Una farsa que alentará al PSC y a sus socios

MONTILLA fue recibido ayer en La Moncloa por Zapatero como si fuera un presidente de Gobierno o un jefe de Estado. Así lo subrayaron las expresiones del propio Montilla, que situó siempre a Cataluña a la altura de España, y el protocolo del acto, incluyendo la cesión de una sala que habitualmente es utilizada por los líderes extranjeros para su comparecencia ante los medios.

Todo el discurso del presidente de la Generalitat giró en torno a la bilateralidad con España y la necesidad de llegar a un nuevo pacto, reformando si es preciso la Constitución. «Somos una nación», enfatizó sin que nadie le contradijera. Luego afirmó que el Gobierno debe «reparar los daños morales» que el Tribunal Constitucional ha causado a «la dignidad de los catalanes». Difícilmente se pueden decir tantas tonterías en tan pocas palabras. Cataluña nunca ha sido una nación, el Constitucional se ha limitado a dictar una sentencia que a muchos que no son nacionalistas tampoco les gusta y no ha atentado contra «la moral» ni «la dignidad» de nadie o tan sólo contra la entelequia que han fabricado Montilla y sus socios.

El presidente de la Generalitat aseguró que el fallo del Constitucional ha creado un «grave problema político» en Cataluña y en España y que el Gobierno está de acuerdo en realizar los gestos y tomar las iniciativas legales que permitan desarrollar el Estatut en su integridad. La vicepresidenta De la Vega matizó posteriormente que es posible desarrollar «prácticamente todo».

Lo que Montilla está pidiendo a Zapatero es la insumisión contra una sentencia del Constitucional. El líder del PSC y sus aliados nacionalistas pretenden que el Ejecutivo finja que el fallo no existe y que el Parlamento apruebe leyes orgánicas y disposiciones que dejen en papel mojado lo que dice el Constitucional.

Montilla está viendo el mundo al revés al pedir como algo normal que se vulnere la legalidad constitucional. Por el contrario, lo que exigimos la mayoría de los españoles es que se respete la Constitución y el Estatut se desenvuelva dentro de los límites que implica una norma no constituyente, como recuerdan en su polémica sentencia los magistrados del Alto Tribunal.

El gran problema que se plantea ahora es el contrario del que apunta Montilla: cómo rectificar una serie de leyes inconstitucionales -como la de Educación o la de Comercio- que se han desarrollado al amparo del Estatut. El Gobierno tripartito ha practicado una política de hechos consumados, de la que será muy difícil dar marcha atrás.

El problema, en concreto, reside en cómo lograr que se hagan efectivos derechos de los castellanoparlantes que el fallo reconoce y que las normas aprobadas niegan en Cataluña. Por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a elegir lengua vehicular. ¿Piensa hacer algo Montilla para garantizarlo?

El presidente de la Generalitat abogó por un «modelo compartido» entre España y Cataluña y dio por hecho que ello sólo se puede lograr si el resto de los españoles se acomodan a las imposiciones de los catalanes. Lo que sucede es que se ha creado desde hace años una dinámica política por la que los sucesivos Gobiernos han ido cediendo al chantaje nacionalista, una óptica desde la que parece lógica la permanente claudicación.

Pero lo más preocupante de lo que sucedió ayer no son las ínfulas y los disparates de Montilla sino la calculada condescencia de Zapatero, que se prestó a esta falsificación para ganar tiempo y conservar su imagen en Cataluña. Un lamentable espectáculo que permitirá crecerse al PSC y los nacionalistas, mientras el PP guarda un acobardado silencio sobre el fallo del Estatut.