Rajoy y sus barones pactan dar ejemplo
El Mundo
Mariano Rajoy no había tenido nada «importante que decir» en todo 2011 hasta ayer. Ésa es, al menos, la condición necesaria para ofrecer una rueda de prensa como la que celebró en la sede del PP, la primera desde diciembre. Un acto que, en consecuencia, concitó la máxima expectación, y que le sirvió para oficiar una ceremonia similar a un discurso de investidura, en el que se comprometió, junto a sus barones, a un auténtico tijeretazo al despilfarro autonómico y local.Con la máxima solemnidad, Rajoy anunció un «giro programático» y una «estrategia coordinada de reformas» y recortes de gasto desde el poder territorial conferido por los españoles al PP el 22-M.
«Nunca antes un partido político había tenido en su mano la posibilidad de coordinar desde las administraciones territoriales una agenda de reformas tan ambiciosa, y nunca antes había sido tan urgente y necesario», presumió, a los pocos minutos de despedir a todos sus barones autonómicos, con los que pactó dar ejemplo de austeridad durante un almuerzo en la sede de Génova.
En realidad, muchas de las medidas que Rajoy glosó -casi declamó- a continuación, eran recurrentes en el discurso político y electoral del PP. Pero la palabra «compromiso» -además de su propia concreción- les otorgó una nueva trascendencia. La implicación de los presidentes autonómicos del PP en «la salida de la crisis» y en la «austeridad» y «la transparencia» de las administraciones resultó esencial, no sólo como escaparate para el partido de cara a las elecciones generales, sino como escenario de una «leal» cohabitación con el Gobierno socialista en los difíciles 10 meses en que Zapatero habrá de sortear sus propios compromisos de déficit con la UE.
Los barones populares -muchos de ellos acusados ayer por parte del Ministerio de Economía de incumplir en este primer trimestre el objetivo de déficit marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre pasado-, no incluyeron medidas específicas sobre este capítulo, pero trasladaron sus buenas intenciones al emplazar al Gobierno para que vuelva a convocar ese mismo órgano de manera «inmediata». Su objetivo: establecer un «compromiso de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria».
Tampoco Rajoy, durante su intervención, confirió especial credibilidad a los datos de Economía, y subrayó que su verdadera «preocupación» no es el déficit sino la caída de la recaudación del Estado, vía impuestos, en tanto ha descendido la actividad económica.
En todo caso, y ésta sería la medida de mayor calado, los populares prometieron «fijar para las comunidades autónomas un techo de gasto no financiero», al que en absoluto les obliga la Ley, «en línea con el definido para los Presupuestos Generales del Estado», que sí está obligado a un techo.
En línea con este objetivo, el presidente del PP anunció una auténtica «reforma del sector público autonómico», mediante un nuevo tope de 10 consejerías en cada Gobierno autonómico, y una específica reducción de delegaciones provinciales, y de altos cargos o de puestos de libre designación y personal eventual, tanto en las administraciones como en las empresas y entidades públicas.
Claro que no habrá un plan único. Según aclaró el presidente del PP, cada gobierno local y autonómico aprobará un «plan estratégico de racionalización del gasto corriente» a cuatro años, que incluirá algunas señas de identidad, como la «reducción del número de entes y organismos del sector público», o la creación de «centrales de compras», para abaratar los costes de equipamiento, energía y telefonía.
Lo cierto es que en este capítulo Rajoy no fue ni muy osado ni muy explícito. Sobre el uso de móviles, se limitó a comprometer su «racionalización». En cuanto al parque de coches oficiales, se desmarcó de la propuesta de UpyD en el Ayuntamiento de Madrid. Lejos de promover su renuncia al vehículo oficial, apostó por «reducirlos» y por «favorecer su uso compartido». «La gente tiene que ir de un sitio a otro...», justificó a preguntas de la prensa. Ahora bien, «¿cada concejal, un coche? Pues no», aseguró, «seremos rigurosos y actuaremos con contundencia en ese asunto».
Tampoco los barones del PP se comprometieron con la privatización o el cierre de las televisiones autonómicas. Preguntado en rueda de prensa, Rajoy confirmó que llevará al programa de las generales el compromiso ya adquirido de cambiar la Ley en el Congreso, pero sólo para propiciar que cada presidente autonómico decida libremente.
Los populares dedicaron un capítulo aparte a su promesa de transparencia. Pero, curiosamente, Rajoy rebajó las expectativas creadas en los últimos días con las «auditorías» de las cuentas socialistas anunciadas por sus nuevos barones, en tanto que los compromisos anunciados ayer obligan también a los presidentes del PP, confirmados en las urnas.
«Yo no le llamaría auditoría», matizó el presidente del PP en la rueda de prensa, para ceñirse al enunciado de la medida: «Verificación de la situación de tesorería en el momento de cambio de Gobierno». Según Rajoy, en el caso de los antiguos gobiernos del PP no hace falta auditar las cuentas porque «entiendo que los que gobiernan ya lo han hecho y ya conocen cómo está su tesorería».
En todo caso, tanto los nuevos como los veteranos barones del PP estamparon su firma bajo epígrafes bien concretos, como la presentación del «mapa real del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones, consorcios y otros mecanismos»; o el desarrollo de un «portal de la transparencia» que permita a los ciudadanos acceder a «la remuneración de los cargos», o a «información periódica sobre la ejecución del presupuesto», y de «todos los expedientes de contratación y subvención».
La puesta en escena de ayer en la sede del PP fue todavía más ambiciosa, por cuanto el plan incluyó la promesa de no subir impuestos; medidas de estímulo fiscal y administrativo para la empresa y el empleo; de lucha contra la morosidad, o de unificación normativa para la unidad de mercado.
Además, sirvió para enfatizar una apuesta por la educación, con el reconocimiento del profesor como autoridad pública en todos sus territorios; el establecimiento de «evaluaciones externas» y «pruebas de nivel»; un calendario escolar «unitario», y la incorporación del criterio de «renta per cápita familiar» a los baremos de los colegios concertados.
Paquetes de medidas estos dos últimos -el empleo y la educación-, que el PP emplazó al Gobierno a tratar en una «urgente» Conferencia de Presidentes al efecto. Una convocatoria que hizo extensiva a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya presidencia volverá a ocupar el PP en octubre.
Claro que Rajoy dijo que «con este Gobierno no se va a ninguna parte». Pero, mientras convive con él, ayer selló su investidura territorial.
OORBYT.es
> Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre el plan de Rajoy.
El decálogo del ahorro del PP
>2. Menos organismos. Reducir el número de entes y organismos públicos y dotar al sector público autonómico de mayor transparencia y austeridad.
>3. Menos consejeros. Limitar el número de consejerías a un máximo de 10 por región.
>4. Al por mayor. Crear una central de compras, incluso entre administraciones de diferente ámbito, para lograr mejores precios; sobre todo en telefonía, energía y equipamiento.
>5. Suprimir delegaciones. Recortar las delegaciones territoriales que tiene la comunidad en cada provincia.
>6. Recortar dietas. Moderar los gastos de representación y publicidad.
>7. Compartir coches. Restringir el parque móvil, desarrollando la utilización compartida de los vehículos oficiales.
>8. Reducir el móvil. Racionalizar el uso de los teléfonos móviles.
>9. Revisar las normas. Revisar la normativa autonómica y local que obstaculice la unidad de mercado. Las CCAA se coordinarán para poner en marcha un sistema de reconocimiento mutuo de permisos y licencias.
>10. Televisiones.
Bueno, ahora a ver si es verdad, y los resultados.
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