Les acusa de «trato salvaje e inhumano»
La ira y rabia que mostró el ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña,
Thierry, cuando, esposado, irrumpió a gritos ante los medios gráficos
en Burdeos tras su detención en 2008, la proyectó ayer también su
abogada, Yolanda Molina, en representación de la familia del etarra
fallecido. Enfurecida y en momentos emocionada por su muerte, acusó a
los servicios médicos franceses de haber dado un trato «salvaje,
inhumano y de perros rabiosos» a López Peña, a sus familiares y a sus
allegados.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bayona con motivo del fallecimiento, el sábado, de Thierry a consecuencia de un derrame cerebral, Molina disparócontra todos. Irritada, en ocasiones exasperada, denunció el trato «salvaje, inhumano y de perros rabiosos» que, según ella, dispensaron los médicos al recluso y su familia desde su primer traslado al hospital el 11 de marzo por problemas cardiovasculares. Anunció medidas legales contra todas las instancias que han intervenido por las «impensables» circunstancias que, dice, rodean su muerte e incluso alentó las sospechas sobre las causas de su fallecimiento.
«Lo
han conseguido», aseveró la abogada para alimentar las dudas que
existen en la familia de Thierry sobre todo lo que rodea al
fallecimiento a los 54 años de quien dinamitó la tregua de 2006 al
instigar el atentado de la T-4 de Barajas que acabó con el «alto el
fuego» de ETA. Molina, que rompió a llorar en un momento de su
intervención, afirmó no comprender «qué ha pasado» y se basó en el hecho
de que en Cuidados Intensivos «no se explican cómo ha podido tener un
empeoramiento súbito y no previsto».
Esta situación hace que su familia sostenga que «cualquier posibilidad está abierta con lo que han hecho» con Thierry. «Pensamos de todo», enfatizó.
Para fundamentar sus sospechas, la letrada, que habló en francés y euskera (posteriormente ofreció un corte en castellano a los medios españoles), aludió a los numerosos «impedimentos administrativos» que sufrió la familia para conocer el paradero de Thierry y su situación clínica, y que evitaron que le vieran en vida. A este respecto, censuró que la comunicación del fallecimiento a los allegados se produjo cuando acudieron al servicio de cardiología del hospital Pitié-Salpêtrière de París para visitarle. «Nadie lo entiende», criticó.
Junto a esta circunstancia, la familia apunta como causas que generan dudas el que aún no han podido ver su cuerpo (esperan hacerlo hoy en el tanatorio del Instituto Médico Legal de la capital gala), que la autopsia fue practicada sin la presencia de ningún médico de confianza, que no se les ha facilitado el informe sobre su fallecimiento y que incluso hubo policías de España y Francia en la habitación del hospital en la que se encontraba Thierry.
A la vista de estas circunstancias, su familia anunció que presentará denuncias ante los tribunales por «el comportamiento de la autoridad judicial que se encargaba [del caso], de la Administración Penitenciaria y del servicio médico anormal».
Thierry fue trasladado el 11 de marzo de la prisión francesa de Fleury-Merogis, en París, al hospital Corbeil-Essonne para recibir cuidados a consecuencia de unos problemas cardiovasculares. Tras surgir complicaciones, dos días más tarde fue evacuado al hospital Pitié-Salpêtriere, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, sufrió un derrame cerebral.
En la comparecencia de ayer en Bayona, la familia de Thierry, representada por su hermano Juanma López Peña, estuvo arropado por representantes de los colectivos de apoyo a los presos de ETA Herrira y Etxerat, así como de la asociación sanitaria afín a la izquierda abertzale Jaiki Hadi, quienes exigieron que se aclaren «los numerosos puntos oscuros y la falta de información existente en torno a lo sucedido».
A la espera de que se interpongan las denuncias, las muestras de apoyo a Thierry se volvieron a suceder ayer en su localidad natal, Galdácano (Vizcaya), con una nueva movilización que se sumó a la marcha de la jornada anterior.
C. REMÍREZ DE GANUZA MADRID
02/04/2013 ESPAÑA
La abogada de etarras Yolanda Molina, ayer en Bayona en la rueda de prensa de Etxerat. / CAROLINE BLUMBERG / EFE
En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bayona con motivo del fallecimiento, el sábado, de Thierry a consecuencia de un derrame cerebral, Molina disparócontra todos. Irritada, en ocasiones exasperada, denunció el trato «salvaje, inhumano y de perros rabiosos» que, según ella, dispensaron los médicos al recluso y su familia desde su primer traslado al hospital el 11 de marzo por problemas cardiovasculares. Anunció medidas legales contra todas las instancias que han intervenido por las «impensables» circunstancias que, dice, rodean su muerte e incluso alentó las sospechas sobre las causas de su fallecimiento.
