JOAQUÍN MANSO / Madrid

La AVT se suma a la querella contra Manzano: «Que Interior sepa que vamos a luchar»
La mayor asociación de víctimas de España, la AVT, ha solicitado a la juez Coro Cillán que acepte su personación como acusación popular en la causa contra el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M. De esta forma, ya le acusa alrededor del 70% de las víctimas de la matanza y destacados representantes de los dos cuerpos policiales.

La AVT supera así las presiones que asegura haber recibido desde el Ministerio del Interior y será la cuarta acusación popular en la causa: se suma a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que presentó la querella en el verano de 2009 y ha llevado desde el principio la iniciativa de la investigación, y a dos de las asociaciones más representativas de los dos cuerpos policiales -el Sindicato Unificado de Policía y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil-, que se han incorporado recientemente.


De esta manera, alrededor del 70% de las víctimas del 11-M, afiliadas a una u otra asociación de afectados o a las dos (y, en muchos casos, también a la de Pilar Manjón), acusa a Sánchez Manzano y a la perita química de los Tedax de los presuntos delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.


La AVT es, con mucha diferencia, la más representativa y plural asociación de víctimas de España y, desde luego, la más antigua. Cuenta con 3.600 afiliados -de ellos, unos 600 proceden del 11-M- que han padecido el azote de todos los grupos terroristas que han actuado en nuestro país: de ETA al FRAP, del GRAPO al islamismo salafista.


La propia presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, es víctima del 11-M. Su hija Miriam fue asesinada en el tren que estalló junto a la calle de Téllez.


Pedraza señaló ayer a este diario que la decisión de personarse se tomó porque «hay mucho que resolver en el 11-M y la AVT tiene que contribuir al esclarecimiento de la verdad». «Ahora sabemos que Manzano no hizo lo que debía, que no cumplió el protocolo, que no envió las muestras a la Policía Científica. Ha llegado el momento», aclaró, y añadió: «Que me mire a los ojos y me explique cómo es posible que se recogiesen toneladas de restos y al tribunal sólo le llegasen 23 tornillos».


«Queremos que el Ministerio del Interior sepa que las víctimas vamos a seguir luchando y que no vamos a consentir obstrucciones. Si no hay nada que ocultar, el Gobierno debería cumplir con su obligación de colaborar con la Justicia», insistió la representante de los afectados.


Pedraza hizo hincapié en que comprende que Manzano y los tedax subordinados a él «actuaron cumpliendo órdenes», pero les reclamó que «piensen en cómo se sienten las víctimas». «Tienen que contar qué ocurrió, no pueden seguir ocultando cosas y llevando ese peso sobre sus conciencias», concluyó.


La AVT se incorporará definitivamente al procedimiento en cuanto la juez lo decida y les imponga una fianza que, para el resto de acusaciones, fue de 300 euros. La causa que se inició con la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se encuentra ya muy avanzada gracias, sobre todo, a las iniciativas de su letrado, José María de Pablo, y entrará próximamente en su fase definitiva: la apertura de juicio oral y la calificación de las acusaciones.


La presidenta de la Asociación de Ayuda, Ángeles Domínguez, saludó ayer la personación de la AVT: «Es gratificante, después de haber estado solos durante tanto tiempo, con el único apoyo de los poquitos medios de comunicación que siempre han estado con nosotros, comprobar cómo ahora van surgiendo las adhesiones a la querella. Primero un sindicato policial, luego la Guardia Civil y ahora la AVT. Estamos encantados».


La querella arranca con las declaraciones de varios tedax ante el tribunal del 11-M. Entre ellas, la del responsable de la Brigada Provincial de Madrid: «Nos dedicamos a recoger todo, todo tipo de muestras y vestigios que pudiéramos». En las últimas semanas, precisamente, otros artificieros de ese grupo han declarado ante la juez después de que el Ministerio del Interior se resistiese durante un año a identificar a los que participaron en la recogida de restos de explosivo en el 11-M. Todos ellos corroboraron que se recogieron «cientos» o «toneladas» de muestras, entre ellas muchas que, como los algodones impregnados, nunca se destruyen por su importante valor en la investigación. Además, insistieron en que los tedax de la Unidad Central, el grupo que dirigía Manzano, incumplieron los protocolos y trasladaron los restos sin clasificar y sin etiquetar.


El empeño del letrado de las víctimas se centra ahora en seguir la pista a ese traslado para acreditar la cadena de custodia y averiguar quiénes, cómo y por qué participaron en la destrucción de las muestras.


El resultado fue que al tribunal del 11-M sólo llegaron 23 pequeños restos, algunos casi inservibles. El propio Manzano reconoció ante la juez que destruyó la mayoría, aunque el reglamento de los Tedax le atribuye a él la responsabilidad de su custodia.


Esa normativa también dispone que la «competencia exclusiva» para el análisis de los restos de explosivo corresponde a la Policía Científica y, de hecho, así se ha hecho en todos los atentados. Con una notable excepción: el 11-M. Manzano retuvo las muestras para que su perito las analizase en el rudimentario laboratorio de los Tedax y nunca las envió a la Policía Científica, pese a que los resultados que obtuvo fueron prácticamente inútiles: «Componentes genéricos de la dinamita».


Las víctimas sostienen que esa actuación dificultó la investigación de la autoría del 11-M e hizo imposible determinar con precisión si todo el explosivo que estalló en los trenes era el mismo que tenían los islamistas.