ANTONIO SALVADOR
SEBASTIÁN TORRES / Sevilla
16/05/2011 / El Mundo
Los requerimientos de información de la juez Mercedes Alaya y la dimensión del escándalo de los ERE obligó a la Consejería de Empleo a dirigirse a las compañías aseguradoras para recopilar a toda prisa documentación sobre las prejubilaciones que estaba pagando.Según ha sabido EL MUNDO, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, envió un correo electrónico a un empleado de la división de Vida Colectivos del grupo Generali el pasado 8 de marzo con el siguiente texto: «Estimado Rubén: Ruego me remitas a la mayor brevedad posible póliza y demás documentación correspondiente a la póliza 83-190.001.587 suscrita con Banco Vitalicio, cuyo tomador fueron [sic] la Federación Minero Metalúrgica de CCOO y Federación de Industrias afines de la UGT y correspondiente a colectivo Boliden Apirsa».
El destinatario, 51 minutos después, responde: «Con la numeración que nos indica no hay ninguna póliza relacionada con la empresa Boliden Apirsa. Si tuviera algún otro dato para identificar la posible póliza, no dude en indicarnos [lo] para buscarla».
Ante esa respuesta, Rivera vuelve a dirigirse 33 minutos después al empleado de Generali. «Te acompaño documento que tenemos y en el que aparecen identificados algunos datos. Yo creo que esta póliza se pagó en su totalidad y creo que no está actualmente en financiación. A ver si puede ayudarte», escribe. Esa última frase ilustra el nivel de descontrol que existía en el seno de la propia Consejería sobre los compromisos de pago asumidos.
Finalmente, en dos correos, Generali termina facilitando a Daniel Rivera las «condiciones particulares y generales» de la póliza solicitada, numerada como 1-83-190.000.587 y no la que indicó el alto cargo (83-190.001.587).
Del contenido de estos emails se deduce el escaso soporte documental que debía existir en la Dirección General de Trabajo acerca de las operaciones que tramitaba y financiaba. Boliden Apirsa es tan sólo un ejemplo, pero no el único.
La celeridad que la Junta exigía a la aseguradora tenía una explicación: los requerimientos de información de la juez Alaya para avanzar en la investigación. Dieciséis días después de dirigirse Rivera a Generali, la secretaria general técnica de la Consejería de Empleo firmaba un escrito en el que certificaba que los papeles remitidos al juzgado coincidían con la «documentación íntegra contenida en el expediente archivado en la Dirección General de Trabajo de esta Consejería».
No menos revelador es el escrito que el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, envió el 24 de noviembre del pasado año a la filial aseguradora de La Caixa (Vida Caixa). El pasado 2 de diciembre, esta compañía remitió a Empleo un listado en el que detallaba la numeración y el tomador de las siete pólizas suscritas en las que la Junta había asumido obligaciones como financiadora de las primas únicas.
La reclamación de información de Mañas a La Caixa tuvo lugar el mismo día que El País publicó unas declaraciones del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero en las que se justificaba: «Yo firmaba mil papeles al día (...) No podía estar en todo, yo estoy en mil cosas al día».
En este sentido, fuentes próximas a la investigación manejan la tesis de que la Consejería de Empleo ha reconstruido muchos de los expedientes que ha enviado a la juez Alaya tras reclamarle documentación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -a la que transfería el dinero para que pagara las prejubilaciones- y a las compañías aseguradoras, como puede deducirse de la lectura de los citados correos electrónicos y escritos.
Idéntica situación se da en las subvenciones directas concedidas a ayuntamientos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con cargo al fondo de reptiles.
En este sentido, las fuentes consultadas llamaron la atención sobre la ausencia -en muchos casos- de expedientes administrativos. La documentación se reduce a la petición de la subvención por parte de los alcaldes y a los pagos, sin que conste ni la fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención ni ningún informe del beneficiario justificando que el dinero recibido se empleó en los fines para los que se solicitaron. Tampoco se informó de las ayudas en el Boletín Oficial de la Junta, como obliga la ley.
ANTONIO SALVADOR SEBASTIÁN TORRES / Sevilla
16/05/2011
Monumento al despilfarro
La partida presupuestaria 31L o fondo de reptiles, como la definió el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ante la Policía Judicial, era un cajón de sastre que, de forma arbitraria, servía para ayudar a levantar un centro de servicios ecuestres, equipar un centro de ancianos, financiar ferias de muestras o sufragar una estatua.
EL MUNDO ha confirmado que la Consejería de Empleo costeó el monumento en bronce que el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto dedicó en el verano de 2006 a todos los mineros que trabajaron en la explotación del Cerro del Hierro, en su término municipal.
El autor, el escultor Salvador García, ha reconocido que su obra la pagó Trabajo y Seguridad Social mediante un ingreso en su cuenta corriente. «Me costó trabajo cobrar, pero lo cobré», reconoce. García eludió ofrecer más detalles.
De la colaboración de Guerrero con la petición de financiación planteada por el Ayuntamiento para acometer ese proyecto da fe el propio monumento.
La placa
En la base de la escultura reza la siguiente placa: «En reconocimiento y merecido homenaje a todos aquéllos que con su entrega a un trabajo tan duro como digno contribuyeron a la prosperidad de los habitantes de estas tierras. El alcalde de San Nicolás del Puerto, Sr. D. Francisco Rodríguez Galán, en representación de sus ciudadanos y el Sr. D. Francisco Javier Guerrero Benítez, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, inauguran esta obra y esta plaza para el uso y disfrute de todos los vecinos. Fiestas de verano, julio del 2006».
El regidor de San Nicolás del Puerto dijo que el acondicionamiento de la plaza lo sufragó el Ayuntamiento y la la escultura, Empleo. A Rodríguez Galán no se le pasa por la cabeza retirar la placa en la que aparece el nombre de Guerrero, persona clave en la trama de los ERE. «No pienso quitarla. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», afirma.
El monumento se inauguró el 26 de julio de 2007, en un acto en el que, además del regidor, iban a participar el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero. Así lo atestigua la convocatoria enviada a los medios de comunicación el 25 de julio. Ni Villalobos ni Guerrero asistieron finalmente a la inauguración, según precisó el alcalde.
La Junta ha eludido las reiteradas llamadas de EL MUNDO.
San Nicolás del Puerto, de 644 habitantes, es proporcionalmente uno de los pueblos más beneficiados por las ayudas repartidas por Empleo en la etapa de Guerrero. Con cargo al fondo de reptiles, el 25 de marzo de 2003 la Dirección de Trabajo y Seguridad Social concedió 871.467,50 euros para inversiones en el Cerro del Hierro que ayudaran a crear empleo. Y el ex alcalde socialista Domingo Martínez -ya fallecido- figura como falso prejubilado en el ERE de Acyco.
Más corruptelas del señorito del cortijo de andalucía. Estamos apañaos, y aún dicen que son socialistas????-
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