MARÍA RIONEGRO / Sevilla/ El Mundo
La Fiscalía ha realizado la misma petición para los otros tres acusados de cohecho: el director de Mercasevilla, Fernando Mellet; el subdirector, Daniel Ponce; y la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira.
Todos ellos, según el fiscal, participaron en el intento de cobrar 450.000 euros en comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza a cambio de adjudicarles la explotación y gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
La investigación se originó tras la denuncia de los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, a los que los directivos de Mercasevilla intentaron extorsionar, y a partir de estas pesquisas se destaparon un sinfín de irregularidades en la gestión de la empresa mixta Mercasevilla, de la que el Ayuntamiento de la capital hispalense posee el 51% de las acciones, siendo su socio la empresa estatal Mercasa.
La juez que instruye el caso ha abierto ya diligencias por cuatro causas separadas: la petición de comisiones ilegales, un delito societario, la venta fraudulenta de terrenos del mercado y la introducción de falsos trabajadores en los expedientes de regulación de empleo subvencionados con fondos públicos.
En el escrito de conclusiones, el fiscal determina que el ex delegado de Empleo «se puso en contacto con Fernando Mellet y de común acuerdo, con el fin de obtener un bien ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar [La Raza] una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros (…). Enterados de dicha decisión, los también acusados Daniel Ponce y Regla Pereira aceptaron colaborar con los otros acusados».
Según el relato del Ministerio Público, los entonces directivos de Mercasevilla concertaron con los empresarios de La Raza una reunión tras la obtención de la subvención de la Consejería de Empleo. En este encuentro, que se produjo el 16 de enero de 2009, Ponce manifestó a Pedro Sánchez Cuerda -dueño del grupo hostelero- que debía entregar 300.000 euros a cambio de la gestión de la escuela, so pretexto de que era «una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía».
Además, en esta misma reunión Ponce le dijo al empresario que La Raza debía hacerse cargo de los gastos derivados de la instalación eléctrica de la parcela en donde se ubicaría la futura escuela de hostelería, lo que supondría otra entrega de 150.000 euros. La directiva Regla Pereira estuvo parcialmente presente en ese encuentro y «asintió» ante las peticiones de Ponce.
El 27 de enero de 2009, tuvo lugar una nueva reunión en la que Mellet y Ponce volvieron a exigir, presuntamente, esta vez a Pedro Sánchez Cuerda y a su socio José Ignacio de Rojas, la comisión ilegal como «colaboración con la Junta» y «prometiéndoles que, si accedían a entregar el dinero, obtendrían luego favores» como más subvenciones para futuros cursos o la concesión de todos los catering que se organizaran.
La Fiscalía de Sevilla considera a los cuatro imputados funcionarios públicos y les imputa un supuesto delito de cohecho tipificado en el artículo 425.1 del Código Penal para «la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva, presente o admitiera ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado». Este delito está penado con una multa del triple de la cantidad solicitada y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a tres años y no conlleva pena de prisión.
No hay pruebas definitivas sobre los supuestos beneficiarios de este dinero. Los ex directores de Mercasevilla dijeron a la Policía Judicial que actuaron por órdenes de Antonio Rivas, mientras que uno de los empresarios, Pedro Sánchez Cuerda, aseguró a la juez que su impresión era que los 450.000 euros se los iban a repartir entre la Junta (300.000 euros) y Mellet y Ponce (150.000 euros).
Como van a pedir cárcel para sus colegas, eso es de muy mala educación.
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