No es uno de los nuestros

GARI DURÁN

06/02/2013 ESPAÑA/El Mundo

Las elecciones al Parlamento vasco de octubre no sólo han traído un cambio radical en el Gobierno de esta comunidad autónoma. El nuevo reparto de escaños ha supuesto que la designación de los senadores autonómicos responda a otro equilibrio de fuerzas. Aunque con distintas personas, el PSE y el PNV siguen representados en la Cámara Alta, no así el PP, que es sustituido por EH-Bildu. Todo dentro de la aparente normalidad; legal y limpiamente ejecutado. Se va Juana Iturmendi Maguregui, una política que se mueve por su ciudad protegida por dos escoltas, y entra Iñaki Goioaga Llanos, el abogado de quienes amenazan su vida. Todo legal, quizá legítimo, pero ¿moral?

Dice el alcalde de Tolosa y nuevo senador autonómico del PSE que no le incomoda la presencia de Goioaga en la Cámara Alta. A mí sí. Un documento encriptado y el hecho de no haber sido llamado a declarar por el juez Gómez Bermúdez, tal como pedía la Fiscalía de la Audiencia Nacional, le ha permitido tomar posesión, eso sí, ante notario, de su acta de senador. A partir de ahora, y hasta que deje de serlo, no podrá ser inculpado ni procesado sin la autorización de la Cámara, solicitada mediante suplicatorio, y sólo podrá ser imputado y juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Una jugada perfecta para ese cuya imagen más repetida le muestra ante un enorme mural con las fotografías de los presos etarras, bajo el lema ETA presoak etxera.

Al que el juez Marlaska considera en un auto dictado en 2010, como «integrado en la banda», «intermediario» y que actuaba como «buzón de ETA» podrá, a partir de ahora, presentar enmiendas y propuestas de veto a los proyectos y proposiciones de ley que se tramiten en el Senado español, preguntar e interpelar al Gobierno, presentar mociones e intervenir en los debates. Lo hará «porque es un ciudadano y tiene todos sus derechos civiles y políticos en regla», y eso, aunque su calidad de abogado defensor de los presos de ETA suponga que da por hecho que hay personas -a las que sus defendidos han matado, secuestrado, mutilado o extorsionado- que no tienen ni derechos civiles ni, por supuesto, derecho a la vida o a la libertad. Él sí. En regla. 

Ocupará su escaño, presumiblemente el que hace de frontera entre el Grupo Mixto y el PSOE, aunque puede que no se sienta obligado a frecuentarlo demasiado. Una vez obtenidos los beneficios que proporciona el Estado de Derecho, qué más da. 

Y puede que lo veamos en la cafetería, que nos crucemos con él en un pasillo, saliendo de su despacho, recogiendo su correspondencia. Quizá compartamos ascensor o que incluso nos toque negociar el texto de una enmienda con él. Sus aportaciones -si las hace- deberán ser tenidas en cuenta. Su voto valdrá como el de cualquiera y si interviene, en Pleno o en Comisión, sus palabras quedarán para la Historia -y para nuestra vergüenza- en el diario de sesiones. Será un senador, parecerá un senador y hasta puede que actúe como un senador, pero que le quede claro: a pesar de las apariencias y aunque la legalidad le ampare, no será nunca uno de los nuestros. 

Gari Durán es senadora del PP.

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

06/02/2013 ESPAÑA

Izagirre contra la plaza Constitución

Bildu pretende imponer el nombre de Berria en el popular espacio de San Sebastián

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, y el portavoz del Ejecutivo nacionalista, Josu Erkoreka, se enzarzaron ayer ante la reclamación formulada el lunes por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que pidió el «repliegue» de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa aprovechando el final de ETA. Para Urquijo, es «irresponsable» plantear semejante cuestión cuando la banda terrorista aún no se ha disuelto y, para Erkoreka, lo «irresponsable» es no ver lo que ha constatado hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que el final de la violencia es «irreversible».
Al margen del condicionante de ETA, la paradoja es que ambos utilizaron el mismo argumento para defender justo lo contrario sobre el modelo policial del País Vasco, la región de Europa con más agentes por habitante. «No exigimos siquiera la más mínima sensibilidad para agradecer el trabajo y el sacrificio realizado por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la derrota del terrorismo. Sólo exigimos [...] respeto a las competencias que tanto la Constitución como el Estatuto asignan a las FSE», manifestó Urquijo en un vídeo difundido por su gabinete de prensa.
Erkoreka, por su parte, aseguró que el cumplimiento de la letra del Estatuto les otorgaría unas funciones muy concretas que no justificarían el despliegue actual, de 4.500 efectivos. El portavoz del Gobierno vasco, además, dejó abierta la puerta a un repliegue aún mayor de unos cuerpos que Íñigo Urkullu llegó a calificar como «ajenos». Según explicó, el PNV concretará su propuesta de modelo policial cuando plantee su reforma estatutaria