ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Los miembros del grupo internacional cuyas firmas aparecían en la citada Declaración solicitaron a ETA el pasado 26 de marzo un alto el fuego unilateral, verificable y permanente. La banda, ante la inquietud de los miembros de la izquierda aberztale, se pasó meses ignorando esta petición a pesar de su perentoria necesidad de «internacionalizar el conflicto», como denomina la organización a su necesidad de tener repercusión internacional con la que realizar su propaganda. Finalmente, en septiembre, anunció un parón de «las acciones armadas» que no incluía ni el cese de los ataques de violencia callejera ni el fin de la extorsión y, por lo tanto, rechazaba la condición de la verificación y esquivaba pronunciarse sobre el carácter definitivo de su decisión.
Fuentes de los ejecutivos central y vasco sostienen que ETA prepara un comunicado en el que concederá alguna de estas dos peticiones a los mediadores internacionales convocados por Currin, el abogado buscado por los dirigentes de Batasuna para organizar su grupo de presión. El Gobierno asegura que, en cualquier caso, no concederá ningún valor como verificadores a los cinco integrantes designados por éste porque, en el caso de que alguien tuviera que tasar las verdaderas intenciones de la banda, el Estado tiene expertos legítimos capaces de realizar esta función de forma auténtica y no necesita del trabajo de interventores designados por la izquierda abertzale.
Lo que el Ejecutivo asegura no tener prevista es la respuesta a una tregua de carácter definitivo; en primer lugar, porque no cree que ETA vaya a dar ese paso y, después, porque habría que ver los términos en los que se produce.
En cualquier caso, cada uno de estos anuncios responde a la difícil situación que atraviesan ETA y su brazo político que les obliga a un juego de tanteos cuyo fin es resolver la lucha de poder interno que llevan meses manteniendo y obtener una contraprestación política que esquive la posibilidad de su derrota. Según fuentes del Gobierno, «la izquierda abertzale no tiene fuerza para romper con ETA, y ETA no puede atentar porque rompe con Batasuna».
Es evidente que la izquierda abertzale y ETA se han visto obligadas a dar pasos, aunque sean misérrimos -según el Ejecutivo porque «está acosada policialmente y dividida internamente, en especial la organización, tal y como se desprende de las conversaciones entre los presos»-. Pero no dan el paso definitivo porque no quieren renunciar a obtener compensaciones políticas.
Y ése es uno de los elementos característicos de la próxima campaña. Los «verificadores» de Currin y el foro soberanista se emplearán a fondo para que el Gobierno se vea obligado a dar pasos respecto a la legalización de Batasuna a corto plazo y respecto a la apertura de un proceso de diálogo vasco a medio plazo.
Sus maniobras causaron cierta desazón en algunos sectores del Ejecutivo y del PSE, conscientes del inconveniente que podía constituir, a pocos meses de las municipales, que se difundiese entre la ciudadanía vasca una imagen de presunto inmovilismo. Algunos dirigentes socialistas sugirieron que se esbozase algún paso, que se modulasen los términos en el mensaje remitido a la izquierda abertzale. No hubo tal.
Otra vuelta de tuerca en la negociación, aunque diga el gobierno que no, esto es lo que hay.
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