El juez de Madrid Juan Antonio Sáenz de San Pedro ha confirmado el sobreseimiento libre de la denuncia por coacciones contra el vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo y el periodista Joaquín Manso que presentaron las dos testigos del 11-M imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam. Las mujeres, de nacionalidad rumana, exhibieron sus acusaciones en sendos manuscritos, cuyo contenido se ha revelado como un embuste, pero que fueron difundidos por El País sin contrastarlos con los afectados. En el auto que resuelve los recursos del abogado Gonzalo Boye -condenado en 1996 por secuestro y colaborador de ETA en los 80- y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, el juez insiste en que no hay «indicio de violencia o intimidación», por lo que da por reproducida la resolución en la que dictó el sobreseimiento.
En aquélla, inusual por su contundencia, el juez concluye que este diario ha acreditado que «en ningún caso se les requirió [a las testigos] para decir algo diferente a lo que era verdad ni en absoluto se les intimidó para que lo hicieran», por lo que, como solicitaba el abogado de EL MUNDO, Juan Luis Ortega, acuerda el sobreseimiento libre y con valor de cosa juzgada.
Las dos mujeres, identificadas como testigos protegidos con las claves C-65 y J-70, aseguraban en su denuncia que los dos periodistas les habían conminado bajo presiones a que efectuasen una declaración exculpatoria de Zougam.
Relato falsario
Pues bien, la testigo J-70 se retractó delante del juez y admitió durante el interrogatorio que no había sido víctima de ningún chantaje. C-65, sin embargo, insistió en un relato falsario en el que incluyó amenazas durante una cita con los periodistas en una cafetería. Este diario presentó la grabación en audio de ese encuentro, cuya autenticidad confirmó la Policía Científica, para demostrar que ni una sola de sus aseveraciones era cierta.
La mentira fue subrayada por el juez: «Contrariamente a lo que la testigo señaló», la cinta «no recoge en absoluto una conversación en la que los denunciados intimidasen u obligasen, o intentasen hacerlo de algún modo, a la testigo para que colaborase con ellos». La resolución justificaba que no se tomase ninguna iniciativa de oficio contra las denunciantes en que sus acusaciones, aunque hubieran sido ciertas, no incluían la imputación de ninguna conducta que alcanzase la categoría de delito.
Buena noticia, parece que el entramado se les va deshaciendo.
ResponderEliminarMás tarde o temprano esto lo sabremos todos, ya que sus conciencias les va a ir pasando factura, aparte de que la justicia divina ya va haciendo su trabajo.