Proteger a ETA o a los españoles

07:41 (26-04-2011) | La Gaceta

Más debería sorprendernos, sin embargo, que el Gobierno de España, el responsable último de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y por defender el Estado de derecho, se niegue, con todo tipo de argucias y mentiras, a aplicar la ley para evitar que ETA consiga su objetivo.

Batasuna –es decir, ETA– recibe de las instituciones –es decir, de los bolsillos de todos los contribuyentes– más de dos millones de euros al año; dinero que sin descanso ha venido utilizando para asesinar españoles. A esa escandalosa cifra, hay que sumar el acceso a la vital información que le proporcionan los censos municipales o toda la labor propagandística que efectúa desde la Administración local. No es de extrañar, pues, que la banda terrorista se resista como serpiente acorralada a desprenderse del poder que, ilegalmente, le confieren los consistorios vascos y navarros.

Más debería sorprendernos, sin embargo, que el Gobierno de España, el responsable último de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y por defender el Estado de derecho, se niegue, con todo tipo de argucias y mentiras, a aplicar la ley para evitar que ETA consiga su objetivo. Al cabo, el problema no es que los terroristas estén con Sortu y Bildu reproduciendo al milímetro la estratagema que ya llevaron a cabo en 2007 con ASB y ANV; el problema es que el Gobierno también está copiando toda la escenificación que ya tuvo que desplegar en 2007 para conseguir que la banda criminal se presentara a las elecciones. Quizá por ello, según palabras de María Dolores de Cospedal, el PP pidió ayer formalmente al Gobierno que impugne la candidatura de la coalición Bildu ante el Tribunal Supremo, y no sólo cada una de sus listas. Varios líderes del PP están denunciando que la actitud del Gobierno –cruzando algunas líneas rojas– pone en peligro el futuro del Pacto Antiterrorista.

Sin embargo, la actitud de ETA está muy clara: si no tiene reparos morales para matar, tampoco los tendrá para mentir. Lo que le interesa no es tanto colocar a su entorno más directo en las listas, sino que Bildu siga nutriendo sus arcas. Por eso, que las candidaturas de Bildu estén menos contaminadas que las de ANV o Sortu no debería ser relevante salvo a efectos probatorios: de lo que se trata no es de blanquear las listas de un apéndice de ETA, sino de impedir que ese apéndice se aproveche de las instituciones.

Y, en este sentido, los informes policiales lo tienen claro: Bildu es el instrumento con el que Batasuna quiere presentarse a las elecciones municipales. El hecho de que sea una coalición integrada por otras dos formaciones políticas legales –Eusko Alkartasuna y Alternatiba– no modifica un ápice su naturaleza: es más, como ha repetido hasta la saciedad el ex ministro del Interior Ángel Acebes, el artículo 12.1.b de la Ley de Partidos está pensado precisamente para ilegalizar coaliciones formadas por al menos un partido ya ilegalizado; en este caso, Batasuna.

Lo que realmente falta no son las conexiones entre Bildu y ETA, sino la voluntad política para impulsar el proceso judicial que abra la puerta, no a la impugnación de ciertas candidaturas como sucedió con ANV, sino a la ilegalización total de la formación política. Si bien es el Tribunal Supremo el órgano encargado de resolver la demanda de ilegalización de Bildu, son la Fiscalía y la Abogacía general del Estado –dos órganos dependientes directamente del Gobierno– quienes poseen el monopolio para presentar esa demanda. El Ejecutivo es el único que puede decidir iniciar el proceso de ilegalización de Bildu, por mucho que Rubalcaba, como viene siendo habitual en él, mienta al afirmar que todo el proceso le corresponde a los tribunales o que no puede ilegalizarse a una coalición.

Por desgracia, todo parece indicar que el Gobierno, como ya hiciera durante el proceso de rendición de 2007, optará por proteger a ETA antes que a los españoles.