Un prejubilado, en nómina del PSOE

M. M. BECERRO / A. M. CEJUDO Huelva/ El Mundo

Uno de los prejubilados en los ERE irregulares es un militante y cargo institucional del PSOE de Huelva. Francisco Rodríguez Donaire ha cobrado cada mes, junto con su paga como ex minero, un sueldo político, algo que el PSOE conocía desde que en 2003 se le introdujo en la lista de los beneficiarios del ERE de Minas de Río Tinto. Cuatro años más tarde, fichó por los socialistas.

Rodríguez Donaire compatibilizó, entre 2003 y 2007, su prejubilación con el sueldo de portavoz de IU en la Diputación de Huelva. El PSOE lo sabía, pero necesitaba su apoyo para salvar la Alcaldía en Valverde, donde el socialista José Cejudo había perdido la mayoría absoluta justo 18 días después de la inclusión de Donaire en el ERE de Riotinto.

Para sellar el 'pacto de progreso' de Valverde, los socialistas ofrecieron a IU entrar en la Diputación, y ello pese a que el PSOE había revalidado su mayoría absoluta. Tras el acuerdo, no sólo se incrementó notoriamente el sueldo de Rodríguez Donaire, sino que IU pudo liberar a varios 'hombres fuertes' de su ejecutiva onubense.

Poco antes de las últimas elecciones municipales, Rodríguez Donaire anunció su pase al PSOE. Concurrió a los comicios como 'número tres' de la candidatura que recobró la mayoría absoluta en Valverde. Desde ese momento dejó de cobrar de la Diputación y empezó a ingresar como máximo responsable de la Mancomunidad de Desarrollo Local Campiña-Andévalo, controlada por el PSOE. En mitad del mandato, sustituyó durante varios meses a José Cejudo en la Alcaldía de Valverde.

M. J. FLORENCIO / Sevilla

Oficinistas camuflados como mineros

El ERE pactado en la mina de Almagrera, en Calañas (Huelva), incluía como mineros a administrativos y personal que no trabajaba en el interior de la explotación. El exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha declarado que era una práctica habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.

Fuentes conocedoras de aquel proceso han revelado ahora que en el ERE de Almagrera ocurrió lo mismo que en el de Riotinto: a administrativos y otro personal se les adjudicó el mismo coeficiente que a los mineros: un 0,3.

Carlos Estévez ha explicado que en su opinión no puede hablarse de ilegalidad. El exresponsable de Riotinto reveló que se aumentaron al máximo los coeficientes para que el número de trabajadores menores de 52 años fuera el menor posible. Y todo «por los procedimientos que ya son de dominio público». A su juicio, esta práctica ha sido usual en los ERE de empresas mineras en crisis y en nada diferente a lo hecho en otras explotaciones.

Estévez se extraña de que nadie haya dicho que las vidas laborales deben ser aprobadas por la Administración central: «Sin su consentimiento, las soluciones arbitradas no son viables».

La empresa minera de Riotinto se negó a firmar los documentos del ERE porque, dice Estévez, «no podíamos aceptar sin incurrir en graves responsabilidades como gestores que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001, cuando en realidad su actividad cesó en 1987, y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta».