“A Moratinos le importan más sus negocios con Venezuela que el terrorismo”

20:09 (16-10-2010)
Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador encarcelado por Chávez denuncia la presencia de las FARC en los estados fronterizos con Colombia y Chávez. “El presidente ha acabado con el Estado de derecho”, afirma.

Belén Palancar.

“Sabíamos que convivíamos con guerrilleros de las FARC. La población estaba atemorizada”. Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado venezolano de Zulia, junto con otras personalidades, consiguieron reunir la suficiente información y contar con pluralidad de indicios sobre la presencia de la guerrilla colombiana en la zona fronteriza para denunciar esta situación en el año 2004.

“Las FARC fueron afianzándose en nuestro territorio y a medida que crecieron crearon sus campamentos, sobre todo en los estados fronterizos, como es el caso de Zulia. Allí la gente vivía con mucho miedo, no hablaban del tema y estaban forzados a cooperar y a permitir que ellos tuvieran sus centros de alimentación y medicinas”, explica en exclusiva a LA GACETA el ex gobernador Álvarez.

Incluso, los líderes de la guerrilla estaban localizados: Iván Márquez en la Sierra del Perijá, Timochenko en el estado de Táchira y el hermano del Mono Jojoy, apodado Grannobles, en Apure. No obstante, con la muerte del Mono Jojoy el pasado mes de septiembre y la información aportada por el Gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, Álvarez expone que los campamentos podrían haber cambiado de situación. “Ahora me consta que hay una nueva operación en marcha y los guerrilleros no están regresando a Colombia, más bien todo lo contrario y prefieren quedarse en territorio venezolano y dispersarse o marcharse a Cuba”, señala.

“Chávez es consciente de todo esto y está dejando que pase. Ha habido tolerancia, por no hablar de colaboración expresa y de complicidad abierta con las FARC”, puntualiza. Las autoridades venezolanas han preferido hacer oídos sordos. Pero no sólo eso. Los ganaderos de la zona recibieron amenazas y fueron sometidos a chantaje por su insistencia en exigir una investigación por parte del Gobierno de Chávez.

Pero en marzo de este año, Chávez no soportó que Álvarez se limitase a comentar el auto del juez español Eloy Velasco sobre “indicios de colaboración de Venezuela, no sólo con las FARC, sino también con etarras españoles” en un programa de la cadena Globovisión. Una semana después, Álvarez estaba entre rejas.

“Estuve en la cárcel 52 días acusado de conspiración, difundir información falsa e instigar al odio”, relata el opositor.

Por la presión internacional y por el respaldo que tuvo el ex gobernador, desestimaron el cargo de conspiración y ordenaron su libertad. Sin embargo, las otras dos acusaciones se mantuvieron y hoy por hoy, Álvarez no puede salir de su país. El próximo día 27 el juicio se reanudará y será un tribunal sin jurado popular quien juzgue el caso. “Pienso ratificar en fondo y forma todo lo que he dicho. Exijo al Gobierno de Venezuela que deje de impedir que los hechos se investiguen y colabore para despejar las dudas”, enfatiza. El también ex diputado está sometido a una vigilancia diaria y a un relativo acoso que no consigue amedrentarle. Todo lo contrario.

Además, el opositor denuncia que en la zona de los estados de Barinas y Apure, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional son entrenadas por las FARC a cambio de apoyo en Venezuela, así como alimentos o incluso armamento.

¿Qué responde el presidente Chávez? “Nada. En Venezuela ya no hay Estado de derecho. Hay una indefensión jurídica total. La tesis es que éste es un proceso de revolución y que por eso mismo no puede haber una camisa de fuerza que lo detenga”, precisa. “El problema para nosotros –continúa– es muy grave porque no sabemos a quién poner estas denuncias porque los organismos de investigación de Venezuela tendrían que ser los primeros investigados”. “Algunos generales de la Inteligencia –prosigue– están siendo señalados e investigados como enlaces, no sólo de terroristas, sino también del narcotráfico”.

Irritación

Lo que está claro es que ahora el huracán de acusaciones contra Cubillas, el etarra español convertido en funcionario venezolano del INTI (Instituto Nacional de Tierras), ha vuelto a poner en entredicho al Gobierno de Chávez. “Quienes hemos pedido que se siga el auto del juez Velasco estamos siendo condenados; es un tema que el mandatario venezolano debe aclarar”, alerta Álvarez, que tiene claro que si a Cubillas no se le deporta a España alegando que tiene nacionalidad venezolana (aunque al ser nacionalidad adquirida sí puede ser revocada), el vasco debería ser detenido en Venezuela y averiguar si está siendo el nexo de unión entre etarras y FARC en Venezuela.

Aunque la actitud de Chávez ante estos asuntos ya no sorprende, Álvarez apunta que el tema del terrorismo, el narcotráfico y el de las violaciones a los derechos humanos ya empiezan a preocupar bastante a nivel nacional. “Chávez es un enfermo incurable de la tiranía que no se cansará de alegar que los que le acusan son unos mercenarios del imperio yanqui”, comenta. En cambio, lo que Álvarez no entiende es “la pasividad del ministro español Moratinos y su presidente Zapatero ante un caso como éste, como tampoco entiendo que toleren las acusaciones del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, quien dijo que se había torturado a los etarras para que dijesen que habían sido entrenados en Venezuela”.

“Parece –precisa– que para Moratinos son más importantes los negocios que tiene con Venezuela que la seguridad de Estado y el terrorismo”.