JOSÉ CARLOS VILLANUEVA
Marbella
El juicio del caso Malaya ha rescatado del olvido, involuntariamente, a los dos inspectores de Policía que, con su trabajo, más contribuyeron a desentrañar la trama de corrupción municipal que se había instalado en Marbella desde 1991 hasta 2006.
La acusación velada del abogado Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Gómez Sandokán, sobre que detrás del acrónimo J. A. G. se esconde el nombre del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, como supuesto perceptor de un soborno de 200.000 euros, a manos del principal acusado, Juan Antonio Roca, ha desencadenado un auténtico terremoto informativo.
Fue precisamente el hecho de que los dos citados inspectores pretendieran investigar quién estaba detrás de esas siglas, lo que provocó en la primavera de 2007 la dimisión de ambos al frente de todas las pesquisas que les habían sido encomendadas personalmente por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres.
Todo lo anteriormente expuesto les hizo arrojar la toalla y desentenderse de un caso que cambió sus vidas. Ya en 2005 también se habían encargado, junto al juez Torres, de la llamada operación Ballena Blanca, contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, centrada en Marbella.
Cuando aparecieron las misteriosas siglas J. A. G., en la primavera de 2006, en unos papeles manuscritos de Roca, incautados durante el registro de uno de sus trasteros de Marbella, el juez Torres dedujo testimonio, con el apoyo del fiscal. Para ambos había indicios sobre delitos de cohecho y revelación de secretos, cometidos por alguien relacionado con las altas instancias policiales que, presuntamente, había aportado a Roca valiosa información sobre la investigación en curso de Malaya, iniciada en noviembre de 2005.
De hecho, en las citadas anotaciones aparecían nombres de otros cargos policiales y se le daba a conocer a Roca quién iba a ser el próximo comisario jefe de Marbella. Las siglas J. A. G. aparecían vinculadas a Murcia, provincia de la que es oriundo el ex asesor urbanístico y en la que tiene importantes intereses inmobilarios. Fue en dicha comunidad autónoma donde Juan Antonio González ejerció como jefe superior de Policía, hasta la llegada del PSOE al Gobierno central tras las elecciones de marzo 2004.
La sección de Blanqueo de Capitales del Grupo III de Udyco Costa del Sol, que dirigía uno de los dos inspectores dimisionarios, quedó completamente descabezada. Dicha unidad dependía y depende directamente del comisario Juan Antonio González.
Semanas antes de la retirada de los dos policías, calificados por sus compañeros como «excelentes profesionales» e «incorruptibles», el juez Torres les había dado instrucciones para que blindaran sus indagaciones. Tenían prohibido reportar a sus superiores y éstos, enojados, les presionaron para que desobedecieran al magistrado. Ante esa tesitura, decidieron abandonar.
Sobre las diligencias previas que abrió el juez Torres para determinar quién era J. A. G. pesa un sobreseimiento provisional, que no libre, según informaron a EL MUNDO fuentes de la Fiscalía Anticorrupción meses atrás.
Así pues, el caso podría reabrirse si alguna parte personada así lo solicitara. La versión que mantiene el Ministerio Público para explicar el motivo del archivo del caso es que la Policía «nunca pudo aclarar a qué persona correspondían las siglas J. A. G.». Es decir, que agentes directamente subordinados al comisario sobre el que ahora se pone el foco de la sospecha, Juan Antonio González, aseguraron no haber conseguido su objetivo de poner nombre al misterioso acrónimo.
La kgb al ataque...., poderoso dinero que todo lo puede...., maldito dinero.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).