LEYRE IGLESIAS / Bilbao
13/06/2011/ El Mundo
Miles de personas se manifiestan en Bilbao / Pello Urizar, de EA: 'Los familiares de presos se pueden tratar también como víctimas'En el centro de la pancarta, José María Sagarduy, Gatza, en libertad desde abril y verdadero símbolo para el entorno de ETA tras haber pasado casi 31 años entre rejas, condenado por dos asesinatos. Gatza compartió primera fila con Jon Agirre Agiriano, uno de los duros del frente de presos, en libertad desde mayo después de tres décadas en la cárcel por tres asesinatos, uno de ellos, de un niño de 13 años. Convocada bajo el lema Con todos los derechos, los presos vascos a Euskal Herria, la marcha fue permitida por la Audiencia Nacional.
La manifestación -apoyada también por los sindicatos independentistas ELA y LAB- había sido convocada por la plataforma Egin dezagun bidea (Hagamos el camino), sobre la premisa de reclamar el reagrupamiento de los «presos políticos y exiliados» -perseguidos por la Justicia- y el respeto a sus derechos. Sin embargo, si bien esa petición estuvo en boca de los dirigentes políticos y sobre el papel de la pancarta, la exigencia lanzada por los miles de asistentes y por los portavoces de los convocantes fue mucho más allá, hasta demandar la «amnistía total» para este colectivo.
Tanto Pello Urizar como Marian Beitialarrangoitia -ex alcaldesa de Hernani-, que atendieron a los medios antes del comienzo de la protesta, se cuidaron de seguir el guión y reclamar «pasos» a Moncloa para acabar con la actual política penitenciaria. Urizar habló «como EA y como parte de Bildu» para requerir «al Gobierno español y a los partidos españoles» que «den pasos» de cara a la pacificación, entre ellos uno «imprescindible» como el de acabar con la política penitenciaria vigente.
En esa visión del conflicto vasco como dos violencias enfrentadas, la del Estado y la de ETA, Urizar afirmó: «Podemos constatar que los familiares de los presos se pueden tratar como víctimas también». El objetivo, dijo, es atajar «todas las desigualdades» que a su juicio separan a unas víctimas de otras, para que «en un futuro lo más próximo posible todas las víctimas puedan sentirse respaldadas».
Únicamente Josu Murgia, en nombre de Aralar -escisión pacifista de Batasuna y hoy ajeno a Bildu, aunque ha pactado con la coalición para apoyar sus gobiernos-, se atrevió a pronunciar la palabra tabú y pedir pasos no sólo a Madrid y París, sino también «a ETA».
No hubo fotografías de presos -el Tribunal Supremo sentenció hace dos semanas que su exhibición constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo- ni se produjeron incidentes. Sólo ondearon las ikurriñas y las banderas con el clásico logotipo que pide el acercamiento de los reclusos a Euskal Herria.
Los gritos de «Presoak kalera, amnistia osoa!» (Presos a la calle, amnistía total) empañaron el recorrido que arrancó junto al Museo, ante la atónita mirada de algunos turistas, y terminó frente al Ayuntamiento de Bilbao. Sobre un escenario preparado para el evento tomaron el micrófono dos portavoces de la plataforma convocante, el escritor Gotzon Barandiaran y Ana Sáez de Urabain, madre de Zumai Olalde, detenido en 2009 acusado de pertenecer a la cúpula del brazo juvenil de ETA, Segi.
Sáez de Urabain proclamó que con la marcha de ayer se inicia «el camino hacia la amnistía» y que la sociedad vasca liderará esa «petición imparable» que tendrá a las calles por «testigo». «Todos los ámbitos» deben sumarse a esa ola reivindicativa: las instituciones «de toda clase», los centros de trabajo, la universidad, los comercios...
La organización, como en todo lo que fabrica la izquierda abertzale, ya está pensada. La plataforma establecerá «puntos de encuentro» en «todos los pueblos y ciudades» para reunir a quienes «han trabajado, trabajan o quieren trabajar» por los derechos de los presos y «exiliados».
Un puñado de pesos pesados de la izquierda abertzale secundó la protesta, desde la abogada Jone Goirizelaia, que llegó con Txelui Moreno, hasta el ex alcalde de Elorrio por ANV, Niko Moreno, o el histórico Tasio Erkizia. Por EA destacaba, aparte de Pello Urizar, el ex parlamentario Jesus Mari Larrazabal.
