Carteles, camisetas, chapas, pintadas y guirnaldas en favor de los presos etarras
La izquierda abertzale está preparada. Quiere convertir las fiestas más
internacionales de España en un nuevo plató para lanzar sus reivindicaciones
proetarras a todo el mundo. Durante las últimas semanas ha elaborado un plan completo para tratar de inundar las calles de la capital navarra de eslóganes y carteles en favor de los grupos proetarras. La izquierda abertzale, en este caso a través de Sortu, quiere convertir de nuevo San Fermín en el escenario para lanzar todas sus consignas, eslóganes y mensajes en favor de presos condenados por delitos de terrorismo. Tratarán de apropiarse de la decoración de las calles pamplonicas y que esa decoración la sirva para sus reivindicaciones en sí mismas. Y utilizan la percha de los últimos condenados de Segi por pertenencia a banda armada, por su pertenencia a la organización terrorista ETA. Sus eslóganes: No a los juicios políticos y Herri harresia (Herri: pueblo; Harresia: muro), muro popular.
Sortu, en la estrategia histórica de la izquierda abertzale y de todas las organizaciones satélites de ETA, siempre trata de canalizar sus reivindicaciones en las calles, unas calles que, poco a poco, los radicales están recuperando tanto en el País Vasco como en Navarra.
Para ello, consideran clave la imagen. Su campaña está claramente dirigida a las cámaras de televisión, a los puntos clave en los recorridos de los encierros. Quieren dejar claro que su color es el naranja, que todo lo que durante estos próximos días pueda verse en las calles navarras con color naranja es que está a favor de sus posiciones, de su defensa de aquellos condenados por delitos relacionados con ETA.
Y es que, como acostumbran, el mensaje que quieren lanzar hacia el exterior, a nivel internacional, es que en España se ha acabado el terrorismo porque los etarras han dejado de matar, pero que el Estado ha optado por el inmovilismo y no cede un paso en su política penitenciaria. Quieren trasladar, como siempre, el mensaje de que el Estado tiene que hacer «movimientos» (acercamientos, excarcelaciones, terceros grados...) en los recintos penitenciarios.
De nuevo, quieren trasladar la imagen, a nivel internacional, de que son víctimas de la «opresión del Estado» y de que sus reivindicaciones cuentan con un apoyo mayoritario entre la ciudadanía vasca y navarra.
EL MUNDO ha tenido acceso a las instrucciones emitidas para la elaboración de todo su merchandising, proceso cuidado hasta el último detalle. Esta campaña de Sortu en Pamplona se suma a la ya iniciada de desobediencia civil, en la que han participado también cargos públicos de las formaciones abertzales, puesta en marcha ya hace unos cuantos meses y con la que se pretendía presionar a los tribunales para evitar condenas a los procesados de Segi.
La campaña puesta en marcha para San Fermín no deja nada a la improvisación. Según la documentación interna de Sortu y las instrucciones para llevar a cabo la campaña de imagen, los responsables de comunicación fijan hasta las normas de la tipografía que debe llevar toda la cartelería.
Su prioridad: guirnaldas con siluetas de hombres, mujeres y niños, en color naranja, y que cuelguen a lo largo del recorrido de la parte vieja pamplonica, por donde atraviesan los encierros. La televisión es su objetivo. Saben que si se ve por este medio mucha cartelería naranja, el público preguntará a qué obedece, y la estrategia de esta comunicación ya habrá conseguido su ansiado triunfo. Pero también preparan actos simbólicos, siempre con la misma cartelería (hasta con una reglamentación sobre el tipo de letra) en zonas emblemáticas como la plaza del Castillo, centro de reunión y de paso para todo aquel que acude a las fiestas de San Fermín.
No quieren dejar detalle y hasta fijan las normas sobre cómo deben ser las chapas (txapak) y los eslóganes que deben llevar. Los globos, de nuevo, tendrán un papel estelar durante los 10 días0 de fiesta.
AVT: «Los etarras han de colaborar con la Justicia»
El PSE acusa a Bildu de someter a los presos a una «doble condena» por
impedir su salida
Las víctimas del terrorismo respondieron de forma unánime a las cartas de los
presos de la vía Nanclares pidiendo perdón a sus víctimas o culpando a la
izquierda abertzale de «manipular» a los reclusos de ETA: «Lo que han de hacer
es colaborar con la Justicia» para resolver atentados no juzgados, señaló
Angeles Pedraza, la presidenta de la AVT; «buscan salir a la calle para así
gozar de la libertad que arrebataron a las personas que asesinaron», añadió
Maria del Mar Blanco, la presidenta de la Fundación.
