Tras su último comunicado, no excluye un atentado como estrategia «puntual y táctica»
En un mundo en el que lo políticamente correcto es afirmar que ETA no volverá a atentar, un informe de la Policía Nacional estimando la posibilidad de que esa situación se pueda dar, advirtiendo de que el «cese definitivo de las acciones armadas» puede ser «reversible» y, más concretamente, después de septiembre, fue recibido con cierta sorpresa en la sede del Ministerio del Interior.
Ocurrió el viernes en presencia del ministro, Jorge Fernández Díaz. Los expertos de las Fuerzas de Seguridad habían sido llamados a analizar el comunicado que ETA hizo público el 23 de marzo y en el que advertía que el cierre de la ventanilla de interlocución en Oslo constituía «un paso atrás muy importante» que «traerá consecuencias negativas» ya que «dificulta la resolución del conflicto».
A la vista del texto, los representantes de la Policía fueron más lejos que el resto y pusieron encima de la mesa varias opciones, «por prudencia», según las fuentes consultadas, porque en la lucha contra el terrorismo «siempre hay que tener en cuenta la peor de las hipótesis». Y lo hicieron después de recabar datos y comparar las treguas fallidas de 1998 y 2006. Los agentes admiten, obviamente, que las circunstancias son distintas pero también consideran que hay pautas de comportamiento que hay que tener en cuenta.
Los etarras, dicen, apelan cuando les conviene al proceso irlandés, que no excluye la confrontación y la negociación cuando se bloquea esta última. En 1998 la desbloquearon con el asesinato del coronel Blanco y en 2006 con el atentado de Barajas en el que no perseguían asesinar, aunque mataron a dos personas.
En esta ocasión, según los analistas policiales, no hay que descartar la posibilidad de que atenten sin que se produzcan víctimas, para hacerse valer, no en forma de campaña sino puntualmente y con una pretensión táctica. ¿Y por qué a partir de septiembre? Porque ésa es la fecha para la que los verificadores internacionales han anunciado su vuelta y ETA podría intentar sacudirse la frustración de otro fracaso. «La banda», recuerdan los expertos policiales, «solía dar plazos cada vez que decidía tomarse un tiempo de distensión y si no se cumplían sus expectativas en ese plazo, tomaba sus decisiones».
El comunicado de marzo era un resumen de las últimas contrariedades sufridas por la banda. Tras el anuncio del cese definitivo, los jefes del aparato político (David Pla, Iratxe Sorzabal y también Josu Ternera), se trasladaron a Oslo a la espera de que Mariano Rajoy, que había ganado las elecciones, enviara un grupo de negociadores que cumpliera con los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero. Los interlocutores del Ejecutivo no llegaron nunca. Sí se desplazaron hasta allí miembros de la izquierda abertzale y los verificadores internacionales bendecidos por éstos, encabezados por Ram Mannikalingam.
Hartos de esperar, los etarras comunicaron a los verificadores que, para evitar escisiones, el desarme o cualquier otra consideración tenía que ser objeto de discusión directa con el Ejecutivo. Los verificadores se cansaron de la intransigencia de los etarras y se plantearon abandonar. Finalmente, decidieron que volverían en septiembre por si para entonces el Estado y ETA habían reflexionado. Los etarras tuvieron que irse de Oslo e hicieron público el texto.
Para la Policía, aunque ETA diga que mantiene su compromiso, en el citado texto también reprocha a los socialistas que dejasen «pudrir el proceso» (una expresión utilizada en el pasado con consecuencias poco tranquilizadoras); y, sobre todo, condiciona todo a que el Gobierno negocie. «Si esto no ocurre y los verificadores fracasan, ¿alguien sabe seguro lo que va a ocurrir?», se preguntan los agentes, que recuerdan que la decisión del cese fue adoptada por tres etarras y ratificada hace un año por unas bases que tenían sus expectativas. Y que constatan la actitud de los dirigentes de Sortu y Bildu.
