TOÑI CARAVACA / Córdoba/ El Mundo
En concreto, el organismo supervisor, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, a cuyo frente estaba entonces el propio Griñán, mostró abiertamente su «disconformidad» con la fórmula con la que se han financiado decenas de expedientes de regulación de empleo (ERE) en un informe de 2005.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo andaluz calificó ayer de «discrepancia» lo que en su día recogió la Intervención de Hacienda. Griñán dijo que es «verdad» que este organismo, «en un momento determinado, hace no una impugnación del procedimiento, sino que considera que hay discrepancia con el gestor».
No obstante, reiteró que, con posterioridad, la Intervención realizó una auditoría en la que se constató «una correcta aplicación de los fondos». Por lo tanto, «no es en la aplicación de los fondos donde hace reparo la Intervención, que ve que se están aplicando correctamente, sino en el hecho de que el procedimiento debe mejorar».
Griñán destacó que dicho procedimiento cambió por ello en 2008 y volvió a hacerlo en 2010. Por otro lado, quiso aclarar que, a pesar de que se dijera que «eran fondos opacos, está archidemostrado que figuraban en las leyes de presupuestos, año a año y, por lo tanto, se han debatido en el Parlamento y se han hecho incluso enmiendas a esos fondos determinados. No hay irregularidad».
Griñán presumió en Cabra (Córdoba) de que fue la propia Junta la que inició el procedimiento presentando la correspondiente denuncia. Lo cierto es que la Junta llevó a la Fiscalía una cinta en la que se recogía el audio del intento de soborno a unos empresarios. Dicha cinta dio pie al caso Mercasevilla cuando ya el PP lo había denunciado ante la juez.
El líder del Ejecutivo andaluz quiso resaltar que la Junta «ha ido colaborando con todo lo que pedía la instrucción de la causa pero también en lo que no pedía y nosotros considerábamos que podía ser una actuación irregular», e insistió en que la Administración autonómica ha «ido más allá de los requerimientos del propio juzgado».
Como prueba, apuntó, «ayer mismo [por el martes] mandamos una relación donde aparecen personas que acreditan el derecho teórico a cobrar una póliza sin que fueran parte del ERE». Cabe destacar que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado a la policía investigar todos los ERE entre 2002 y 2010.
Griñán no confirmó si habría algún otro ex alto cargo socialista beneficiado además de los tres conocidos, aunque sí dijo que «no es bueno que especulemos ni hablemos de personas que pueden ser inocentes».
En su opinión, cabe la posibilidad de «que la trama urdida en torno a los expedientes puede utilizar también nombres falsos para percibir recursos». Griñán insistió en que no quería «hablar de nombres». Y añadió: «Puede ser o puede no ser, pero hay que entender que de las personas que figuran ahí, muchas pueden ser perfectamente inocentes».
Además, destacó que la Junta ha solicitado la personación en la causa, ha pedido al consejero de Empleo que comparezca en el Parlamento y enviará todos los expedientes a la Cámara de Cuentas. «Mayor colaboración que ésa es difícil encontrar en otra comunidad», dijo.
ANTONIO SALVADOR / MANUEL ESTÉVEZ Sevilla / Jerez
La Junta pagó un ERE antes de presentarlo
La dirección general de Trabajo y Seguridad Social, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, concedió en 2008 un incentivo económico a González Byass para prejubilar a 94 trabajadores de más de 53 años antes incluso de que la empresa bodeguera planteara formalmente ante la autoridad laboral el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Entre los beneficiarios estaba Antonio Fernández, entonces consejero de Empleo y trabajador de la bodega en excedencia.
La empresa jerezana, en la que Fernández entró como botones a los 14 años, solicitó el 21 de abril de 2008 un ERE tras pactarlo con la representación de la plantilla. La petición fue aprobada ocho días después por un subordinado directo del entonces consejero, concretamente por el delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza.
EL MUNDO ha podido saber que la Consejería de Empleo aprobó cinco días antes de que González Byass solicitara oficialmente la extinción de contratos una ayuda sociolaboral vinculada a este ERE por importe de 19,75 millones de euros. Este incentivo para el pago de las prejubilaciones fue refrendado por Juan Márquez, el director general de Empleo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero.
Fuentes de Uniter, la empresa que actuó como mediadora, dijeron ayer a este periódico que lo «normal» es que las ayudas se aprueben antes de que se solicite autorización a la autoridad laboral para extinguir los contratos. «El comité de empresa no firma el ERE si no tiene las ayudas garantizadas», aseguraron.
De esta forma, los beneficiados recibieron una indemnización a razón de 20 días de sueldo por año trabajado más el cobro de la parte correspondiente de la ayuda sociolaboral concedida por la Junta.
Las fuentes consultadas dijeron que un informe realizado por un prestigioso catedrático gaditano de Derecho del Trabajo llegó a la conclusión de que Fernández -que no cumplía los 53 años hasta el 16 de julio de 2009- estaba obligado por «imperativo legal» a sumarse al ERE por su situación de excedencia forzosa, puesto que si no se incluía seguiría en activo cuando acabara el desempeño de cargo público y tendrían que reservarle el puesto.
La Junta de Andalucía ha asegurado que Fernández no ha cobrado ninguna cantidad por el momento y el propio ex consejero ha manifestado que no tenía intención de hacerlo mientras ocupe un cargo público. Ahora es diputado, pero podría dejar de serlo en marzo de 2012 y, entonces, cobrar la indemnización.