«Lo
han conseguido», aseveró la abogada para alimentar las dudas que
existen en la familia de Thierry sobre todo lo que rodea al
fallecimiento a los 54 años de quien dinamitó la tregua de 2006 al
instigar el atentado de la T-4 de Barajas que acabó con el «alto el
fuego» de ETA. Molina, que rompió a llorar en un momento de su
intervención, afirmó no comprender «qué ha pasado» y se basó en el hecho
de que en Cuidados Intensivos «no se explican cómo ha podido tener un
empeoramiento súbito y no previsto». Esta situación hace que su familia sostenga que «cualquier posibilidad está abierta con lo que han hecho» con Thierry. «Pensamos de todo», enfatizó.
Para fundamentar sus sospechas, la letrada, que habló en francés y euskera (posteriormente ofreció un corte en castellano a los medios españoles), aludió a los numerosos «impedimentos administrativos» que sufrió la familia para conocer el paradero de Thierry y su situación clínica, y que evitaron que le vieran en vida. A este respecto, censuró que la comunicación del fallecimiento a los allegados se produjo cuando acudieron al servicio de cardiología del hospital Pitié-Salpêtrière de París para visitarle. «Nadie lo entiende», criticó.
Junto a esta circunstancia, la familia apunta como causas que generan dudas el que aún no han podido ver su cuerpo (esperan hacerlo hoy en el tanatorio del Instituto Médico Legal de la capital gala), que la autopsia fue practicada sin la presencia de ningún médico de confianza, que no se les ha facilitado el informe sobre su fallecimiento y que incluso hubo policías de España y Francia en la habitación del hospital en la que se encontraba Thierry.
A la vista de estas circunstancias, su familia anunció que presentará denuncias ante los tribunales por «el comportamiento de la autoridad judicial que se encargaba [del caso], de la Administración Penitenciaria y del servicio médico anormal».
Thierry fue trasladado el 11 de marzo de la prisión francesa de Fleury-Merogis, en París, al hospital Corbeil-Essonne para recibir cuidados a consecuencia de unos problemas cardiovasculares. Tras surgir complicaciones, dos días más tarde fue evacuado al hospital Pitié-Salpêtriere, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, sufrió un derrame cerebral.
En la comparecencia de ayer en Bayona, la familia de Thierry, representada por su hermano Juanma López Peña, estuvo arropado por representantes de los colectivos de apoyo a los presos de ETA Herrira y Etxerat, así como de la asociación sanitaria afín a la izquierda abertzale Jaiki Hadi, quienes exigieron que se aclaren «los numerosos puntos oscuros y la falta de información existente en torno a lo sucedido».
A la espera de que se interpongan las denuncias, las muestras de apoyo a Thierry se volvieron a suceder ayer en su localidad natal, Galdácano (Vizcaya), con una nueva movilización que se sumó a la marcha de la jornada anterior.
El Gobierno insta a actuar contra Sortu
No pide a la Fiscalía ilegalizarla, sino proceder contra su portavoz por enaltecimiento
El Gobierno hizo ayer un gesto puntual pero significativo de
endurecimiento de su política antiterrorista. El Ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, ordenó la remisión a la Fiscalía de la Audiencia
Nacional de las recientes declaraciones del portavoz de Sortu, Pernando
Barrena, sobre el fallecido etarra Xabier López Peña Thierry, por si
fueran constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Asimismo, Interior pidió que se actúe contra el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, quien días antes reivindicó las palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, cuando calificó de «muertes políticas» los asesinatos de ETA.
Barrena declaró que la muerte de Thierry, el pasado sábado, «es consecuencia de la actitud de los Estados español y francés». Zabaleta, por su parte, afirmó que «los asesinatos de ETA son muertes políticas que se podrían haber evitado».
Además, y al mismo tiempo, el Ministerio anunció el traslado a la Fiscalía de todo el material relacionado con los actos de homenaje al etarra que Sortu celebró el domingo en Pamplona, por si pudieran ser igualmente constitutivos de delito del artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento o justificación del terrorismo, o humillación de las víctimas). Sólo el texto del cartel de Sortu sobre el etarra fallecido lo calificaba de «preso político asesinado».
Una iniciativa a la que se unieron jueces, fiscales y policías a través de sendos colectivos, como la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Confederación Española de Policía y el Sindicato Unificado de Policía.
