Un comisario tranquilizó a un imputado en el «soplo» porque el caso pasaba a Garzón

ABC
MELCHOR SÁIZ PARDO | MADRID Domingo , 24-01-10
Los informes secretos del «chivatazo» a ETA remitidos al juez Garzón permiten reconstruir dos años de una exhaustiva investigación que apunta al alto mando de la Dirección General de la Policía y, en concreto, a su ex director Víctor García Hidalgo. Los atestados del inspector jefe Carlos G. y sus cuatro subordinados -otro inspector jefe y tres inspectores-, basados en centenares de intervenciones telefónicas y análisis de llamadas, desvelan la existencia en el cuerpo de una red de mando paralela tranzada por amistades y fidelidades para ocultar la delación.
Los cinco informes, con sus diferentes apéndices y anexos de las diligencias previas 59/07, sacan a la luz cómo se investigó el «chivatazo» con todo tipo de detalles. Cómo desde una llamada lograron llegar al mismísimo director de la Policía, y todo ello sin conocer lo que se habló en todo ese ingente tráfico de comunicaciones.
Vehículo balizado
Los agentes supieron de la filtración a ETA el mismo día que se produjo, el 4 de mayo de 2006. Una «chicharra» (una baliza) en el coche del jefe de la red de extorsión, Joseba Elosúa, desveló el soplo. Si ese sistema de escuchas no hubiese funcionado, los agentes jamás hubieran sabido que un «chivatazo» había frustrado la operación prevista para horas antes. Hasta ese momento, sólo habían visto que Elosúa, extrañamente, había salido de su restaurante a llamar desde una cabina telefónica. Los investigadores desconocían que un supuesto policía, que había entrado por la puerta de atrás al local, había pasado al cobrador de ETA un teléfono desde el cual -aseguran los atestados- el jefe superior de Policía del País Vasco había alertado a Elosúa de que la Policía esperaba en la frontera al etarra José Antonio Cau, que iba a entrar en España para recoger «nueve millones de pesetas» pagados por el «impuesto revolucionario». Ese dinero -sostienen los informes- había sido entregado el día antes por el ex dirigente del PNV ya fallecido Gorka Aguirre, quien había hecho de intermediario con el empresario extorsionado. Según el sumario, el propio Aguirre iba a ser detenido ese día junto a otras nueve personas. Ya estaban decididos hasta los nombres de los 34 funcionarios que iban a practicar los arrestos, los registros e iban a redactar las diligencias. Aguirre iba a ser detenido por el «equipo 2» y Elosúa, por el «1», minutos después de que Cau fuera interceptado en la frontera.
«No fastidiar el proceso»
Sin embargo, Cau no llegó a Irún. La llamada desde la cabina abortó su viaje y fueron Elosúa y su yerno, Carmelo Luquin, los que se fueron a Francia. En la conversación entre ambos en el coche, el dueño del bar Faisán desveló a Luquin que la «txakurrada» (policías) le habían avisado de los seguimientos para «no fastidiar todo el proceso». La conversación íntegra entre ambos (más de 1.500 palabra) figura en el sumario.
La investigación sobre el «chivatazo» sólo pudo arrancar tras la detención de Elosúa el 20 de junio de 2006. El supuesto «recaudador de ETA» reconoció desde el principio el soplo, pero sólo dio una pista: la delación se produjo entre las 11:20 y las 11:25 horas de ese día. A partir de ahí, los agentes empezaron a trabajar, ya en secreto y sólo bajo tutela del juez Marlaska, porque Elosúa siempre aseguró que la persona que entregó el teléfono era un policía y no era cuestión de que el Ministerio del Interior supiera que se investigaba a los propios funcionarios por colaboración con banda armada.
Los agentes se fijaron un arco de tiempo más amplio para rastrear llamadas por si Elosúa se equivocaba. Fijaron su investigación entre las 11:10 y las 11:40 horas. Había que analizar 1.932 llamadas recogidas en ese lapso por el repetidor de telefonía móvil instalado en la plataforma logística transfronteriza de Zaisa, que cubre la zona del bar «Faisán». Redujeron el círculo a 63, las que en esa media hora tenía una duración superior a cuatro minutos. Elosúa había dicho que la llamada del policía había durado cinco y los agentes dieron un minuto más de margen de error.
En 62 de las 63 llamadas llegaron a la misma conclusión: «tienen como protagonistas a personas particulares, ajenas absolutamente al conocimiento de los datos de la investigación y de las informaciones operativas proporcionadas a Joseba Elosúa», apunta textualmente el sumario. Sólo una era sospechosa: la realizada a las 11:23 horas por el inspector de Policía de terrorismo islámico destinado en Vitoria, J.M.B, durante ocho minutos y once segundos. Y lo más sorprendente: el destinatario era el jefe superior de Policía del País Vasco.
Había surgido la pista que señalaba a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía y nacía la tesis que luego, siempre según los investigadores, se comprobó cierta: el funcionario había pasado su teléfono a Elosúa para que su jefe le diera el chivatazo. Los agentes del caso pidieron autorización judicial para rastrear las llamadas del inspector y del jefe, y lo que descubrieron les dejó de piedra. El policía también había llamado a su superior a las 11:04 desde las inmediaciones de la casa de Elosúa (una antena diferente), lo que concordaba a la perfección con la declaración del recaudador de ETA, que aseguró que había visto minutos antes de la llamada a esa misma persona en las inmediaciones de su casa en Irún.