Los expertos de la Guardia Civil no fueron tan lejos. Aceptaron que era el comunicado más «subido de tono» escrito por ETA, pero lo atribuyeron a su intención de que toda la responsabilidad de lo que denominan «bloqueo de la situación», recayese sobre el Gobierno y sobre todo a su necesidad de presionar al Ejecutivo para que sus presos salgan de forma escalonada y que los huidos regresen. Es otra «vuelta de tuerca», dicen, y se aferran a la escasez de efectivos de la banda.
Respecto al CNI -que en estos momentos es la institución que mejor información tiene y que ha elaborado un dossier sobre un debate habido entre las filas etarras a principios de año- su análisis fue el más optimista. Sus analistas consideran que no hay cambios y que la actitud de ETA responde a su enfado por haber tenido que abandonar Noruega.
El lunes se produjo otra reunión, en la que estuvo el CNI, para consensuar los análisis. Se acordó que el comunicado de marzo es distinto pero sin mayores consecuencias.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Á. Escrivá.
Ocurrió el viernes en presencia del ministro, Jorge Fernández Díaz. Los expertos de las Fuerzas de Seguridad habían sido llamados a analizar el comunicado que ETA hizo público el 23 de marzo y en el que advertía que el cierre de la ventanilla de interlocución en Oslo constituía «un paso atrás muy importante» que «traerá consecuencias negativas» ya que «dificulta la resolución del conflicto».
A la vista del texto, los representantes de la Policía fueron más lejos que el resto y pusieron encima de la mesa varias opciones, «por prudencia», según las fuentes consultadas, porque en la lucha contra el terrorismo «siempre hay que tener en cuenta la peor de las hipótesis». Y lo hicieron después de recabar datos y comparar las treguas fallidas de 1998 y 2006. Los agentes admiten, obviamente, que las circunstancias son distintas pero también consideran que hay pautas de comportamiento que hay que tener en cuenta.
Los etarras, dicen, apelan cuando les conviene al proceso irlandés, que no excluye la confrontación y la negociación cuando se bloquea esta última. En 1998 la desbloquearon con el asesinato del coronel Blanco y en 2006 con el atentado de Barajas en el que no perseguían asesinar, aunque mataron a dos personas.
En esta ocasión, según los analistas policiales, no hay que descartar la posibilidad de que atenten sin que se produzcan víctimas, para hacerse valer, no en forma de campaña sino puntualmente y con una pretensión táctica. ¿Y por qué a partir de septiembre? Porque ésa es la fecha para la que los verificadores internacionales han anunciado su vuelta y ETA podría intentar sacudirse la frustración de otro fracaso. «La banda», recuerdan los expertos policiales, «solía dar plazos cada vez que decidía tomarse un tiempo de distensión y si no se cumplían sus expectativas en ese plazo, tomaba sus decisiones».
El comunicado de marzo era un resumen de las últimas contrariedades sufridas por la banda. Tras el anuncio del cese definitivo, los jefes del aparato político (David Pla, Iratxe Sorzabal y también Josu Ternera), se trasladaron a Oslo a la espera de que Mariano Rajoy, que había ganado las elecciones, enviara un grupo de negociadores que cumpliera con los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero. Los interlocutores del Ejecutivo no llegaron nunca. Sí se desplazaron hasta allí miembros de la izquierda abertzale y los verificadores internacionales bendecidos por éstos, encabezados por Ram Mannikalingam.
Hartos de esperar, los etarras comunicaron a los verificadores que, para evitar escisiones, el desarme o cualquier otra consideración tenía que ser objeto de discusión directa con el Ejecutivo. Los verificadores se cansaron de la intransigencia de los etarras y se plantearon abandonar. Finalmente, decidieron que volverían en septiembre por si para entonces el Estado y ETA habían reflexionado. Los etarras tuvieron que irse de Oslo e hicieron público el texto.
Para la Policía, aunque ETA diga que mantiene su compromiso, en el citado texto también reprocha a los socialistas que dejasen «pudrir el proceso» (una expresión utilizada en el pasado con consecuencias poco tranquilizadoras); y, sobre todo, condiciona todo a que el Gobierno negocie. «Si esto no ocurre y los verificadores fracasan, ¿alguien sabe seguro lo que va a ocurrir?», se preguntan los agentes, que recuerdan que la decisión del cese fue adoptada por tres etarras y ratificada hace un año por unas bases que tenían sus expectativas. Y que constatan la actitud de los dirigentes de Sortu y Bildu.