El portavoz de este último, José María Benito, apuntó además que las «decisiones» no sólo deberían afectar a «personas» sino a «partidos», porque el acto de homenaje a Thierry pudo incumplir la Ley de Partidos. «En la lucha antiterrorista no hay que actuar con titubeos sino con firmeza», declaró a Europa Press.
Las víctimas del terrorismo abundaron en ello. Los portavoces de la AVT y de Dignidad y Justicia -Ángeles Pedraza y Daniel Portero- entendieron el homenaje a Thierry como un motivo más para ilegalizar a Sortu y a EH Bildu «cuanto antes».
En esta misma línea, y con la contundencia que le caracteriza, se pronunció el dirigente popular Jaime Mayor Oreja. En una entrevista en la Cope, y en relación con éstos y otros hechos, el portavoz en el Parlamento Europeo pidió la ilegalización de Sortu y de Bildu y abogó por «dar marcha atrás en el proceso de paz con ETA», aunque sea «dolorosa».
No obstante, tanto el Gobierno como el PP se desmarcaron ayer de estas manifestaciones. Las fuentes consultadas en Interior aseguraron que correspondería a la Fiscalía, en su caso, reunir datos e impulsar la citada ilegalización.
En cuanto al PP, su portavoz Iñaki Oyarzábal se desmarcó sin tapujos de Jaime Mayor. En declaraciones a este diario afirmó que «ya es conocida su posición sobre la necesidad de ilegalizar ya» a las formaciones abertzales, pero que el PP, estando de acuerdo con el Tribunal Supremo y no con el Constitucional sobre el particular, entiende que debe ser la Fiscalía la que «tome nota y advierta de las causas de ilegalización».
Según explicó, «son el Gobierno y la Fiscalía quienes deben juzgar si se puede armar un proceso de ilegalización de estas características» y actuar con «prudencia», ya que «si sale mal, supondría oxígeno para ellos».
Oyarzábal se mostró plenamente de acuerdo con Interior en instar a la Fiscalía a actuar contra los portavoces de Sortu y Aralar; expresó su «estupor» por sus declaraciones y sus actos de homenaje; y prometió que el Gobierno actuará con «firmeza» y estará «vigilante».
LEYRE IGLESIAS BILBAO
02/04/2013 ESPAÑA
Asimismo, Interior pidió que se actúe contra el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, quien días antes reivindicó las palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, cuando calificó de «muertes políticas» los asesinatos de ETA.
Barrena declaró que la muerte de Thierry, el pasado sábado, «es consecuencia de la actitud de los Estados español y francés». Zabaleta, por su parte, afirmó que «los asesinatos de ETA son muertes políticas que se podrían haber evitado».
Además, y al mismo tiempo, el Ministerio anunció el traslado a la Fiscalía de todo el material relacionado con los actos de homenaje al etarra que Sortu celebró el domingo en Pamplona, por si pudieran ser igualmente constitutivos de delito del artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento o justificación del terrorismo, o humillación de las víctimas). Sólo el texto del cartel de Sortu sobre el etarra fallecido lo calificaba de «preso político asesinado».
Una iniciativa a la que se unieron jueces, fiscales y policías a través de sendos colectivos, como la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Confederación Española de Policía y el Sindicato Unificado de Policía.
El portavoz de este último, José María Benito, apuntó además que las «decisiones» no sólo deberían afectar a «personas» sino a «partidos», porque el acto de homenaje a Thierry pudo incumplir la Ley de Partidos. «En la lucha antiterrorista no hay que actuar con titubeos sino con firmeza», declaró a Europa Press.
Las víctimas del terrorismo abundaron en ello. Los portavoces de la AVT y de Dignidad y Justicia -Ángeles Pedraza y Daniel Portero- entendieron el homenaje a Thierry como un motivo más para ilegalizar a Sortu y a EH Bildu «cuanto antes».
En esta misma línea, y con la contundencia que le caracteriza, se pronunció el dirigente popular Jaime Mayor Oreja. En una entrevista en la Cope, y en relación con éstos y otros hechos, el portavoz en el Parlamento Europeo pidió la ilegalización de Sortu y de Bildu y abogó por «dar marcha atrás en el proceso de paz con ETA», aunque sea «dolorosa».
No obstante, tanto el Gobierno como el PP se desmarcaron ayer de estas manifestaciones. Las fuentes consultadas en Interior aseguraron que correspondería a la Fiscalía, en su caso, reunir datos e impulsar la citada ilegalización.
