El Congreso permitirá a los militares afiliarse a partidos

ROBERTO BENITO / Madrid/ El Mundo

PP y PSOE son favorables a modificar la ley de derechos y deberes / El Consejo de Personal emitirá informes preceptivos

Más de un año después de que Carme Chacón anunciara en enero de 2010 la elaboración de una ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la normativa entra esta semana en su fase definitiva de tramitación en el Congreso con previsión de que haya modificaciones importantes respecto al proyecto remitido por el Gobierno.

Las dos jornadas de comparecencias de expertos y representantes de las asociaciones militares que se celebraron la semana pasada, han terminado siendo definitivas para impulsar algunos cambios que los grupos están en disposición de aprobar. Entre ellos, que se permita a los militares afiliarse a partidos políticos o que el Consejo de Personal, el órgano en el que estarán representados, emita informes preceptivos.

El plazo de enmiendas finaliza mañana, aunque fuentes parlamentarias indicaron que la mayoría de las modificaciones se realizarán más adelante a través de enmiendas transaccionales, que surgirán en el arduo debate que se prevé sobre una norma que regula derechos fundamentales de un colectivo de 130.000 personas.

NEUTRALIDAD POLÍTICA. Uno de los principales asuntos en que se centraron las comparecencias fue cómo se materializa la neutralidad política que se exige a los miembros de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley es muy conservador y prohíbe a los militares realizar actividades políticas de cualquier tipo y los grupos están dispuestos a introducir cambios.

Hay unanimidad en que los militares deben mantener la neutralidad política en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, hay elementos que se van a permitir. El principal, que se puedan afiliar a partidos político, ya que se entiende que ese mero acto no vulnera la neutralidad de los militares en su trabajo.

El PSOE, que como teórico defensor del proyecto del Gobierno no es partidario de introducir muchos cambios en él, sí se muestra favorable a permitir la afiliación política. El PP, por su parte, manifestó que el dictamen de los expertos y los militares fue muy claro en este sentido y llevará en sus enmiendas que se elimine la prohibición expresa de afiliación que hay en el proyecto.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Será otro de los ámbitos en los que habrá discusión. El proyecto de ley es muy ambiguo, como señalaron muchos comparecientes, al señalar que la libertad de expresión sobre decisiones de los poderes públicos, de los tribunales y de los mandos militares estará sujeta «a los límites derivados de la disciplina».

Para el PP, este es uno de los apartados que hay que rehacer «clarísimamente», para que sea mucho más garantista, preciso y estricto con las limitaciones. Otros grupos no tienen aún una opinión concreta, pero se muestran favorables a garantizar lo máximo posible la libertad de expresión y a definir mejor los límites.

CONSEJO DE PERSONAL. Destinado a ser el órgano de representación de los militares, el Consejo de Personal es la clave de toda la ley, el que definirá en el futuro si la normativa impulsada por Chacón es un éxito o un fracaso. El PSOE tiene, por tanto, un especial interés en que el sistema que articula la ley funcione y en este asunto está dispuesto a introducir modificaciones importantes.

El principal problema es que el futuro Consejo no sea representativo y carezca de funciones reales, lo que provocaría el mantenimiento de la situación actual, en la que los militares recurren a la litigiosidad para intentar resolver los asuntos de personal que les afectan, como se ha demostrado con toda crudeza con la Ley de la Carrera Militar, que en sólo tres años de aplicación ha provocado miles de recursos interpuestos por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Siendo las asociaciones militares la clave para que el Consejo funcione, el PSOE quiere que éstas sean «fuertes» y tengan altas cuotas de afiliación. Para lograrlo, va a proponer la introducción de un nuevo artículo en el que se describa cuáles van a ser las funciones del Consejo, y van a incluir entre ellas que el organismo realice informes preceptivos que remitirá al Gobierno en todos los asuntos de personal.

Con este sistema, que el PP también defiende, el Ministerio de Defensa no podrá tomar ninguna decisión que afecte a la carrera de los militares sin antes escuchar a sus representantes, lo que supone un gran cambio respecto al proyecto actual, en el que sólo se contempla que el Gobierno podrá escuchar lo que el Consejo tenga que decir.

ELECCIONES. Quizá la principal reivindicación de las asociaciones ha sido que los miembros del Consejo de Personal se elijan mediante elecciones, exactamente igual que en la Guardia Civil. La reclamación fue apoyada por varios de los expertos, pero los dos principales partidos mantienen un acuerdo para que no haya elecciones en los cuarteles.

LIBERTAD RELIGIOSA. A propuesta de varios de los comparecientes, tanto socialistas como populares están dispuestos a introducir un nuevo artículo que reconozca la libertad religiosa de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Actualmente sólo se recoge en el preámbulo del proyecto de ley, pero los dos grupos admiten que sería necesario hacer explícito que, por ejemplo, a ningún militar se le puede obligar a participar en un oficio religioso contrario a sus creencias.