Y no admiten que el Ejecutivo se escude en la Justicia ni que aparente una firmeza que no aplica: «Es el Gobierno quien debe aportar las pruebas necesarias para frenar los planes de ETA».
Ni una sola de las líneas del comunicado en el que se anuncia la manifestación para el próximo 9 de abril, tiene desperdicio. Las víctimas desconfían del escenario político actual -y no sólo del Gobierno- y advierten de que no está en juego únicamente la «derrota definitiva» de ETA sino la consideración de España como un «régimen de derechos y libertades».
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«ETA no puede concurrir a las urnas ni bajo las siglas de un partido nuevo, ni a través de las agrupaciones electorales, ni empotrada en ningún partido legal», insisten las víctimas de ETA. Y rechazados los «subterfugios» o «disfraces» que pueda utilizar la organización para regresar a las instituciones, aseguran que para ellas es «ofensiva y grave la complacencia, incluso la euforia y 'esperanza'» con la que destacados dirigentes de distintos partidos políticos nacionales «han saludado la última trampa electoral de ETA». Recuerdan a quienes así se han expresado que el regreso a las instituciones de la banda «sería un paso terrible en la peor dirección, porque liquidaría la esperanza de derrotar» a la banda.
No citan quiénes han sido los políticos que les soliviantan con sus actitudes, pero en las últimas semanas -y de forma más intensa tras el comunicado de ETA y en especial tras la presentación de Sortu- la palabra o el concepto de «esperanza» se ha incorporado al discurso del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, del lehendakari, Patxi López, o del secretario del PP vasco, Iñaki Oyarzabal.
Las víctimas denuncian el «doble discurso de quienes proclaman su firmeza contra el terrorismo, pero no hacen todo lo que pueden y deben» para conseguir la derrota efectiva de ETA. «Reclamamos menos retórica y más claridad, menos cálculo y más determinación», dicen.
Además de este reproche, realizan dos apelaciones directas al Gobierno. La primera, que no diga que la responsabilidad de las legalizaciones está en «exclusiva» en los tribunales. Sostienen que los «intentos» que han detectado de eludir responsabilidades por parte del Ejecutivo les parecen especialmente «alarmantes» y meras excusas, porque es el Gobierno el que proporciona las pruebas a los jueces y porque hay precedentes de que «cuando ha habido voluntad política, ETA ha fracasado y cuando esa voluntad ha faltado, ETA ha conseguido eludir la ley».
La segunda apelación al Gobierno es referente a los presos, el objeto de una política penitenciaria que el Ejecutivo asegura que está destinada a la división de la banda pero que, como resultado inmediato, ha generado acercamientos y más que controvertidas salidas de prisión. Son, además, el segundo caballo de batalla de Batasuna y ETA. «Rechazamos», anuncian, «los apaños penitenciarios que tienen por objetivo reducir el tiempo en prisión de los asesinos de ETA. Condenamos la perversa política del palo y la zanahoria que hurta a las víctimas, sin contar con ellas y bajo engaño, su principal derecho: la Justicia». «No aceptamos que ningún terrorista salga por la puerta de atrás de Nanclares y exigimos el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las condenas».
Las víctimas piden el apoyo y la «fuerza» de los ciudadanos porque consideran que la sociedad española se está jugando algo tan importante como la «dignidad de la democracia» en nuestro país y «la consideración de España como un régimen de Derechos y Libertades», según el concepto aplicado por el Tribunal de Estrasburgo. Recuerdan, en este sentido, que la «impunidad política o penal» de los terroristas iría en contra de los valores democráticos de Justicia y Libertad y se aferran de nuevo al tribunal europeo para el caso concreto de las elecciones: «Dicho Tribunal sentenció que la ilegalización de Batasuna era una 'necesidad social imperiosa'. Hoy, la necesidad social imperiosa es mantener a Batasuna fuera de la legalidad».
Convoca la AVT y, a la principal asociación, se ha unido el resto -hoy se esperaba la confirmación por escrito del anuncio verbal de asistencia realizado ayer por las federaciones de Andalucía y Cataluña-. También la Asociación Voces contra el Terrorismo, dirigida por Francisco José Alcaraz, que convocó una manifestación con los mismos fines hace dos semanas. Alcaraz preguntó ayer al resto de las asociaciones por qué no se sumaron entonces. Los organizadores de la convocatoria aseguran que cerraron la fecha cuando tuvieron asegurada la participación de la mayoría.