En cuanto al PP, su portavoz Iñaki Oyarzábal se desmarcó sin tapujos de Jaime Mayor. En declaraciones a este diario afirmó que «ya es conocida su posición sobre la necesidad de ilegalizar ya» a las formaciones abertzales, pero que el PP, estando de acuerdo con el Tribunal Supremo y no con el Constitucional sobre el particular, entiende que debe ser la Fiscalía la que «tome nota y advierta de las causas de ilegalización».
Según explicó, «son el Gobierno y la Fiscalía quienes deben juzgar si se puede armar un proceso de ilegalización de estas características» y actuar con «prudencia», ya que «si sale mal, supondría oxígeno para ellos».
Oyarzábal se mostró plenamente de acuerdo con Interior en instar a la Fiscalía a actuar contra los portavoces de Sortu y Aralar; expresó su «estupor» por sus declaraciones y sus actos de homenaje; y prometió que el Gobierno actuará con «firmeza» y estará «vigilante».
Los altibajos del Gobierno con la 'vía Nanclares'
Abandonó su apuesta tras las reacciones a la libertad de Bolinaga
El futuro de la vía Nanclares que ensayaron los gobiernos socialistas de
José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López con una veintena de presos
disidentes de ETA es una incógnita desde que Mariano Rajoy desembarcó en
La Moncloa. Primero la avaló, lanzando incluso un plan de reinserción
por primera vez como oferta pública a los reclusos de ETA. Pero desde
que la política penitenciaria se erigió en cuestión nacional con los
nombres de Josu Uribetxeberria Bolinaga y Henri Parot en verano de 2012,
la apuesta por esta vía de resocialización desde las prisiones vascas
se ha detenido.
Aquel verano fue el punto de inflexión. Coincidieron la excarcelación del primero, enfermo de cáncer, que soliviantó a algunos sectores, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot, que mantiene entre rejas a unos 60 de los terroristas más sanguinarios de ETA, y que ahora revisa la Corte Europea por última vez.
Desde esas fechas, la apuesta del Gobierno por los presos disidentes de ETA se ha difuminado. El problema no lo tiene el presidente en el conjunto de España, pero sí en el País Vasco. En la clase política vasca ajena a su partido cunde la idea de que el Ejecutivo central ha despreciado la vía de reinserción que se estaba convirtiendo en una potente herramienta para subrayar la sinrazón del terrorismo.
La noticia filtrada esta semana de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ha negado el tercer grado a Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores ha ahondado en esta sensación. Mientras, desde la Administración aseguran que son tres casos aislados y tres decisiones «temporales» que no implican un carpetazo a la vía de reinserción.
La filtración de esta noticia, que en realidad es vieja -las resoluciones, al contrario de que lo ha trascendido, datan de marzo, junio y septiembre-, empuja de hecho a pensar que al Gobierno le interesa demostrar, sobre todo ante los colectivos de víctimas, al igual que con la doctrina Parot, que su política es estricta con los presos terroristas, ante la posibilidad de que, en los próximos días, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, pueda adoptar la decisión contraria.
Pero el Ejecutivo no arrancó así. En mayo de 2012, Fernando Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares culminaron por primera vez el programa diseñado por el PSOE alcanzando la libertad provisional como superación del tercer grado, después de haberse desvinculado completamente de ETA, haber pedido perdón por sus crímenes y empezar a pagar las indemnizaciones derivadas de sus delitos.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también ha concedido el tercer grado a tres disidentes: Juan Manuel Fernández Pérez de Nanclares (febrero de 2012), Joseba Andoni Díaz Urrutia (abril de 2012) y Jurgi Oteiza Nazabal (julio de 2012).
Todo esto antes del caso Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara cuya excarcelación desató entre los populares un miedo atroz a perder la base social del mundo de las víctimas, al menos el de las asociaciones más combativas y que más influyen a través de los medios de comunicación.
El escándalo también interrumpió un plan que había empezado a gestarse con la colaboración del PP vasco para dar continuidad a las aulas de convivencia a las que había acudido una decena de reclusos en la etapa anterior. La idea de los populares era cambiar la fórmula, de modo que estuviera totalmente controlada por funcionarios de la cárcel y no basada en debates con invitados externos.
Por aquellos talleres habían pasado 13 políticos, profesores, responsables de asociaciones pacifistas y también víctimas del terrorismo de todas las sensibilidades (Joseba Arregi, Gorka Landaburu, Jonan Fernández, Manuel Reyes Mate...). Este plan, por ahora, está parado, a la espera de nuevos presos que no llegan.
Y no llegan, en parte, porque en las cárceles el mensaje que les hace llegar la izquierda abertzale es que esperen sin significarse: les aseguran que ellos les conseguirán un plan de salidas colectivo aunque escalonado. Así que, de momento, nadie quiere iniciar el arrepentimiento público si puede seguir siendo considerado como un héroe para los suyos.