Los investigadores siguiendo tirando de la madeja: el jefe del País Vasco había llamado al agente a las 11:08 y a las 11:13, y esas llamadas ya estaban bajo la cobertura de la antena del bar «Faisán».
«Volumen de contactos»
El máximo responsable de la Policía en el País Vasco, nada más producirse el soplo, llamó en dos ocasiones (11:34 y 11:42 horas) a Víctor García Hidalgo, quien no cogió el teléfono, siempre según la versión de los investigadores. Devolvió la llamada a las 11.53 horas y hablaron durante cinco minutos.
El repaso de las conversaciones del día anterior confirmó un «gran volumen de contactos» entre el jefe superior del País Vasco y García Hidalgo justo después de que la tarde del 3 de mayo Grande-Marlaska hubiera dado luz verde a la «operación Urogallo» contra el aparato de extorsión de ETA para desarrollarla el día siguiente. Entre las 22 horas del 3 de mayo y las 14:35 del 4 de mayo el director y el jefe hablaron en diez ocasiones, cuatro llamadas las hizo García Hidalgo y seis el jefe superior. Los informes aseguran que «estas comunicaciones entran en contradicción con el procedimiento normalizado para la transmisión de novedades por el jefe superior», quien siempre solía despachar los asuntos de la lucha antiterrorista con el subdirector de la Policía, el delegado del Gobierno, con su asesor, y, a veces, con el comisario general de Información. Pero en las horas de la delación no hay una sola llamada del jefe superior al delegado del Gobierno ni a su cadena de mando, con quien entre mayo, junio y julio de ese año sí que habló en 297 ocasiones. Pero en las horas clave sólo telefoneó a García Hidalgo.
«Esto contrasta, difiere radicalmente, con lo que acontece los días 19 y 20 de junio de 2006, cuando sí llega a materializarse la operación contra la red de extorsión de ETA», relata el sumario. En este caso, «y como es natural», el jefe superior «sí contacta en varias ocasiones» con el subdirector y con la Delegación del Gobierno «posiblemente para dar cuenta del desarrollo de la operación». El día en que se detuvo a Elosúa, frente a la riada de llamadas del día del «chivatazo», el jefe superior y Víctor García sólo hablaron una vez a las 14:08 del 20 de junio.
A la vista de ese tráfico de llamadas, los investigadores llegan a la conclusión de que los implicados en el «chivatazo» crearon una suerte de cadena de mando paralela basada en amistades personales y fidelidades a García Hidalgo para dar el soplo y ocultar la delación.
Perfiles de los implicados
En otro de los atestados, los investigadores diseccionan los perfiles de todos los implicados -incluidos «currículum vitae»- para probar las «relaciones funcionales, jerárquicas» y, sobre todo, «personales» entre los sospechosos. Pero sobre todo, los agentes destacan los estrechísimos vínculos entre los dos personajes principales de la investigación: García Hidalgo y el jefe superior del País Vasco. Los agentes llegan a afirmar que el «nombramiento del jefe superior del País Vasco (septiembre de 2005) es consecuencia directa de esa relación (con el director), conforme acreditan diversas conversaciones telefónicas intervenidas».
Esos «pinchazos» a los implicados sólo empezaron en agosto de 2006, tres meses después del «chivatazo». Para entonces -apuntan los atestados- la cúpula policial ya sabía que estaba bajo investigación y empezaron a tomar precauciones, como el uso de teléfonos con tarjeta de prepago y con llamadas desde cabinas telefónicas, unas medidas de seguridad que, de acuerdo con los propios investigadores, son prueba de su intención de ocultar su implicación con el «chivatazo». Aún así, los cinco policías del caso lograron interceptar varias de las comunicaciones. En una de ellas, el 14 de septiembre, un comisario insta al jefe superior de Policía del País Vasco a que esté «tranquilo que con el Baltasar (Garzón, quien había vuelto de su permiso en EE.UU. y se había hecho cargo de la investigación) no hay problema».
Favorecer a Aguirre
El jefe superior, a pesar de lo delicado de la situación, volvió a ser muy indiscreto al teléfono. Sus confesiones fueron claves para poner la guinda a la investigación. Según otro de los informe, confesó a un periodista que lo del «chivatazo» había sido para «hacerle un favor a Gorka Aguirre». En otra llamada, el mando policial del País Vasco se hace eco de una conversación con García Hidalgo tras su cese el 8 de septiembre, en la que le pide que le «diga la verdad, si su cese ha sido por esto (por el soplo a ETA)» y en la que el director, según el jefe superior, se queja de lo mal que se han portado con él en el Ministerio del Interior (Rubalcaba acababa de llegar). El jefe superior de Policía en el País Vasco, siempre según los investigadores, lanzó entonces durísimos insultos a los responsables políticos que habían destituido a García. Comenzaba el calvario para los tres imputados: el director, el jefe y el inspector de Vitoria. Y quizás para un inmediato superior de García.
Por el momento, sólo los tres han declararon en secreto como imputados (a finales de 2008) ante Garzón. Reconocieron el tráfico de llamadas, pero dieron versiones exculpatorias sin contradicciones entre ellas. Las explicaciones de los tres imputados convencieron al fiscal del caso, quien el 1 de octubre pasado reclamó a Garzón que diera carpetazo al caso.