Oscilaron, pues, entre exigir que se apliquen los requisitos de la Ley para cualquier beneficio penitenciario que se les quiera aplicar y la incredulidad sobre la sinceridad de los firmantes de las cartas. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quiso tranquilizarlas asegurando que las cartas «van en la buena dirección», pero no necesariamente son «suficientes» y que «el camino de la reinserción no se recorre en unos días».
La primera misiva, publicada en EL MUNDO, está firmada por Valentin Lasarte, el asesino, entre otros, de los políticos Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica. Este etarra escribió al sargento del cuartel de Lodosa, al que acude a firmar cada vez que se le da un permiso penitenciario, para pedirle que transmita a sus hombres «que lamento el daño que les causé en su día a ellos y sus familiares». Lasarte participó en un atentado que afectó a varios de los agentes destinados en este puesto y la Fiscalía recurrió los permisos que le estaban siendo concedidos por su cercanía a las víctimas y, sobre todo, porque «no ha cooperado en ningún momento con la Administración de Justicia».
De ahí que la AVT considere una «estrategia» el envío de la misiva y que Ángeles Pedraza recordase que Lasarte había hecho gala de su «amnesia cada vez que se le ha preguntado por algún miembro de la organización terrorista». El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, abundó en esta denuncia. «Me huele fatal», aseguró, «es una manipulación absoluta», es un modo de «preparar el terreno» para que la Audiencia Nacional le conceda algún permiso. Por eso pidió a los jueces que cuando lean la carta recuerden que el terrorista nunca colaboró con la Justicia y que «si el final de ETA es un final con más de 450 casos sin resolver, es un final con impunidad».
La otra carta está firmada por los veteranos Urrusolo Sistiaga y Caride Simón, con decenas de atentados a sus espaldas. Y, en esta reactivación de las utilidades de la vía Nanclares, la estrategia que emplean ambos para hacer ver a quienes fueran sus compañeros de filas que su actitud es equivocada y han de desvincularse de la tiranía de la organización terrorista, es distinta. En su cartas acusan a la izquierda abertzale de utilizar a los presos de ETA impidiéndoles «que vuelvan a casa» y aseguran que sus dirigentes se han «plegado» a quienes dentro de la organización, no quisieron dejar de atentar ni siquiera al final. Julen Arzuaga, de EH-Bildu, se limitó a decir que no quería polemizar con «unos presos» y que los etarras son para su partido una «prioridad política y humanitaria».
La portavoz del PSE, Idoia Mendía, destacó que era una «crueldad máxima» que Bildu no ayude a la reinserción de los presos. Dio en el clavo al mostrar a los etarras presos una verdad evidente: « Al colectivo de presos de ETA sólo se le permiten movimientos colectivos y no individuales y eso me parece una doble condena, la de los tribunales y la que les somete la banda con sus jefes políticos en las prisiones».
El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Semper, afirmó que «todo lo que sea reclamar perdón, bienvenido sea», y que esos pasos constatan «lo lejos que está la izquierda abertzale, los presos de ETA y la propia banda de cambiar de actitud». Les emplazó a mirarse en el «espejo» de Caride, Urrusolo y Lasarte.
Oscilaron, pues, entre exigir que se apliquen los requisitos de la Ley para cualquier beneficio penitenciario que se les quiera aplicar y la incredulidad sobre la sinceridad de los firmantes de las cartas. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quiso tranquilizarlas asegurando que las cartas «van en la buena dirección», pero no necesariamente son «suficientes» y que «el camino de la reinserción no se recorre en unos días».
La primera misiva, publicada en EL MUNDO, está firmada por Valentin Lasarte, el asesino, entre otros, de los políticos Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica. Este etarra escribió al sargento del cuartel de Lodosa, al que acude a firmar cada vez que se le da un permiso penitenciario, para pedirle que transmita a sus hombres «que lamento el daño que les causé en su día a ellos y sus familiares». Lasarte participó en un atentado que afectó a varios de los agentes destinados en este puesto y la Fiscalía recurrió los permisos que le estaban siendo concedidos por su cercanía a las víctimas y, sobre todo, porque «no ha cooperado en ningún momento con la Administración de Justicia».
