JUAN EMILIO MAÍLLO / Santander
15/06/2011/ El Mundo
El titular de Trabajo cargó contra la banca un día después de que el presidente del BBVA, Francisco González, tachara de «poco ambiciosa» la nueva reforma de la negociación colectiva y augurara que no creará empleo.
En el seminario que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, Gómez afirmó que ni el mercado de trabajo ni las instituciones laborales «son las causantes del desempleo, sino más bien los comportamientos del sistema financiero y la asunción de riesgos en el sector inmobiliario».
Vamos, que como la banca cebó la burbuja inmobiliaria, ella es la responsable, no los gobiernos que, como el lunes admitió el ministro de Fomento, José Blanco, no hicieron lo suficiente por evitarla. El ministro de Trabajo se ganó ayer también el reproche de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, si bien ella culpó al mensajero: «Se le ha malinterpretado».
Pues no. No hubo una interpretación errónea. Gómez dijo lo que dijo y Salgado le contradijo con otros argumentos. La burbuja, explicó la vicepresidenta en Bruselas antes de asistir a la reunión del Eurogrupo, «se vio favorecida» por unas condiciones de crédito «muy baratas que no fueron impuestas sólo por los bancos españoles». También contribuyeron la ley del suelo y los préstamos «muy favorables» en relación con el valor de los pisos. «Eso es la causa de una buena parte del desempleo. Ese desequilibrio macroeconómico, no los bancos como sujetos individuales», zanjó Salgado.
Pero a Gómez también le llegaron apoyos. En el mismo foro en que hizo sus declaraciones le respaldaron los líderes de CCOO y UGT. Ignacio Fernández Toxo indicó que en el paro «hay responsabilidad compartida» del sector financiero y de los gobiernos. Y miró también al Banco de España, «por omisión de actuación, porque tenía que conocer lo que estaba sucediendo, lo que se estaba generando, y no tomó ninguna medida para resolverlo».
Más contundente si cabe estuvo Cándido Méndez. El secretario general de UGT afirmó que «es una evidencia que la banca tiene culpa del paro», pero también unos gobiernos «que atizaron el endeudamiento». Recordó unas declaraciones de Rodrigo Rato en el año 2003, cuando era vicepresidente económico, en las que negó que hubiese una burbuja inmobiliaria.
Algo más equidistante, el presidente de CEOE, Juan Rosell, admitió que la situación del sector financiero es una «losa» para la recuperación de la economía, pero reconoció que familias y empresas deben reducir su endeudamiento.
E Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de la patronal de cajas, instó a cada cual a «hacer bien su trabajo, los empresarios, los sindicatos, los bancos y el Gobierno». «Asumo la responsabilidad de donde estoy», dijo Fainé, quien a continuación pidió que se preste atención a que «la inversión no sube» y a que «la construcción ha caído en vertical».
Ayer quedó plasmado que el ministro de Trabajo, los sindicatos y, en parte, la patronal, tienen un criterio meridianamente compartido sobre el sector financiero, pero en lo que les toca a ellos, caso de la reforma de la negociación colectiva, las posiciones están notablemente alejadas.
Sindicatos y patronal no se reconocen en el decreto que el viernes aprobó el Gobierno y que Gómez indicó que recoge los puntos de acercamiento que había entre las partes. El ministro advirtió de que el Ejecutivo ve innegociables en el trámite parlamentario de la reforma aspectos como la eliminación de la ultraactividad indefinida de los convenios (al imponer un arbitraje transcurridos un máximo de 14 meses desde el final de la vigencia del acuerdo anterior) o la introducción de flexibilidad en las empresas.
Además, el ministro de Trabajo calificó de «irresponsabilidad» que la patronal madrileña CEIM no haya querido firmar un acuerdo de convenio con los sindicatos para no obstaculizar la labor de un futuro Gobierno. «Gómez sostuvo que se trata de «la primera vez que pasa desde que hay un marco de relaciones laborales» y recordó que está confederación forma parte de CEOE.
CARLOS SEGOVIA / Madrid
15/06/2011
... Y las cajas fichan con el triple de sueldo al alto cargo de Hacienda que las benefició
Funcas declina detallar la retribución del director general, pero fuentes próximas estiman que sumando complementos superará los 250.000 euros, lo que supone triplicar su sueldo de secretario de Estado. A esta cifra hay que añadir los alrededor de 70.000 euros anuales que se embolsará durante dos años en concepto de indemnización tras haber sido alto cargo, dado que el Gobierno ha dado informalmente su visto bueno a la contratación.
Ni Funcas ni Ocaña desmienten el fichaje, aunque, oficialmente no se ha producido aún la reunión formal del patronato que proclame su incorporación en sustitución del actual director general, Victorio Valle, de 72 años de edad.
La salida de Ocaña con destino a la fundación de las cajas se produce cuatro meses después del Real Decreto 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, que incluyó unos disposiciones finales en las que Ocaña aceptó, tras meses de negociación, una reivindicación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), de la que depende Funcas.
El entonces secretario de Estado de Hacienda terminó aceptando entonces -tras resistirse durante meses- ofrecer un tratamiento fiscal a las fusiones virtuales de cajas como si fueran reales. La medida supuso un ahorro fiscal de cientos de millones de euros para las cajas integradas en los llamados Sistemas Institucionales de Protección (SIP).
El artículo 8 de la Ley de Conflictos de Intereses aprobada en 2006 por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prohibe que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos puedan desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado». Y especifica esta prohibición para «los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, que hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades».
El Gobierno no aprecia conflicto de interés a priori al considerar a Funcas un servicio de estudios sobre el que nunca decidió Ocaña.
Pero Funcas es filial de la CECA y su presupuesto (más de 3,5 millones de euros anuales) se nutre de los beneficios que genera la asociación de cajas. El nombramiento del director general de Funcas corresponde a su patronato que está compuesto por altos cargos de la CECA. El presidente es el jefe de la Caixa, Isidro Fainé, y figuran como vocales, el presidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, el de la BBK, Mario Fernández o el director general de Catalunya Caixa, Adolf Todó. Funcas está encuadrada en la obra social de la CECA como, básicamente, prestigioso servicio de estudios y su futuro no está, de momento, en entredicho, pese a la conversión de cajas en bancos. Tanto Valle como su antecesor, Enrique Fuentes Quintana, eran catedráticos. Ocaña es licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza y está considerado de la máxima confianza del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo que constituye otro aliciente para las cajas que le contratan.
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, declaró recientemente que ella no deseaba la salida de Ocaña y ayer agradeció en su despedida su «dedicación absoluta, eficacia, sentido común y con paciencia» tras cinco años en el cargo.
Vaya tres patas para un banco, los sindicatos correo de transmisión del desgobierno, y el ministro de trabajo. Le echan la culpa a los bancos, como si ellos no la tuvieran...., hace falta tener poca vergüenza.
ResponderEliminarLuego se van, y se colocan en otra parte con el triple de sueldo, asi cualquiera critica...