Los expertos de la Guardia Civil no fueron tan lejos. Aceptaron que era el comunicado más «subido de tono» escrito por ETA, pero lo atribuyeron a su intención de que toda la responsabilidad de lo que denominan «bloqueo de la situación», recayese sobre el Gobierno y sobre todo a su necesidad de presionar al Ejecutivo para que sus presos salgan de forma escalonada y que los huidos regresen. Es otra «vuelta de tuerca», dicen, y se aferran a la escasez de efectivos de la banda.
Respecto al CNI -que en estos momentos es la institución que mejor información tiene y que ha elaborado un dossier sobre un debate habido entre las filas etarras a principios de año- su análisis fue el más optimista. Sus analistas consideran que no hay cambios y que la actitud de ETA responde a su enfado por haber tenido que abandonar Noruega.
El lunes se produjo otra reunión, en la que estuvo el CNI, para consensuar los análisis. Se acordó que el comunicado de marzo es distinto pero sin mayores consecuencias.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Á. Escrivá.
Bildu llama a impedir el arresto de los de Segi
J. M. A. / San Sebastián
EH Bildu hizo ayer un llamamiento a la sociedad vasca para que impida el cumplimiento de la Justicia y se movilice para evitar que «se lleven» a los ocho jóvenes de Segi a los que el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por su vinculación a ETA.
El coordinador de Sortu en Guipuzkoa, Joxean Agirre, hizo este llamamiento en nombre de EH Bildu tras la concentración en protesta por la detención de Ekaitz de Ibero, uno de los siete jóvenes de Segi que han sido absueltos por el Supremo. De Iberoy fue arrestado por la Ertzaintza al pesar sobre él una orden judicial pendiente para cumplir una condena de cuatro años y tres meses por la quema de un autobús en 2006 en San Sebastián.
El operativo policial se desplegó en una acampada de jóvenes radicales en solidaridad con los ocho jóvenes de Segi condenados, al tener conocimiento de que De Ibero estaba participando en las actividades. La detención se llevó a cabo entre incidentes que se saldaron con cinco agentes y tres manifestantes heridos, según informaron diferentes fuentes. Los 'ertzainas' tuvieron que «recurrir a las porras y a las defensas personales» a la vista de que los asistentes «se revolvieron violentamente» para impedir el arresto, según explicó el Departamento vasco de Seguridad.
La izquierda 'abertzale' activó una campaña para denunciar la «violenta» actuación policial a través de sus altavoces políticos e institucionales. El Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipuzcoa censuraron la «lamentable actitud del PNV» por haber enviado a la Policía vasca a generar el «pánico» y mostraron su apoyo al detenido y a los jóvenes de Segi.
Este respaldo a condenados por «violencia callejera» y por su «vinculación con ETA» llevó al delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, a remitir un escrito al fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para que investigue si la actitud del diputado general, Martín Garitano, es enaltecimiento del terrorismo.
BAYONA
11/04/2013 ESPAÑA
EH Bildu hizo ayer un llamamiento a la sociedad vasca para que impida el cumplimiento de la Justicia y se movilice para evitar que «se lleven» a los ocho jóvenes de Segi a los que el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por su vinculación a ETA.
El coordinador de Sortu en Guipuzkoa, Joxean Agirre, hizo este llamamiento en nombre de EH Bildu tras la concentración en protesta por la detención de Ekaitz de Ibero, uno de los siete jóvenes de Segi que han sido absueltos por el Supremo. De Iberoy fue arrestado por la Ertzaintza al pesar sobre él una orden judicial pendiente para cumplir una condena de cuatro años y tres meses por la quema de un autobús en 2006 en San Sebastián.
El operativo policial se desplegó en una acampada de jóvenes radicales en solidaridad con los ocho jóvenes de Segi condenados, al tener conocimiento de que De Ibero estaba participando en las actividades. La detención se llevó a cabo entre incidentes que se saldaron con cinco agentes y tres manifestantes heridos, según informaron diferentes fuentes. Los 'ertzainas' tuvieron que «recurrir a las porras y a las defensas personales» a la vista de que los asistentes «se revolvieron violentamente» para impedir el arresto, según explicó el Departamento vasco de Seguridad.