De ahí que la AVT considere una «estrategia» el envío de la misiva y que Ángeles Pedraza recordase que Lasarte había hecho gala de su «amnesia cada vez que se le ha preguntado por algún miembro de la organización terrorista». El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, abundó en esta denuncia. «Me huele fatal», aseguró, «es una manipulación absoluta», es un modo de «preparar el terreno» para que la Audiencia Nacional le conceda algún permiso. Por eso pidió a los jueces que cuando lean la carta recuerden que el terrorista nunca colaboró con la Justicia y que «si el final de ETA es un final con más de 450 casos sin resolver, es un final con impunidad».
La otra carta está firmada por los veteranos Urrusolo Sistiaga y Caride Simón, con decenas de atentados a sus espaldas. Y, en esta reactivación de las utilidades de la vía Nanclares, la estrategia que emplean ambos para hacer ver a quienes fueran sus compañeros de filas que su actitud es equivocada y han de desvincularse de la tiranía de la organización terrorista, es distinta. En su cartas acusan a la izquierda abertzale de utilizar a los presos de ETA impidiéndoles «que vuelvan a casa» y aseguran que sus dirigentes se han «plegado» a quienes dentro de la organización, no quisieron dejar de atentar ni siquiera al final. Julen Arzuaga, de EH-Bildu, se limitó a decir que no quería polemizar con «unos presos» y que los etarras son para su partido una «prioridad política y humanitaria».
La portavoz del PSE, Idoia Mendía, destacó que era una «crueldad máxima» que Bildu no ayude a la reinserción de los presos. Dio en el clavo al mostrar a los etarras presos una verdad evidente: « Al colectivo de presos de ETA sólo se le permiten movimientos colectivos y no individuales y eso me parece una doble condena, la de los tribunales y la que les somete la banda con sus jefes políticos en las prisiones».
El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Semper, afirmó que «todo lo que sea reclamar perdón, bienvenido sea», y que esos pasos constatan «lo lejos que está la izquierda abertzale, los presos de ETA y la propia banda de cambiar de actitud». Les emplazó a mirarse en el «espejo» de Caride, Urrusolo y Lasarte.
UPyD pide investigar las finanzas de Bildu
> El grupo parlamentario de UpyD ha pedido que el Gobierno dé órdenes a la
Fiscalía para que investigue las insinuaciones realizadas en la Cámara vasca por
la parlamentaria del PNV Ana Otadui sobre las finanzas de Bildu.
> Otadui inquirió durante un debate sobre corrupción: «¿Cómo se ha financiado la izquierda ‘abertzale’, de las huchas, de pedir en tiendas? ¿De qué han vivido tantos dirigentes? Y lo que es más grave: ¿qué me dice de la extorsión?».
> Según el partido de Rosa Díez , esto apunta a una posible financiación irregular por parte de EH Bildu y además las Fuerzas de Seguridad sospechan que ETA podría estar viviendo del dinero de Bildu.
> Otadui inquirió durante un debate sobre corrupción: «¿Cómo se ha financiado la izquierda ‘abertzale’, de las huchas, de pedir en tiendas? ¿De qué han vivido tantos dirigentes? Y lo que es más grave: ¿qué me dice de la extorsión?».
> Según el partido de Rosa Díez , esto apunta a una posible financiación irregular por parte de EH Bildu y además las Fuerzas de Seguridad sospechan que ETA podría estar viviendo del dinero de Bildu.
Bildu nombra pregonero de Llodio a un preso de ETA
Desde su cargo de alcalde de Llodio, Pablo Gorostiaga jamás se salió de la
ortodoxia oficial de la izquierda abertzale y en ninguna de las tres
legislaturas no consecutivas en las que gobernó la localidad pregonó un discurso
de condena a los asesinatos de ETA y a las múltiples expresiones del terrorismo
callejero. Y eso, ahora, tendrá su recompensa desde el universo del abertzalismo
radical.
Así, el Ayuntamiento de esta localidad alavesa, gobernado por Bildu, ha querido premiar los servicios prestados en el pasado por quien en el presente está cumpliendo una condena de siete años por colaborar con ETA y le ha nombrado pregonero de las fiestas patronales del municipio, que se celebran en agosto.
Al estar entre rejas, su asistencia al balcón consistorial para dar inicio a los Sanroques de Llodio dependerá de que Instituciones Penitenciarias le conceda un permiso, algo que se antoja utópico, ya que además todas sus peticiones previas para abandonar de forma temporal la cárcel han sido denegadas por Interior hasta la fecha.
Así, el Ayuntamiento de esta localidad alavesa, gobernado por Bildu, ha querido premiar los servicios prestados en el pasado por quien en el presente está cumpliendo una condena de siete años por colaborar con ETA y le ha nombrado pregonero de las fiestas patronales del municipio, que se celebran en agosto.
