Vera vive en una finca propiedad del Estado desde hace seis años

MARÍA PERAL / Madrid

El desalojo de la residencia fue paralizado hace un año por el Constitucional

Rafael Vera, número dos del Ministerio del Interior con los gobiernos de Felipe González, reside desde hace seis años en una finca que es propiedad del Estado. Son 9.300 metros cuadrados a 35 kilómetros de Madrid que le fueron decomisados en noviembre de 2004 por la Sección Quinta de la Audiencia madrileña. Pero, desde entonces, por la negligencia de la Administración no se ha ejecutado el lanzamiento de Vera y, hace un año, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el desalojo alegando que esta medida le causaría «perjuicios difícilmente reparables» dado que es su residencia familiar.

El Constitucional admitió a trámite en julio de 2005 el recurso de amparo que Vera interpuso contra su condena a siete años de prisión por malversar los fondos reservados que manejaba desde su cargo en Interior.

La condena fue dictada por la Audiencia de Madrid en enero de 2002 y consideró probado que Vera dispuso de «al menos» 3,8 millones de euros (645 millones de pesetas), que en parte fueron para su propio bolsillo (en concreto, 847.427 euros, equivalentes a 141 millones de pesetas) y el resto, distribuido entre algunos de sus colaboradores.

La sentencia de la Audiencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2004. La Sala Penal escribió que «tolerar el despilfarro egoísta de los fondos públicos, asignados a un destino al que no se dedican, dejaría a personas e instituciones sin la debida tutela judicial efectiva».

El Supremo subrayó que «es posible que ni el propio Vera, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída», ya que «ha sido imposible verificar» el monto de los fondos de los que Vera y los otros condenados se adueñaron. Pero, en todo caso, consideraba «de especial gravedad» la malversación cometida, tanto por las cantidades cuya sustracción se acreditó, como por el «entorpecimiento producido al servicio público».

Con el fallo condenatorio ya firme, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid ordenó al Registro de la Propiedad que modificase el titular de la finca de Torrelodones (Madrid) donde la familia Vera tiene su residencia y que hasta ese momento estaba a nombre de Enrique Esquiva, suegro del ex secretario de Estado.

La resolución, fechada el 18 de noviembre de 2004, ordenó que «en lo sucesivo, debe figurar como titular registral de dichos bienes la Administración del Estado». La misma medida afectó a una finca rústica en Alpera (Albacete).

La Audiencia dijo entonces que ambos bienes deberían ser enajenados para cubrir las responsabilidades civiles a las que Vera fue condenado y que ascendían a un total de 3.876.528,08 euros, el dinero malversado.

La ley prescribe que toda condena lleva consigo la pérdida de los efectos obtenidos gracias al delito cometido. En el caso de Vera, los tribunales consideraron probado que tanto la finca de Torrelodones como la de Alpera fueron adquiridas con el dinero malversado en Interior.

La primera es un terreno que cuenta con piscina, pista de frontón y zonas ajardinadas, además de una casa «lujosa y de alta calidad», según la sentencia. La finca de Alpera, de 627 hectáreas, se dedica a secano, labor, monte, viña y almendros. Tiene varias construcciones, entre ellas una vivienda principal y dos para empleados.

El 7 de febrero de 2002, nada más dictar la condena, la Audiencia adoptó la precaución de ordenar que se anotara en el registro la prohibición de enajenar ambas fincas. Pero el fallo no ha determinado un cambio real del uso de ambos bienes: la finca de Torrelodones sigue siendo residencia de Vera y la de Alpera continúa dedicándose a usos agrícolas y ganaderos. La pasada semana, la Audiencia rechazó una petición de la comunidad de bienes constituida sobre la finca de Alpera para que no fueran decomisados los bienes muebles e inmuebles que se encuentran en ella.