OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
La obra se encuentra terminada y en la fase de pruebas y, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se prevé que a lo largo de este mes comience el llenado del embalse de San Diego donde se almacenará el agua, en lo que será el último paso antes de que esta tubería comience a transferir hasta un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales al sistema más deficitario de toda la región.
Según el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, el Júcar-Vinalopó permitirá, en combinación con las desaladoras y con los recursos del trasvase Tajo-Segura, tener «una capacidad de maniobra bastante importante» para hacer frente al problema de escasez de agua del Levante. «El gran agujero negro que era esa zona queda muy resuelto con estas tres soluciones», añade.
Tres raras circunstancias concurren en este trasvase que el Gobierno quiere que en seis meses se encuentre funcionando a «pleno rendimiento». La primera es que no ha provocado enfrentamiento con ninguna otra comunidad autónoma (Castilla-La Mancha no se opone, a pesar de que la mitad del Júcar pasa por su territorio). La segunda es que ha causado divisiones dentro de la misma región, enfrentando a alicantinos y valencianos. La tercera es que la cuenca receptora ha rechazado el agua.
Los 22.000 agricultores alicantinos destinatarios de una infraestructura que ha costado 329 millones de euros (98 millones de euros más que lo previsto inicialmente) están en contra del proyecto desde 2005, cuando, en respuesta a las reivindicaciones de la cuenca cedente, la ministra Cristina Narbona modificó el trazado del trasvase para que, en vez de tomar el agua en el embalse de Cortes de Pallás (Valencia), lo hiciera en el azud de la Marquesa (Cullera), en la desembocadura del Júcar, casi rozando el mar.
Los usuarios de las comarcas alicantinas del Vinalopó, Alacantí y la Marina Baja, respaldados por el Consell, argumentan que el agua que sale del azud de la Marquesa no tiene «suficiente calidad» y es «el doble de cara». Así que le han plantado cara al Gobierno y, en un acto de numantina resistencia, dicen que no cogerán un recurso que es vital para su supervivencia económica.
«No es que no queramos el agua», explica Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, «es que no la podemos usar; el Ministerio se ha gastado más de 300 millones de euros en un tubo que, tal y como está, no servirá para nada. En la desembocadura del Júcar hay un alta concentración de fitosanitarios: es un agua contaminada que no sirve prácticamente para ningún cultivo y, mucho menos, para abastecimiento».
Josep Puxeu asegura que el agua tiene «calidad suficiente» para los usos para los que está destinado este trasvase (recuperar los acuíferos sobreexplotados). Y, además, se muestra «dispuesto a entrar en el debate» de poner una potabilizadora que también permita el consumo humano.
Sin embargo, los regantes alicantinos creen que nadie querrá beber en Alicante de un agua que haya pasado por la potabilizadora -«el coste psicológico», lo llaman- y exigen que los recursos hídricos que les den tengan exactamente «las mismas características y precio que el agua de Cortes de Pallás». Como soluciones plantean que se vuelva al proyecto inicial o se haga otra toma aguas abajo del municipio de Antella, «donde tiene más calidad».
Estas pretensiones son rechazadas de plano por la cuenca cedente, que se muestra dispuesta a dar agua del Júcar siempre que se coja al final del río, pero no en un tramo intermedio donde sus agricultores aún puedan utilizarla. «Nunca vamos a autorizar una segunda toma», expresa José Pascual Fortea, presidente del Sindicato de Riegos de Sueca, que es miembro de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar. «Estos recursos los damos para recuperar el acuífero de Villena», explica el representante de los regantes tradicionales valencianos, «y ellos lo que quieren es el agua para hacer más urbanizaciones».
Que se puede esperar de estos politicuchos del tres al cuarto, pues eso, nada bueno.
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