Al estar entre rejas, su asistencia al balcón consistorial para dar inicio a los Sanroques de Llodio dependerá de que Instituciones Penitenciarias le conceda un permiso, algo que se antoja utópico, ya que además todas sus peticiones previas para abandonar de forma temporal la cárcel han sido denegadas por Interior hasta la fecha.
El Gobierno recorta más de 100 millones en cárceles
Interior no construirá 10 CIS previstos y eliminará las piscinas
El Ministerio del Interior ha puesto a funcionar con fuerza la tijera. Y ha
fijado su atención en las cárceles. El importante descenso de la población
penitenciaria, cerca de 7.000 presos menos en los dos últimos años, ha servido
de espoleta para poner en marcha un nuevo plan de inversiones en las cárceles
que supondrá un importante ahorro con respecto a la planificación elaborada por
el anterior equipo socialista, a cuyo frente estaba Mercedes Gallizo. El tajo
puede llegar a los 100 millones de euros.
Según informó ayer el Gobierno, con este nuevo plan, además de no poner en marcha nuevos proyectos del Ejecutivo anterior, como era la creación de diez nuevos Centros de Inserción Social (CIS) y una Unidad de Madres, también se ajustarán gastos en las construcciones ya iniciadas. Pero estos ajustes no afectarán ni a la edificabilidad ni a la seguridad. Pero se pondrá fin a todo tipo de gastos superfluos, como era la construcción de piscinas en centros penitenciarios ya aprobados o la instalación de televisiones de plasma en estos mismos recintos. Desde Interior se entiende que estos gastos aprobados por el equipo de Gallizo son prescindibles por el delicado momento económico por el que estamos atravesando.
Parte de este ahorro en nuevas inversiones irá destinado al mantenimiento de las 39 de las cárceles que están actualmente en uso.
El Gobierno estima un ahorro cercano a los 100 millones de euros. Estas medidas has sido aprobadas por el Consejo de Ministros tras revisar el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), para adaptarlo a las necesidades penitenciarias actuales.
Así, las piscinas serán eliminadas de los proyectos de las prisiones ya adjudicados en la anterior legislatura como Málaga II, Siete Aguas, Comunidad Valenciana, Soria y Ceuta.
Entre los proyectos de prisiones que serán revisados se encuentra el del futuro Centro Penitenciario Norte III (San Sebastián), del cual serán eliminados «las actuaciones proyectadas superfluas o suntuarias», como ya había pronosticado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según recuerda Efe. En el Pleno del Congreso del pasado 8 de mayo, el titular de Interior dijo que no es razonable que la futura cárcel de San Sebastián disponga de piscina cubierta y televisiones de plasma en cada celda.
Según informó ayer el Gobierno, con este nuevo plan, además de no poner en marcha nuevos proyectos del Ejecutivo anterior, como era la creación de diez nuevos Centros de Inserción Social (CIS) y una Unidad de Madres, también se ajustarán gastos en las construcciones ya iniciadas. Pero estos ajustes no afectarán ni a la edificabilidad ni a la seguridad. Pero se pondrá fin a todo tipo de gastos superfluos, como era la construcción de piscinas en centros penitenciarios ya aprobados o la instalación de televisiones de plasma en estos mismos recintos. Desde Interior se entiende que estos gastos aprobados por el equipo de Gallizo son prescindibles por el delicado momento económico por el que estamos atravesando.
Parte de este ahorro en nuevas inversiones irá destinado al mantenimiento de las 39 de las cárceles que están actualmente en uso.
El Gobierno estima un ahorro cercano a los 100 millones de euros. Estas medidas has sido aprobadas por el Consejo de Ministros tras revisar el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), para adaptarlo a las necesidades penitenciarias actuales.
Así, las piscinas serán eliminadas de los proyectos de las prisiones ya adjudicados en la anterior legislatura como Málaga II, Siete Aguas, Comunidad Valenciana, Soria y Ceuta.
Entre los proyectos de prisiones que serán revisados se encuentra el del futuro Centro Penitenciario Norte III (San Sebastián), del cual serán eliminados «las actuaciones proyectadas superfluas o suntuarias», como ya había pronosticado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según recuerda Efe. En el Pleno del Congreso del pasado 8 de mayo, el titular de Interior dijo que no es razonable que la futura cárcel de San Sebastián disponga de piscina cubierta y televisiones de plasma en cada celda.
Como siempre aprovechando las fiestas para hacer apología del terror. Espero que investiguen las finanzas de los batasunaris, haber si se les corta el grifo.
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