Así examina el Congreso a los magistrados del Constitucional

MARÍA PERAL MADRID

10/07/2012 PORTADA/El Mundo

Sólo 6 diputados asistieron a la audiencia y sólo 3 hicieron preguntas, ninguna relacionada con el informe de Valdés anteponiendo el 'secreto de Estado' a la persecución del delito

. Tras incurrir en un retraso de un año y medio en la renovación del Tribunal Constitucional, el Congreso recibió ayer a los cuatro futuros magistrados con un vacío casi total en la Comisión de Nombramientos, la que teóricamente debe examinar la idoneidad de los candidatos y comprobar sus trayectorias. Sólo seis diputados asistieron a la comparecencia de los cuatro juristas -dos propuestos por el PP, otros tantos por el PSOE- y únicamente tres les formularon preguntas, ninguna de ellas especialmente incómoda. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, denunció que el acto parlamentario era «la representación de una farsa, un paripé: todo está decidido».
«Ustedes van a ser magistrados del Tribunal Constitucional porque así lo han decidido el PP y el PSOE», dejó claro Rosa Díez a los candidatos al TC que ayer comparecieron ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, una designación pactada entre los dos partidos mayoritarios que «se han repartido la tarta para que ustedes sepan a quién deben el puesto y obren en consecuencia», dijo la portavoz de Unión Progreso y Democracia.

Díez fue una de los cuatro portavoces parlamentarios que asistieron al examen de los juristas propuestos para el TC: Juan José González Rivas y Andrés Ollero, por el PP, y Fernando Valdés y Encarnación Roca, por el PSOE. La condición de catalana de esta última ha favorecido el respaldo a la propuesta por parte
de CiU, cuyo portavoz, Jordi Jané, también estuvo presente junto al popular Pedro Gómez de la Serna y al socialista Ramón Jáuregui.

Los portavoces del PNV, IU y del Grupo Mixto dejaron sus asientos vacíos y sólo dos diputados más (uno del PP y otro del PSOE) siguieron la sesión. En total, seis miembros de la Cámara acogieron a los juristas que van a tener en sus manos la aplicación de la Constitución, seleccionados con tal demora (un año y medio) que los actuales magistrados del TC llegaron a amenazar en mayo con tomar «medidas drásticas» si el Parlamento no cumplía con el deber de nombrar a sus sucesores.

«Esto es la representación de una farsa, la apariencia de un control democrático para lo que no es sino un reparto entre los dos grandes partidos. Aquí hacemos el paripé de que los examinamos, pero esto ya está decidido», criticó la representante de UPyD en una intervención contestada por Jáuregui, que enfatizó que «durante mucho tiempo se nos ha censurado por no consensuar y cuando lo hacemos se nos censura por proponer».

También replicó Gómez de la Serna, que elogió el «pacto de Estado» alcanzado por PP y PSOE y espetó a Díez que «flaco favor hacen a España situándose extramuros del sistema constitucional». La líder de UPyD pidió al portavoz popular que retirara esa «ofensa», lo que Gómez de la Serna no hizo.

Al margen del rifirrafe entre los portavoces, la comparecencia de los aspirantes al TC tuvo mucho más de cordial intercambio de pareceres que de verdadero examen parlamentario.

El representante del PSOE señaló que «es verdad que son fruto de un pacto político, pero pocas veces hemos tenido un plantel de juristas de este nivel».

El portavoz del PP también adelantó el apoyo de su grupo a los cuatro seleccionados dado su «prestigio» e «idoneidad». De esta manera, Gómez de la Serna tuvo delante al catedrático de Derecho del Trabajo Fernando Valdés, que se ha mostrado públicamente muy crítico con la reforma laboral del Gobierno, sin preguntarle ni siquiera tangencialmente por la cuestión.

Gómez de la Serna tampoco hizo alusión alguna a la época en la que Valdés dirigió el Servicio Jurídico del Estado y defendió el veto a la investigación judicial de los fondos reservados, anteponiendo el «secreto de Estado» a la investigación de la financiación de los GAL.

Tampoco Jáuregui puso en apuros al catedrático de Filosofía del Derecho Ollero, al que preguntó si suscribiría una reforma de la Constitución según la cual «todos tienen derecho al matrimonio». El candidato, que se ha pronunciado contra el matrimonio homosexual, respondió que el TC «no dirime debates morales» y que la cuestión es «si hay que cambiar la Constitución». «No se respeta la Constitución haciendo mutaciones constitucionales. Así no es que esté en juego el matrimonio, es que está en juego la Constitución».

Los jueces del Supremo Roca y González Rivas, de perfiles más discretos, tampoco tuvieron que enfrentarse a asuntos vidriosos. La primera señaló que se está produciendo un «inevitable» abuso del recurso de amparo ante el que el TC tiene que tomar medidas para ser «más eficiente». El segundo se mostró de acuerdo con la intervención de las comunidades autónomas en la preselección de los candidatos al TC que corresponde designar al Senado.