CARLOS SEGOVIA / Madrid/El Mundo
Según el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO, el artículo 18, titulado «Colaboración especial contra el fraude», prevé la fundación de «una unidad especializada en la investigación y persecución del fraude en la Seguridad Social que dependerá orgánicamente del Ministerio del Interior».
Sin perjuicio de que pueda actuar como «policía judicial», esta unidad realizará investigaciones en el marco de las «directrices y prioridades» marcadas por el presidente de la nueva Administración Única, que será el secretario de Estado de Seguridad Social. Actualmente este puesto lo ocupa Octavio Granado, responsable también de Economía en la Ejecutiva Federal del PSOE.
El campo de investigación de esta nueva unidad policial puede ser muy amplio: empresas que no cotizan lo que deben por sus empleados, redes que aseguran pensiones de invalidez a quienes no lo merecen o presuntos jubilados que siguen trabajando. El estudio Schneider, uno de los más prestigiosos en la materia, cifra la economía sumergida en España en el 19,8% del Producto Interior Bruto (ver página 33). Otras entidades van incluso más allá; por ejemplo, una reciente publicación del Círculo de Empresarios eleva el listón hasta el 25%.
«En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios tendrán acceso a la información con trascendencia en la materia», incluidos los «datos, informes y antecedentes», según el citado artículo, que no excluye que puedan ver, al igual que los inspectores de Trabajo, «los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado incluso sin necesidad de conocimiento del afectado». El plan está provocando ya recelo en el cuerpo de inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, porque en vez de reforzar sus medios, el Gobierno se inclina por complementarlos con la Policía.
El borrador de anteproyecto de Ley enmarca esta medida dentro del proyecto de «racionalizar» el sector público con la creación de la Administración Única de la Seguridad Social. Tendrá las funciones de afiliación, recaudación y gestión de prestaciones con «los principios de unidad patrimonial, solidaridad financiera y caja única». El anteproyecto declara extinguidos el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General, la Gerencia Informática y el Servicio Jurídico de la Seguridad Social, que pasarán a integrarse en la nueva institución. Sin embargo, no será una administración tan única, ya que admite que quedarán fuera de su ámbito los regímenes especiales de la Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. También renuncia de forma expresa a la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo y los servicios sociales, aunque no a la recaudación de las cuotas correspondientes.
El nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, evita así intentar recuperar para la Administración Central el Servicio Público de Empleo transferido a las comunidades autónomas. Pero éstas no aparecen mencionadas en ningún apartado del borrador, por lo el ministro de Trabajo no reconoce ninguna de las competencias que éstas se arrogan en algunos estatutos autonómicos en materia de gestión de la Seguridad Social.
Otra singularidad del borrador es el artículo 19.4, que faculta a la nueva Administración Única a entrar en el capital de empresas proveedoras, especialmente informáticas. «Podrá constituir o participar en toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social tenga una finalidad instrumental que posibilite la mejora y la modernización en su actuación, especialmente en los ámbitos de las tecnologías de la información».
Pues nada, otra unidad más.
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