Quien obstruye la Justicia no puede liderar España

Editoral / El Mundo

AL TENEBROSO papel desempeñado por Alfredo Pérez Rubalcaba en el encubrimiento de los GAL en la etapa de Felipe González, se suma ahora su labor de obstaculización de la Justicia en la investigación del 11-M y del caso Faisán, verdaderos agujeros negros de su segunda época en el poder que pueden acabar con sus ya nada escondidas ambiciones presidenciales.

EL MUNDO revela hoy que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha pedido a la juez que instruye la querella contra el comisario Sánchez Manzano que actúe por un delito de desobediencia contra los responsables policiales que se niegan a facilitar el reglamento de los Tedax. En el mismo escrito, la Asociación solicita por quinta vez información sobre los agentes que participaron en la recogida de las muestras donde había restos de los explosivos utilizados en la masacre del 11-M y sobre los procedimientos de los Tedax, dirigidos entonces por Sánchez Manzano.

Interior se lleva negando desde febrero pasado a proporcionar a la juez que instruye la querella esos datos. Pocas semanas después de la primera petición, Interior respondió que no podía facilitar tal información al considerar que afectaba a la seguridad del Estado. Tras recibir esa respuesta, la Asociación de Ayuda a las Víctimas volvió a insistir en su petición en marzo. Y luego volvió a hacerlo en abril. También en septiembre. Y ahora, con fecha 14 de diciembre, pide a la juez que reitere la misma exigencia a Interior, a la vista de que ya han transcurrido más de nueve meses sin respuesta.

En su nuevo escrito, la Asociación de Ayuda a las Víctimas solicita a Interior que facilite los números de los carnets de los agentes y que responda a tres preguntas: si la Policía Científica tenía competencias para investigar la naturaleza de los explosivos, si los Tedax tenían la obligación de custodiar los restos y si tenían el deber de guardarlos a disposición de la autoridad judicial.

Interior se ha negado hasta ahora a proporcionar tan elemental información pese a que el reglamento de los Tedax fue hecho público por el Gobierno en 2006 en una respuesta parlamentaria y pese a que Sánchez Manzano aportó como prueba ese protocolo de actuación en su procedimiento civil contra EL MUNDO en el que pedía 300.000 euros de indemnización. Ello corrobora la mala fe con la que está actuando Rubalcaba, que simple y llanamente se niega a colaborar con la Justicia y obstaculiza un procedimiento judicial, ya que es insostenible que una información de esa naturaleza sea secreta.

Esa misma actitud es la que ha venido manteniendo el ministro del Interior desde que el juez Grande-Marlaska comenzara a investigar el chivatazo del bar Faisán de Irún en mayo de 2006. Jamás se ha dignado a dar la menor explicación, amparándose en que el asunto está sub iudice, a pesar de que el PP le ha preguntado sobre la cuestión en el Congreso en más de 50 ocasiones.

El MUNDO revela hoy que Baltasar Garzón, que se hallaba en Nueva York de permiso impartiendo cursos, llamó por teléfono a Grande-Marlaska el 3 de mayo de 2006, la víspera del día en que estaba prevista la detención de Joseba Elosua al cruzar la frontera, operación que luego quedaría frustrada por el chivatazo.

Garzón le pidió a Grande-Marlaska que no actuara contra Elosua, que era una de las cabezas de la red de extorsión de ETA. ¿Qué interés tenía Garzón en este asunto? ¿Quién le había informado de una operación tan secreta?

El ministro del Interior era entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, que tampoco ha querido colaborar con la Justicia en esclarecer una trama de obvio carácter político, sobre todo desde que EL MUNDO revelara el encuentro que probablemente ese mismo día 3 de mayo Eguiguren mantuvo con Elosua en el propio bar Faisán.

En cambio, Rubalcaba sí que respondió ayer a la información de que el CNI había pinchado el móvil de los controladores. En una escueta nota, Interior afirma que «el ministro nunca ordenó la interceptación de las comunicaciones de ningún ciudadano».

Ya sabemos que son los jueces los que ordenan el pinchazo de los teléfonos, pero Rubalcaba no puede eludir su responsabilidad porque es vicepresidente del Gobierno y, por tanto, responsable de los actos del CNI, en cuya documentación interna existe constancia de la operación. El PP le va a pedir con todo fundamento explicaciones parlamentarias.

Ayer Rubalcaba se plantó en Afganistán con el pretexto de felicitar la Navidad a las tropas. Nunca un ministro de Interior se había ocupado de asuntos tan exteriores. Todo indica que utilizó a nuestros soldados como atrezzo para promocionarse como sustituto de Zapatero. Pero sería una ofensa a la democracia y un desafío a los demócratas que alguien con esta trayectoria de obstrucción a la Justicia osara postularse para la máxima magistratura del poder ejecutivo.

El Partido Popular debe apoyar al Gobierno y no hacer electoralismo