P&R
JAVIER RUBIO
SEBASTIÁN TORRES / Sevilla
Las claves del escándalo de las falsas prejubilaciones
Habrá un antes y un después en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) costeados por la Junta de Andalucía. El martes, la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, cambió el discurso oficial y admitió que se ha podido realizar «un uso indebido» de los 700 millones de euros de dinero público que se han destinado a pagar prejubilaciones desde el año 2001. Éstas son algunas de las claves para entender lo que la oposición ha calificado como el mayor escándalo de la historia de la autonomía andaluza.
1¿Qué es un ERE o expediente de regulación de empleo?
Se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un despido colectivo o la suspensión temporal de contratos laborales dentro de una empresa. La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo debe autorizar el procedimiento, que está sometido a los controles de la Inspección de Trabajo.
2¿Todos los ERE los paga la Junta de Andalucía?
No. La Junta de Andalucía ha venido costeando sólo algunos de los ERE autorizados en Andalucía en los últimos 10 años. En teoría, se han beneficiado empresas en crisis a las que la Consejería de Empleo incentivaba para evitar el cese de la producción y la pérdida de la actividad económica. Pero el procedimiento era tan arbitrario que, en el caso de Mercasevilla, el comercial de Vitalia Vida -el broker o correduría de seguros que intermedió- declaró a la Policía Judicial que fue él quien planteó a la empresa las «bondades» de un ERE.
3¿Cómo se pagaban estas prejubilaciones?
El broker -Vitalia Vida o Uniter, las dos empresas que, en exclusividad, se han repartido el negocio, según la Policía Judicial- calculaba qué cantidad había que pagar a cada trabajador en función de su antigüedad en la empresa, su salario y sus circunstancias personales. Posteriormente, se encargaba de seleccionar la aseguradora con la que se contratarían las pólizas. Una vez que los trabajadores ejercían su derecho a prejubilarse, esta aseguradora les ingresaba mensualmente las cantidades pactadas en una cuenta corriente hasta cumplir 65 años.
4¿Cobran estos 'brokers' por esa intermediación?
Evidentemente, sí. Parece lógico que la compañía de seguros finalmente contratada les pague una comisión. Pero además de los brokers citados, existen otras empresas que intervienen como asesoras en el proceso de negociación colectiva o incluso negociadores profesionales como el ex sindicalista jienense Juan Lanzas. La Policía Judicial advierte de distintas formas de cobro. Una, el pago por un informe que nunca existió; otra, la emisión de pólizas a nombre de falsos prejubilados que reciben así una paga mensual.
5¿Quiénes son esos intrusos o falsos prejubilados?
Los que se conocen a día de hoy se podrían clasificar en tres grupos: los vinculados al PSOE, los vinculados a los sindicatos y los vinculados a los que participaron como intermediarios en los ERE.
6¿En qué fase se incluyeron esos falsos prejubilados?
Los 37 casos que admite la Junta de Andalucía corresponden a trabajadores que no aparecían en el listado del ERE aprobado por la autoridad laboral y que, en cambio, sí aparecen como beneficiarios de pólizas. En esos casos, los nombres se incluyeron al formalizar las pólizas, y hay otros que la Junta de Andalucía no ha detectado y la Policía Judicial sí.
7¿Quién podía incluir a los intrusos en los listados?
Los 37 que admite la Junta de Andalucía debieron ser incorporados por la persona que autorizó a la compañía de seguros la firma de las pólizas, es decir, el director general de Trabajo y Asuntos Sociales, Francisco Javier Guerrero. No obstante, como todos esos ERE fueron pactados entre empresas y sindicatos, ambos podrían haber incluido a falsos empleados en los listados sometidos a la supervisión de la autoridad laboral. En esta hipótesis, sólo la negligencia o la connivencia de la Delegación Provincial de Empleo o la Inspección de Trabajo explicaría que los intrusos se incluyeran con éxito.
8¿De dónde sale el dinero para las prejubilaciones?
Sale del Presupuesto de la Junta de Andalucía, en concreto de una transferencia de financiación de explotación que la Consejería de Empleo realiza al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), convertido después en la Agencia IDEA.
9¿Se pueden usar esos fondos para financiar despidos?
Las transferencias de financiación de explotación son fondos que la Junta de Andalucía inyecta en sus organismos autónomos, empresas o agencias empresariales como la Agencia IDEA, «para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores», según la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas. Las transferencias no aplicadas a estos fines deben ser reintegradas a la Tesorería de la Junta. Es evidente que el uso de esos fondos para pagar despidos no responde al fin que marca la ley para las transferencias de financiación.
10¿Por qué el uso de los fondos ha sido ilegal?
No sólo se han usado estas transferencias para fines distintos a los que marca la ley. Además, las ayudas a empresas en crisis se han adjudicado al margen de la normativa de subvenciones. En todos los ERE, al menos desde 2001, se ha omitido la obligatoria publicación en el Boletín Oficial de Andalucía y la autorización del Consejo de Gobierno en casos de más de tres millones de euros.
Según esto, siguen las corruptelas del psoe en el cortijo de andalucía. Es un feudo de siempre de los pijos rojos, que cada vez se han echo más progres, y necesitan mangonear más.
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