La Fiscalía ve delitos en la venta de buques a Venezuela

CARLOS SEGOVIA / Madrid / El Mundo

Anticorrupción acusa al ex presidente del INI de tráfico de influencias en Navantia

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace semanas una denuncia contra el ex presidente del INI, Javier Salas, y su socio Antonio Rodríguez, por tres delitos ligados a la venta de buques a Venezuela por parte del grupo de astilleros públicos Navantia.

Anticorrupción acusa a ambos de tráfico de influencias, delito fiscal y falsedad documental en su contrato de consultoría con la empresa venezolana Rebazve, representante de Navantia en el país que preside Hugo Chávez.
El Juzgado de Instrucción número 8 ha abierto ya diligencias, aunque declinó la semana pasada hacer comentarios a este diario al respecto. Entre otras, ha tomado declaración a Salas y ha citado como testigo al presidente de Navantia en la época, Pedro Gómez Jaén. Éste acompañó en 2005 al entonces ministro de Defensa, José Bono, en la firma con Chávez del contrato de venta de ocho buques por valor de 1.200 millones de euros.
«Se trata de un caso claro de craso error del Ministerio Fiscal y del Juzgado, que se aclarará en breve», aseguró ayer Salas a EL MUNDO y negó que él o su socio hayan cometido ninguno de los tres delitos.
Javier Salas fue presidente del INI y de Iberia durante el Gobierno de Felipe González y actualmente es consultor y consejero de, entre otras, Red Eléctrica Española, cuyo primer accionista es la Sepi, actual denominación del INI.
Según informó ayer elconfidencial.com, la titular del Juzgado número 8, Rosario Espinosa Merlo, aún no ha decidido si abrir procedimiento abreviado u ordinario.
Todo arrancó cuando el Deutsche Bank en España informó hace más de un año al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de unos pagos a la empresa de Salas y Rodríguez por parte de la firma venezolana. «Fue un exceso de celo de Deutsche Bank», lamenta Salas.
El Sepblac descartó el delito de blanqueo de capitales, pero sí remitió el caso a Anticorrupción por si existieran otros. Tras una investigación iniciada antes del pasado verano, la Fiscalía ha considerado delictivo que el representante venezolano de Navantia subcontratara a la consultora de Salas y su socio. Salas es viejo amigo de Gómez Jaén, contra el que la Fiscalía no ha presentado acusación. «La Fiscalía ha malinterpretado una realidad contractual, mercantil y tributaria jurídicamente impecable», asegura Salas. Éste sostiene que paga todos sus impuestos y no influyó en nadie para que su socio, al que califica de experto en el sector naval, y él consiguieran ser el enlace en España de la firma venezolana.
Fuentes de Navantia confirman que la consultora de Salas participó en la operación, dentro de que en un pedido de tal envergadura se producen diversas subcontrataciones. Salas y Rodríguez han presentado un recurso de reforma para que la juez archive el caso «al no ser los hechos constitutivos de ninguno de los tres delitos». Además de negar el tráfico de influencias, aseguran que para que éste exista tiene que haber funcionarios a los que presionar y que el personal de Navantia no podría ser considerado tal.
«Hay jurisprudencia penal y procesal del Tribunal Constitucional y del Supremo sobre estos delitos y taxativa prohibición de no interpretar extensivamente las figuras delictivas penadas por la Ley», aseguran Salas y Antonio Rodríguez.