M. RECUERO / A. YANEL / Madrid/El Mundo
La razón de esta nueva estrategia es que el Gobierno necesita al resto de la plantilla para que los centros de control y las torres de los aeropuertos sigan funcionando hasta que entren nuevos controladores civiles o militares, en proceso de formación. Sigue en página 4
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En el Ministerio de Fomento tienen «serias sospechas» de que algunos de los máximos responsables de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) coaccionaron a sus compañeros para que dejaran de trabajar o no se presentaran en las torres de control. Fuentes del Ministerio advirtieron de que esos indicios serán investigados, y apuntaron que si se demuestra la citada conducta, la Fiscalía pedirá un castigo «más duro» para ellos que para quienes se limitaron a no trabajar.
Los responsables de la Usca acudieron a la sede de Fomento hasta tres veces en 15 horas durante el cierre del espacio aéreo. A las 19.00 horas, el secretario general del sindicato, Abel Hernández; el vicepresidente, José Manuel Acevedo; y el asesor jurídico, Francisco Maroto, se reunieron con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, y el director general de Aviación Civil, Manuel Ameijeiras.
A las 03.00 horas de la madrugada del sábado, el presidente de la Usca, Camilo Cela, y el abogado volvieron al Ministerio. Para sorpresa de ambos, se encontraron con el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. A las 10.30 horas, Acevedo y el abogado regresaron a Fomento con la intención de negociar el convenio colectivo del sector, pero la respuesta fue negativa. El asesor jurídico de Fomento que les recibió les informó de que esa negociación deberían hacerla en la mesa creada para ello.
«Hay que saber quién ha dado las indicaciones», señaló Blanco en una entrevista concedida ayer a Onda Cero, a primera hora de la mañana, en la que destacó que «hay excelentes profesionales que quieren cumplir con su trabajo». «Quien faltó a su puesto tiene más responsabilidades que aquel que no trabajó, pero no abandonó su puesto de trabajo», advirtió el ministro.
Tras evaluar la disponibilidad de controladores por parte de Aena para hacer frente a los aviones que aterrizan y despegan cada día en los aeropuertos españoles -sólo en Barajas se contabilizan más de 1.000 vuelos diarios-, Blanco se preocupó bien de elogiar la «profesionalidad» del colectivo y señaló que «muchas veces se sienten presionados para hacer seguidismo de una cúpula». «No estoy tan seguro de que los dirigentes tengan la misma profesionalidad que la inmensa mayoría del colectivo», subrayó.
En España existen 2.400 controladores aéreos, 47 aeropuertos y cinco centros de control -Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla y Canarias-. El pasado viernes, cerca de 500 profesionales decidieron no trabajar en protesta por las condiciones laborales que el Ministerio de Fomento exigió al colectivo. Aena abrió 442 expedientes disciplinarios a presuntos huelguistas.
La situación revela que faltarían controladores en caso de que el Gobierno decidiera sancionar a los 442 trabajadores, a los que podría suspender de empleo y sueldo, o expulsarlos definitivamente de su puesto de trabajo. No obstante, la Fiscalía investigará «caso por caso», en palabras de Conde-Pumpido, pero por la vía ordinaria, no por la militar, ya que desde el momento en que el Gobierno decidió militarizar el control aéreo no se tuvo constancia de que ningún controlador cometiese una ilegalidad.
En el caso de que se pruebe que han cometido un delito contra la navegación aérea, se les pueden imponer dos penas. Una, entre tres meses de arresto y tres años de cárcel por abandonar el puesto de trabajo de manera colectiva y sin justificación. Otra, de tres a ocho años de prisión si esa actitud produce perturbaciones en el servicio aéreo.
Pese a este escenario sancionador, el ministro de Fomento hizo un llamamiento a «pasar página» por la huelga de los controladores y a seguir dialogando sobre el futuro convenio colectivo del sector, que deberá garantizar «los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la ley», apuntó a los periodistas que asistieron ayer al acto conmemorativo de la Constitución.
Para sorpresa de muchos, un portavoz de la Usca -César Cabo, en concreto- se dirigió ayer a la opinión pública para asegurar que el trato que están recibiendo los controladores por parte del Ejército está siendo «exquisito», informa Europa Press. Es más, negó que estén siendo «presionados», como afirmaron en los últimos días varios miembros del colectivo, que llegaron a asegurar que la Guardia Civil entró en las instalaciones amenazándoles con pistolas.
No obstante, no pasó por alto advertir de que, pese a que la plantilla de controladores está trabajando con «aparente normalidad», hay «mucha tensión, porque hay nervios y algunos de los trabajadores incluso han sufrido ataques de ansiedad». En este sentido, subrayó que la huelga salvaje fue «fruto de la presión que el sector lleva viviendo desde hace tiempo».
En lugar de informar sobre los responsables del caos aéreo, Cabo esquivó la culpa del colectivo y denunció que «existe una corresponsabilidad» de la plantilla que «ha saltado al abismo» y de la empresa que le «ha empujado y machacado» desde una gestión «irresponsable». El portavoz de la Usca no dudó al señalar que la reacción de los controladores fue «desmedida», pero reprochó al Gobierno que haya «hecho oídos sordos, apretando más y más», tras las advertencias del sindicato.
«Hay que plantearse qué se le ha hecho a los controladores para que saltaran como lo hicieron el viernes, exponiéndose a una situación como la actual», se jactó César Cabo. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que clarificó la jornada laboral del colectivo, el máximo de horas que debe trabajar y las actividades laborales que no computan como horas operativas de trabajo.
Esa es la verdadera razón, vender, y mala gestión de Aena y el gobierno. Los controladores han saltado porque estaban hasta las narices de unos y de otros.
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