Con su presencia -aunque sin Oskar Matute, el líder de Alternatiba y tercera pata de Bildu-, la coalición escenificó una de las iniciativas que, «con carácter de urgencia», impulsará en todos los consistorios «a partir de hoy» [por ayer], según anunció Urizar esa misma mañana: la defensa de una Sortu legal y de «una solución definitiva para los presos y para todas las víctimas en general». Es el «nuevo escenario» prioritario para Bildu, que pondrá punto y final a la negación del «derecho a decidir».
Precisamente Bildu no quiso dar ayer un paso al frente y, lejos de condenar, minimizó los incidentes ocurridos el sábado en la constitución de los ayuntamientos de Elorrio y Lizarza, que calificó de «excepcionales», informa Belén Ferreras.
En la ambigüedad dialéctica a la que acostumbra la izquierda abertzale, Urizar eludió utilizar la palabra condena. Y se mostró molesto cuando se le insistió para que clarificase si condenaba o no los hechos: «La palabra condena está muy bien en ciertos ámbitos y en ciertos escenarios», afirmó, pero rechazó que haya que «anteponer por encima de todo su utilización».
FERNANDO LÁZARO / Madrid
13/06/2011
Rubalcaba mete la tijera a la escolta judicial
La Subsecretaría del Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ya los tiene ultimados y ha tenido que utilizar la tijera para recortar todo tipo de gastos. Y entre ellos se encuentra los referidos a la seguridad de amenazados y susceptibles de estar en el punto de mira de terroristas y organizaciones criminales.
Según explicaron a EL MUNDO fuentes policiales, los expertos de Interior han comenzado una gran remodelación del servicio de escoltas. Se trata de cortar por lo sano y comenzar a restringir al mínimo imprescindible el que se realiza desde la seguridad del Estado. Y esta reestructuración no afectará únicamente a los cargos públicos del País Vasco. Como ya publicó EL MUNDO el pasado 18 de abril, consiste en reducir a la la mitad el número de agentes de la seguridad privada que realiza labores de guardaespaldas para cargos públicos del País Vasco y de Navarra.
En este caso, se trata de aplicar el recorte a los escoltas públicos, de la Policía y de la Guardia Civil. Y entre los protegidos afectados se encuentran, entre otros colectivos, jueces y fiscales, llegando incluso a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial.
Según estas fuentes, la Secretaría de Estado de Seguridad tiene sobre la mesa una propuesta para dejar en la mitad (en algunos casos, incluso menos) los servicios de protección que reciben jueces y magistrados. Y no únicamente los de aquéllos que están destinados en el País Vasco y Navarra, sino que se incluyen también los de los que desempeñan su trabajo en Madrid. Afectaría a jueces, magistrados y fiscales de todas las instancias, desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, pasando por algunos de los miembros de los tribunales superiores que, por diferentes motivos, también tienen protección estatal.
Además de pretender recuperar efectivos policiales para otros cometidos, Interior quiere recortar, sobre todo, el parque móvil. El gasto de coches, gasolina, mantenimiento, etcétera de los vehículos que se dedican a estos menesteres es muy alto. El objetivo es que los protegidos de este colectivo que disponen de dos vehículos pasen a tener uno.
La iniciativa de Interior ya ha trascendido a los propios afectados. Y son muchos los que han torcido el gesto. Entienden que el Ministerio está aprovechando esta nueva tregua de ETA para rebajar los costes; pero recuerdan que los jueces no se pronuncian únicamente sobre terroristas, sino también contra las grandes tramas criminales, las organizaciones internacionales y las denominadas mafias. Y, como bien indican los informes de los especialistas de seguridad interna, son éstas el gran quebradero de la seguridad actual, donde los riesgos han crecido.
Los analistas han constatado que, efectivamente, el riesgo de la presión terrorista es ahora menor que el de hace un año. Pero no incluyen en sus informes esta realidad porque opinan que la tortilla puede darse la vuelta en cualquier momento y no se puede «bajar la guardia de antemano». La revisión no afectará solo a la judicatura. Otros colectivos, como es el caso de los políticos, también verán reducida, o incluso cuestionada, su protección.
Los especialistas interpretan que en muchos casos, el nivel de riesgo es cada vez menor y que hay muchas protecciones que duran ya demasiados años, cuando el papel que en su día desempeñaba el protegido ha perdido toda su relevancia pública.