El problema del Ministerio de Jorge Fernández Díaz es que, si no apoya -en forma de permisos o cambios de grado- la reinserción en la que dice confiar, corre el serio riesgo de que su oferta a los presos que aún no han dado el paso pierda toda credibilidad. Si los que sí cumplen los requisitos legales no consiguen los beneficios previstos -a los que los reclusos siempre se han negado por orden de la banda terrorista-, a sus ojos esa vía no merecerá la pena.
Aquel verano fue el punto de inflexión. Coincidieron la excarcelación del primero, enfermo de cáncer, que soliviantó a algunos sectores, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot, que mantiene entre rejas a unos 60 de los terroristas más sanguinarios de ETA, y que ahora revisa la Corte Europea por última vez.
Desde esas fechas, la apuesta del Gobierno por los presos disidentes de ETA se ha difuminado. El problema no lo tiene el presidente en el conjunto de España, pero sí en el País Vasco. En la clase política vasca ajena a su partido cunde la idea de que el Ejecutivo central ha despreciado la vía de reinserción que se estaba convirtiendo en una potente herramienta para subrayar la sinrazón del terrorismo.
La noticia filtrada esta semana de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ha negado el tercer grado a Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores ha ahondado en esta sensación. Mientras, desde la Administración aseguran que son tres casos aislados y tres decisiones «temporales» que no implican un carpetazo a la vía de reinserción.
La filtración de esta noticia, que en realidad es vieja -las resoluciones, al contrario de que lo ha trascendido, datan de marzo, junio y septiembre-, empuja de hecho a pensar que al Gobierno le interesa demostrar, sobre todo ante los colectivos de víctimas, al igual que con la doctrina Parot, que su política es estricta con los presos terroristas, ante la posibilidad de que, en los próximos días, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, pueda adoptar la decisión contraria.
Pero el Ejecutivo no arrancó así. En mayo de 2012, Fernando Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares culminaron por primera vez el programa diseñado por el PSOE alcanzando la libertad provisional como superación del tercer grado, después de haberse desvinculado completamente de ETA, haber pedido perdón por sus crímenes y empezar a pagar las indemnizaciones derivadas de sus delitos.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también ha concedido el tercer grado a tres disidentes: Juan Manuel Fernández Pérez de Nanclares (febrero de 2012), Joseba Andoni Díaz Urrutia (abril de 2012) y Jurgi Oteiza Nazabal (julio de 2012).
Todo esto antes del caso Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara cuya excarcelación desató entre los populares un miedo atroz a perder la base social del mundo de las víctimas, al menos el de las asociaciones más combativas y que más influyen a través de los medios de comunicación.
El escándalo también interrumpió un plan que había empezado a gestarse con la colaboración del PP vasco para dar continuidad a las aulas de convivencia a las que había acudido una decena de reclusos en la etapa anterior. La idea de los populares era cambiar la fórmula, de modo que estuviera totalmente controlada por funcionarios de la cárcel y no basada en debates con invitados externos.
Por aquellos talleres habían pasado 13 políticos, profesores, responsables de asociaciones pacifistas y también víctimas del terrorismo de todas las sensibilidades (Joseba Arregi, Gorka Landaburu, Jonan Fernández, Manuel Reyes Mate...). Este plan, por ahora, está parado, a la espera de nuevos presos que no llegan.
Y no llegan, en parte, porque en las cárceles el mensaje que les hace llegar la izquierda abertzale es que esperen sin significarse: les aseguran que ellos les conseguirán un plan de salidas colectivo aunque escalonado. Así que, de momento, nadie quiere iniciar el arrepentimiento público si puede seguir siendo considerado como un héroe para los suyos.
El problema del Ministerio de Jorge Fernández Díaz es que, si no apoya -en forma de permisos o cambios de grado- la reinserción en la que dice confiar, corre el serio riesgo de que su oferta a los presos que aún no han dado el paso pierda toda credibilidad. Si los que sí cumplen los requisitos legales no consiguen los beneficios previstos -a los que los reclusos siempre se han negado por orden de la banda terrorista-, a sus ojos esa vía no merecerá la pena.
ResponderEliminarDios los cria y ellos se juntan, o debería decir aquello de, cria cuervos...
Por lo demás lo de siempre y como siempre, ellos los buenos y el mundo en general el malo de la película.
Lo que tiene que hacer el desgobierno, es ilegaliza a sortu y sus secuaces, y dejarse de medias tintas, si fuera al revés, ya estaría hecho.