La izquierda 'abertzale' activó una campaña para denunciar la «violenta» actuación policial a través de sus altavoces políticos e institucionales. El Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipuzcoa censuraron la «lamentable actitud del PNV» por haber enviado a la Policía vasca a generar el «pánico» y mostraron su apoyo al detenido y a los jóvenes de Segi.
Este respaldo a condenados por «violencia callejera» y por su «vinculación con ETA» llevó al delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, a remitir un escrito al fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para que investigue si la actitud del diputado general, Martín Garitano, es enaltecimiento del terrorismo.
Sortu en Francia pide un estatuto de autonomía
Varios ex responsables de la disuelta Batasuna se presentaron ayer en Bayona como representantes de Sortu, formación a la que denominaron «instrumento de lucha ideológica». Casi dos meses después del congreso fundador del partido de la izquierda abertzale, el pasado 23 de febrero en Pamplona, 15 miembros de Sortu del País Vasco francés se presentaron en esta localidad gala apelando a «la construcción nacional» vasca.
Así lo explicaron a la prensa Xabier Larralde y Jean-François Lefort, nuevos portavoces del partido, secundados por antiguos miembros de la Mesa Nacional como Jean-Claude Aguerre, Jokin Etxebarria, Iker Elizalde, Aurore Martin, Jean-François Lefort o Xabi Larralde.
Batasuna fue ilegalizada en España en 2003 por sus vínculos con ETA, pero no lo estaba en Francia, donde se autodisolvió el pasado 3 de enero. «Hemos elegido no abrir Sortu a nuevos (miembros), sino conservar figuras conocidas», explicó Lefort, quien añadió que la prioridad «es unir fuerzas en el espacio común EH Bai», coalición abertzale en la que se defiende la estrategia de los cinco partidos de la izquierda independentista vasca.
Larralde, por su parte, señaló que Sortu mantendrá su reivindicación a favor de la creación de un estado vasco soberano, que tiene que pasar en primer lugar «por la reivindicación táctica de un estatuto de autonomía para el País Vasco Norte».
El portavoz de los abertzales añadió que «Sortu quiere cerrar el capítulo del conflicto vasco y comprometerse en el proceso de paz» y aseguró que en Sortu creen que «las opciones políticas tienen que imponerse tanto en lo que afecta a la economía como al derecho de autodeterminación».
Así lo explicaron a la prensa Xabier Larralde y Jean-François Lefort, nuevos portavoces del partido, secundados por antiguos miembros de la Mesa Nacional como Jean-Claude Aguerre, Jokin Etxebarria, Iker Elizalde, Aurore Martin, Jean-François Lefort o Xabi Larralde.
Batasuna fue ilegalizada en España en 2003 por sus vínculos con ETA, pero no lo estaba en Francia, donde se autodisolvió el pasado 3 de enero. «Hemos elegido no abrir Sortu a nuevos (miembros), sino conservar figuras conocidas», explicó Lefort, quien añadió que la prioridad «es unir fuerzas en el espacio común EH Bai», coalición abertzale en la que se defiende la estrategia de los cinco partidos de la izquierda independentista vasca.
Larralde, por su parte, señaló que Sortu mantendrá su reivindicación a favor de la creación de un estado vasco soberano, que tiene que pasar en primer lugar «por la reivindicación táctica de un estatuto de autonomía para el País Vasco Norte».
El portavoz de los abertzales añadió que «Sortu quiere cerrar el capítulo del conflicto vasco y comprometerse en el proceso de paz» y aseguró que en Sortu creen que «las opciones políticas tienen que imponerse tanto en lo que afecta a la economía como al derecho de autodeterminación».
Vaya noticia, eso ya se sabía antes de que comenzara.
ResponderEliminarHaber que hace el desgobierno con este tema, porque como haga lo que está haciendo con los demás, léase corrupción, deshaucios, bancos, preferentes, etc.., pues vamos apañaos.