«Respeto pero no comparto la decisión del juez»

FERNANDO LÁZARO MADRID

07/07/2012 ESPAÑA/El Mundo

Jorge Fernández, molesto por el acercamiento de un etarra para una prueba de fertilidad

. La autorización del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis de Castro para trasladar al preso de ETA Jon Koldo Aparicio de El Puerto de Santa María al País Vasco para realizarse pruebas de fertilidad ha despertado un potente malestar político. Y quien dio buena muestra de ese malestar fue el ministro del Interior, Jorge Fernández. Tras felicitar a los agentes que recuperaron el Códice Calixtino, se refirió a este polémico traslado de un preso etarra, considerado duro y condenado a 35 años de prisión.

Fernández aseguró que acata pero no comparte la decisión del juez y añadió que él no habría aprobado que Aparicio Benito se fuera de la cárcel de El Puerto de Santa María a la de Basauri para realizarse unas pruebas de fertilidad, información adelantada por EL MUNDO.

«Ha sido una decisión del juez de vigilancia penitenciaria», indicó el ministro durante su visita a la Brigada de Patrimonio Histórico de la UDEV. Aseguró que ni la administración penitenciaria ni el departamento que dirige han tenido «ninguna participación en esa decisión».

El ministro reconoció, «con sinceridad», que es una decisión que no ha producido en Interior «un entusiasmo descriptible», pero que la persona competente para tomarla es el juez penitenciario.

Resaltó que la adopción de ese traslado se ha efectuado sin consultarles y en contra de la opinión de la Fiscalía, y reiteró: «La acatamos pero no la compartimos; si hubiera dependido de nosotros, no lo hubiéramos hecho». «En la medida en que hemos podido, hemos querido trasladar la opinión que nos merecía una decisión de estas características con todo respeto y claridad», añadió.

Jon Koldo Aparicio Benito está condenado por delitos de pertenencia a banda armada, atentados y tenencia de explosivos. Este etarra ya ha tenido un duro intercambio epistolar con el juez de vigilancia penitenciaria al que, incluso, ha denunciado por prevaricación. Las decisiones que hasta la fecha adoptaba el juez De Castro sobre él eran motivo de constantes recursos por parte del interno. En esta ocasión, el terrorista no ha protestado por la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional. El etarra realizó algunos movimientos durante 2009 que daban a entender que se estaba alejando de la ortodoxia etarra, pero no cobraron absoluta credibilidad pese a ser acercado por el Ejecutivo anterior. Está considerado como duro, está en primer grado y cumple en la cárcel de Puerto 1.

Se da la circunstancia de que este preso reclamó en 2003 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la falta de espacios para no fumadores en los centros penitenciarios españoles, pero en 2006 dicho organismo inadmitió la demanda.

El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se mostró ayer muy sorprendido por la decisión del juez José Luis Castro. Aseguró que esta medida es «incomprensible y no la entiende nadie» porque «se podría haber hecho la prueba en Cádiz», según informa Javier G. Negre. Asimismo, el representante del PP subrayó que sólo espera «que le hagan la prueba al terrorista y que le vuelvan a llevar a la cárcel del Puerto de Santa María». El popular quiso también dejar claro que este traslado no responde a ningún plan del Gobierno central para acercar presos de ETA, pues esta decisión es «competencia únicamente del juez» y no del Ejecutivo.