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Las víctimas se unen para que ETA no esté en las elecciones
MARÍA PERAL / Madrid
Menos pena a cuatro etarras por el retraso de la Audiencia en juzgarlos
La Sala Penal del Supremo ha rebajado sustancialmente las penas impuestas por la Audiencia Nacional a cuatro miembros y colaboradores de ETA, condenados por realizar tareas de información sobre posibles objetivos de la banda y por ayudar a captar a nuevos terroristas. La disminución de las condenas se debe a las notables dilaciones en que incurrió la propia Audiencia Nacional, órgano especializado en casos de terrorismo.
El retraso injustificado del proceso fue tal que, al juzgar los hechos, la propia Audiencia ya aplicó la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Ello se tradujo en el fallo: Zugaitz Izagirre y Carlos Moisés Martín, a los que se hubiera podido imponer hasta 12 años de cárcel por integrarse en comandos de ETA, fueron condenados a siete años de prisión cada uno, mientras que Regina Maiztegi, Alberto González y Mikel Gariondo recibieron, como colaboradores de la banda, una pena de seis años de cárcel que hubiera podido llegar a los 10 años de no haberse apreciado la atenuante.
El Supremo ha estimado ahora en parte los recursos de casación interpuestos por los condenados. Mikel Gariondo ha resultado absuelto por falta de pruebas de cargo. La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Maza, razona que Gariondo fue condenado por una declaración ante la Policía (de la que se retractó en el Juzgado) en la que «se limitó» a dar los nombres de varias personas que él habría facilitado al dirigente de ETA Ibón Fernández Iradi, alias Susper. En el juicio explicó que se sintió presionado por la Policía y que dio esas identidades porque eran vecinos suyos y sabía que estaban condenados por su relación con la banda. El Supremo resalta que no hubo otras corroboraciones contra Gariondo y que la propia Audiencia absolvió a otros acusados que en sus declaraciones policiales relataron con más detalle sus contactos con Susper.
Los siete años de cárcel impuestos a Izagirre y Martín han quedado reducidos a tres años, y los seis años que pesaban sobre Maiztegi y González se han quedado en dos años de prisión. La Sala Penal les ha aplicado de forma muy cualificada la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, lo que permite imponer las penas mínimas.
El Supremo sostiene desde 1999 el criterio de que hay que compensar, rebajando el castigo, las dilaciones «excesivas e indebidas» de los tribunales que no sean atribuibles al acusado ni a su actuación procesal. En este caso, «los hechos ocurren entre el año 1995 y agosto de 2002 y la sentencia que los enjuicia en la Audiencia Nacional es de 5 de abril de 2010, es decir, casi ocho años posterior», destaca.
El Alto Tribunal califica de «desproporcionada» la duración del procedimiento, «lo que en modo alguno puede justificarse por la complejidad de la investigación o de los hechos». La misma Audiencia Nacional destacó que «las diligencias sustanciales, incluidos los informes policiales, se encontraban practicadas en el año 2003».
El proceso lo inició el juez Baltasar Garzón en octubre de 2003, pero no fue hasta julio de 2005 cuando se dictó el auto de procesamiento, ya con el juez Grande-Marlaska al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El sumario llegó a la Sección Penal Tercera a principios de 2006. El Supremo aprecia «lapsos de tiempo considerables de absoluta e incomprensible inactividad procesal», como los más de cinco meses que tarda el fiscal en informar a favor de la conclusión del sumario, los seis meses que empleó la Sección en acordar esa conclusión o los 10 meses que invirtió en fijar la vista de una cuestión previa al juicio, «dilaciones que se produjeron hallándose los acusados en prisión preventiva, lo que agrava su significación».
Otra vez a la calle, El gobierno no espabila. Si sortu no puede ser legalizado, solo tienen que decir que no, pero si lo meten en el juzgado, es para manipular la sentencia, y ellos eximirse de culpa. Son unos hipócitas.
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