suficiente de diputados o senadores reclame su aprobación también en referéndum. Cualquier actuación que retrase las cosas a la semana del lunes 12 supondría la imposibilidad de respetar ese plazo con las Cortes constituidas.
>Pasados los 15 días, el Rey podrá sancionar y promulgar la reforma para su publicación en el BOE y definitiva entrada en vigor
CCOO y UGT piden un referéndum
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
CCOO y UGT exigieron ayer al Gobierno que someta a referéndum la reforma necesaria para incorporar a la Constitución el límite del déficit público. Ambos sindicatos consideran «inaceptable» que un cambio «de tal calado» se haga «en menos de 15 días, en pleno periodo de vacaciones, sin debate político alguno y sin tener en cuenta para nada las opiniones de las organizaciones sociales». También anuncian movilizaciones sociales contra la reforma.
Pero su rechazo no es sólo por una cuestión de procedimiento, sino también de fondo: la introducción del déficit cero en la Carta Magna significará «la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas neoconservadoras y neoliberales que han producido la crisis económica global», destacan.
Por el contrario, tanto CEOE como Cepyme expresaron ayer su «completo apoyo» a la reforma constitucional y a las negociaciones que mantienen el Gobierno y el PP. Los empresarios consideran «indispensable» para la buena marcha de la economía «la credibilidad de las finanzas públicas». Y creen que introducir en la Constitución el control del déficit garantizará la «solvencia» permanente de las cuentas del Estado «a todos los niveles». Mientras, los sindicatos advierten de que limitar el déficit en los plazos impuestos por la UE no sólo «anula la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico», sino que además pone en peligro las instituciones básicas del Estado de Bienestar: las patronales recalcan que sin estabilidad presupuestaria se frenará la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Fuentes sindicales aseguraron ayer que CCOO y UGT siguen «a la expectativa», tras la carta que enviaron al presidente del Gobierno el pasado día 18 ofreciendo moderación salarial a cambio del desbloqueo de la negociación colectiva, mayores impuestos a las rentas más altas y contención de los beneficios empresariales. El documento, que siguió a la reunión que Rodríguez Zapatero mantuvo la víspera con los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, no ha obtenido aún «respuesta», explicaron las mismas fuentes.
De hecho, el decreto de medidas para la promoción del empleo juvenil, que el Consejo de Ministros aprueba hoy, ha suscitado en los sindicatos un rechazo tan intenso como la reforma constitucional. En las alegaciones que CCOO y UGT enviaron ayer al Gobierno le acusan de haber «sustraído» al Diálogo Social parte de las iniciativas que estaban discutiendo con la patronal en la Mesa de Empleo, que los sindicatos no consideran cerrada. También reprochan al Ejecutivo que incumpla otro compromiso alcanzado en 2006 gracias al Diálogo Social suprimiendo los límites al encadenamiento de contratos temporales. Y le afean la incoherencia de que lo haga en un decreto para fomentar «la estabilidad en el empleo» -como reza su título- y que admite el peso cada vez menor de los contratos indefinidos en el volumen total de contratación. El 33% de los eventuales, recuerdan, tiene un contrato inferior a seis meses. La mayoría se firma en actividades muy estacionales. Así que, contra la temporalidad, recomiendan al Gobierno dar más peso a sectores que exijan trabajadores cualificados, los «más difícilmente sustituibles».
JUSTINO SINOVA
26/08/2011
Tiempo de austeridad
El secreto de la reforma, tan fácil de hacer, propuesta por el enviado de Merkel y Sarkozy al Congreso, o sea Zapatero, es una treta para evitar que los políticos gasten a manos llenas, como hasta ahora el Gobierno socialista, una imposición de los líderes de Europa contra el despilfarro, lo que en la jerga económica llaman «disciplina presupuestaria». Muchos de los que se oponen no ven inconveniente en gastar fondos públicos hasta dejar vacías las arcas, como hemos comprobado ahora que ha pasado en autonomías en las que se ha producido un turno de partido. De ahí, por ejemplo, el conflicto en Castilla- La Mancha, donde el nuevo Gobierno popular no puede pagar a las farmacias porque el presupuesto anual se lo gastó el viejo Gobierno socialista ya en el mes de abril; con un límite legal de déficit no habría podido hacerlo o habría incurrido en una responsabilidad mayor que el simple reproche político actual. Otros de los que se oponen son los perceptores de mamandurrias y subvenciones públicas, como los sindicatos, que ya están poniendo el grito en el cielo ante lo que se les avecina.
Pero éste no es tiempo de gasto sino de ahorro, de austeridad pura y dura, porque la crisis nos ha empobrecido y la deuda acumulada por la errática alegría gastadora zapaterista es, con los actuales ritmos, mortal.
Tiene maldita la gracia que ante la angustia económica que nos rodea se levanten socialistas a defender ahora el déficit público. Gastar sin límite es lo que han hecho los gobiernos del PSOE. Las arcas vacías que dejó Felipe González las recompuso José María Aznar y las que va a dejar Zapatero más limpias que una patena, que es expresión suya en un inexplicable patinazo confesional, tendrá que recomponerlas Rajoy tras el 20-N.