Desde el Ministerio, al igual que se han puesto sobre la mesa las necesidades de recortar en seguridad privada, se entiende que se debe hacer lo mismo o similar con la pública. El Departamento de Rubalcaba y la Consejería de Interior vasca, dirigida por Rodolfo Ares, ya han acordado una sustancial rebaja de las escoltas privadas que se llevan a cabo a cargos públicos en el País Vasco.
La idea, como ya publicó este periódico EL MUNDO, es no dejar a nadie sin protección, pero rebajar el dispositivo a la mitad. Así, el que tenga cuatro guardaespaldas pasará a estar protegido por dos.
En el contexto de este plan (similar al que está realizando la Secretaría de Estado para Madrid) se incluye la elaboración de dispositivos de contravigilancia, de forma que durante una mañana controlen a varios de los cargos públicos potencialmente amenazados durante las llamadas horas calientes del día. Así, un mismo dispositivo podría proteger a tres o cuatro cargos. La reducción económica sería enorme.
Pero ademas, según explicaron estas fuentes, tras las elecciones del 22-M, con el nuevo mapa electoral del País Vasco y de Navarra, la reducción de escoltas entre cargos del PSE y del PP será consecuencia del propio resultado, ya que han perdido bastantes concejales. No es descartable, como apuntan algunas fuentes, que el PSE trate de convencer a sus nuevos ediles para que renuncien a la protección. Y esta maniobra la llevarán a cabo desde el convencimiento de que la presión etarra ha disminuido y de que, si no cambian la situación, es innecesaria una escolta. La renuncia debe ser personal y por escrito.
JUANFER FERNÁNDEZ/ Vitoria
13/06/2011
Los ex ediles, sin protección en septiembre
A los nuevos concejales salidos de los comicios del 22-M se les dotará desde hoy de un escolta, y con respecto a los que repiten se les mantendrá hasta septiembre el módulo doble de seguridad (un vehículo, dos guardaespaldas), pero a partir de entonces se les retirará el coche y uno de los profesionales.
De esta manera, culminará la reorganización del mapa de la seguridad a altos cargos sensibles de ser objetivos de ETA en País Vasco y Navarra, que echó a andar en septiembre de 2010 en el ámbito judicial vasco. Entonces arrancó el recorte del 50% en el servicio de escolta a jueces y fiscales que concluyó el 1 de mayo. Hoy, salvo un número importante de excepciones sujeto a informes policiales, a unos y a otros se les retiró un agente y el vehículo de seguridad.
En Navarra, esta medida sobre el colectivo judicial comenzará a aplicarse desde hoy mismo, aunque ayer por la tarde estaba previsto que los guardaespaldas que escoltan a todos los jueces y fiscales de la comunidad foral entregasen los vehículos de seguridad. No obstante, varios cargos de este estamento profesional se mantendrán al margen de esta reestructuración: el teniente fiscal y los presidentes de la Audiencia Provincial de Navarra.
En esta comunidad, Unión Pueblo Navarro (UPN), el Partido Socialista y el Partido Popular recibieron una comunicación escritaproveniente de la Secretaría de Estado el pasado 3 de junio. En ella, Interior daba cuenta de los ajustes que a, a partir de este mismo mes, se registrarían en Navarra y que afectarían a los cargos políticos, en la dirección apuntada al principio de esta información.
Esta misma vara de medir se trasladará al País Vasco. Aquí, sin embargo, el Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba aún no ha comunicado por escrito su decisión a los partidos políticos. No obstante, fuentes del Partido Popular confirmaron a EL MUNDO que la cúpula de los populares vascos ya ha sido informada de la reestructuración por parte del consejero de Interior del Ejecutivo autonómico, Rodolfo Ares.
El anuncio del Gobierno central está, en todo caso, sujeto a las valoraciones individualizadas en función de la información policial de que se disponga. Un ejemplo: fuentes de la lucha contra ETA aseguraron a este diario que la empresa de seguridad que se encarga de escoltar al popular Carlos García, concejal de Elorrio (Vizcaya) increpado agresivamente en el acto de constitución del Ayuntamiento, ya ha recibido la orden de seguir proporcionándole, a priori de forma indefinida, el módulo doble de seguridad.
Después de la manifa, seguirán pidiendo más, ya que como el desgobierno les concede lo que piden, pues en aras de la negociación, todo es posible.
ResponderEliminarPor lo demás, nada nuevo bajo el sol, todo era previsible.