JOAQUÍN MANSO / Madrid/ El Mundo
Editorial en página 3
El escrito presentado la semana pasada por el letrado José María de Pablos se dirige, a través de la juez Coro Cillar, a la Dirección General de la Policía y a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía para que acrediten las responsabilidades que, de acuerdo con los protocolos de actuación y el reglamento de los Tedax, correspondían a Manzano en lo que respecta a la custodia y análisis de los restos de explosivos.
La Asociación pidió la normativa de los artificieros en febrero, por primera vez, y la respuesta de Interior a la juez al mes siguiente fue que la Resolución de 19 de mayo de 1989, sobre Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, tiene carácter secreto y, por tanto, no podía atender su petición. Es decir: el Ministerio niega a las víctimas del 11-M un documento que sí autorizó a que Sánchez Manzano utilizase en su fracasada demanda privada contra EL MUNDO.
El ex jefe de los Tedax usó ese reglamento para fundamentar una reclamación personal de 300.000 euros. El juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial siguieron las tesis del letrado de este diario, Juan Luis Ortega, e interpretaron esa normativa en sentido opuesto al de Manzano: lo que confirma es, precisamente, que el comisario evitó que la Policía Científica llevase a cabo análisis de los explosivos con valor probatorio en un juicio y que incumplió el protocolo de custodia de las muestras de dinamita.
El propio Sánchez Manzano tuvo que reconocer ante el juez Juan del Olmo que su unidad sólo contaba con «medios elementales» y que sus análisis no podían considerarse científicos. Pese a ello, y a que sus pruebas ofrecieron un resultado inservible a efectos de la investigación -sólo detectaron «componentes genéricos de la dinamita»-, el jefe de los Tedax no remitió a la Policía Científica el material recogido en los focos. Asimismo, todos los peritos se quejaron ante el tribunal del 11-M de que únicamente pudiesen contar con 23 pequeñas muestras, pese a que los artificieros reconocieron haber recogido cientos y afirmaron que, en contra de lo declarado por Manzano, muchas de ellas no se destruyen jamás porque tienen un valor evidente en la investigación.
Además, el propio Gobierno había divulgado ya parte de esos datos en 2006 en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Alicia Castro.
Tras esa primera negativa, la asociación simplificó en marzo su petición y reclamó que únicamente se contestase a dos cuestiones muy concretas: por un lado, si es cierto que la competencia para realizar los análisis periciales sobre las muestras recogidas en los focos corresponde al laboratorio de la Policía Científica, y no a los Tedax; y, por otro, si la custodia del material recogido en los focos de las explosiones que queda a disposición judicial es responsabilidad del jefe de la Unidad Central de los Tedax, cargo que desempeñaba Manzano hasta su destitución por su actuación en la investigación de los atentados.
La Asociación consideraba que así se eliminaba cualquier posibilidad de perjudicar la seguridad de los artificieros. Pero la respuesta de Interior volvió a ser que esos datos afectan «al ámbito de la información y la lucha antiterrorista, así como a las técnicas operativas utilizadas en este campo por las Unidades de Desactivación de Explosivos, la cual, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16-02-1996, es materia clasificada con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales». Conforme a esta norma, sería necesaria la previa desclasificación por parte del Consejo de Ministros para poder entregar el documento.
Tras comunicar la negativa a la juez, la Dirección General Operativa indicó que, si el juzgado considera «sustancial para el desarrollo de la causa» contar con esa resolución, podría «estudiar fórmulas que resulten más convenientes y ajustadas a Derecho, que coadyuven al mejor desarrollo de la causa».
Precisamente a esta última fórmula se ha agarrado la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que sí considera indispensable disponer de la norma que fija las responsabilidades de Sánchez Manzano, y reiteró su petición en abril, en septiembre y, de nuevo, por quinta vez, la semana pasada, sin obtener ninguna respuesta.
En su escrito de la semana pasada, las víctimas reiteran también su petición a la Policía para que identifique a los tedax «que se encargaron personalmente de trasladar desde los andenes de las estaciones hasta las dependencias de la Unidad Central las piezas de convicción recogidas el 11 de marzo de 2004 en cada uno de los escenarios de los atentados del 11-M». Sobre este asunto, llevan esperando desde marzo.
Cuando finalmente lleguen las respuestas de Interior, el interrogatorio a estos tedax puede ser la última diligencia que dé paso a la conclusión del procedimiento. En ese momento, la juez decidirá si hay elementos para sentar a Sánchez Manzano en el banquillo por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
Siento vergüenza ajena al leer esto, que el ministerio se niegue a dar unos papeles, que han aparecido en diversos medios e incluso en manos del komando Barcelona en su día, según relataron los medios, y que a una asociación de víctimas se les haga caso omiso, eso deja mucho que desear de dicho ministerio, y dice mucho de su titular.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).