Los antirreformistas asustan con la entelequia de que el déficit cero deteriorará la sanidad, la educación y las pensiones. Pero eso en el fondo es una declaración de impotencia.
Si usted es incapaz de gobernar sin gastar más de lo que ingrese, usted no sirve para la función; mejor, retírese. Los políticos sensatos aplican los recursos a las necesidades básicas -las dichas y muchas más- y se abstienen de gastar en lo superfluo, por ejemplo, cargos inútiles, consejerías prescindibles, organismos duplicados, empresas públicas que están de más, miles de coches oficiales, oficinas de nuevos ricos, asesores sin cuento, viajes innecesarios, hoteles de cinco estrellas, comidas menos necesarias aún, «embajadas» autonómicas, defensores del pueblo y tribunales de cuentas redundantes, subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y determinadas ONGs nacionales y extranjeras, traducciones simultáneas en el Senado y el Senado mismo... Y no sigo porque se acaba el espacio pero cualquiera medianamente informado puede alargar esta lista para ilustración de políticos desmemoriados, derrochadores o irresponsables. Desde luego, quienes hoy no acepten la austeridad como principio de actuación pública no merecen la confianza de los ciudadanos
Quien es incapaz de gobernar sin gastar más de lo que ingresa, NO SIRVE. La anterior Junta socialista dejó Castilla-La Mancha esquilmada y el Gobierno socialista se desentiende
PALOMA DÍAZ SOTERO / Madrid
26/08/2011
Pajín se desentiende del conflicto de las farmacias de Castilla-La Mancha
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, volvió ayer a ampararse en la dramática herencia recibida del Gobierno anterior, presidida por el socialista José María Barreda, para defender la imposibilidad de pagar, por el momento, la deuda acumulada desde mayo con las farmacias manchegas. Pidió ayuda al Ministerio de Sanidad y éste le dio con la puerta en las narices.
Echániz pidió ayer, por correo electrónico, una reunión «urgente» con la ministra, Leire Pajín, para buscar «conjuntamente» una solución al conflicto, según dijo en rueda de prensa. En su petición, responsabilizaba al PSOE, el partido de Barreda, y por extensión, al Gobierno.
El consejero esperaba una respuesta rápida y la tuvo. Recibió otro e-mail del Ministerio en el que se le decía que el problema es estrictamente «de su competencia», según informaron fuentes de Sanidad. Además, se le reprocha que todas las comunidades autónomas tienen problemas de pago a proveedores y que ninguno se ha negado a pagar.
Sanidad también recuerda que el Gobierno ha puesto sobre la mesa soluciones para aliviar la deuda de las comunidades, como la posibilidad de financiar con créditos ICO el pago proveedores. «Al Ministerio le parece que ésa sería una solución buena para Castilla-La Mancha», afirmaron ayer a EL MUNDO fuentes del Departamento de Leire Pajín.
El consejero castellanomanchego aseguró ayer que el Gobierno regional no podrá acometer un plan de pago hasta enero del 2012 e insistió a las farmacias que «sean responsables» y pidan préstamos a los bancos para aguantar el tirón hasta entonces, cosa que muchas ya se han visto «obligadas» a hacer, según recordó ayer la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres.
«Todos estamos pagando líneas de crédito», aseguró López-Torres, que describió cómo «cada día hay más desánimo y más crispación» entre los farmacéuticos y, pese a ello, «están haciendo un esfuerzo impresionante para no dejar de dispensar medicamentos».
La situación es tal que la presidenta justificó los cierres temporales, de dos meses, que han pedido el 81% de las farmacias de Ciudad Real, el 60% de las de Guadalajara y la mitad de Toledo. «Difícilmente podemos seguir abiertos», apostilló.
Sin embargo, el consejero anunció ayer que no va a autorizar los cierres y que tiene preparadas medidas preventivas en caso de que haya una «situación de riesgo» en el abastecimiento de medicamentos.
José Ignacio Echániz habló ayer de que se están produciendo «reuniones hasta la extenuación» y advirtió a los boticarios de que, si tienen «una actitud beligerante», el Gobierno autonómico «revisará cosas que seguro que no les van a gustar», y se refirió a la «revisión» de la ley de ordenación de las farmacias. «Y preferiría ni siquiera ponerlo encima de la mesa, pero es una alternativa que siempre va a estar», insistió.
La presidenta del Consejo se mostró esperanzada en que, con el nuevo ritmo de reuniones imprimido al conflicto, se pueda llegar a una «fórmula financiera» con los bancos en la que «la Administración asuma los gastos de gestión y los intereses» de los préstamos. Si las negociaciones avanzan, López-Torres adelantó que podría desconvocarse la manifestación del próximo 4 de septiembre
El bipartidismos como siempre, haciendo de las suyas. Y no digamos de las corruptelas, que siguen y siguen..., pais de pandereta y de cuatreros.
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