Administrativos, ujieres, taquígrafos, técnicos y letrados del Congreso han expresado su «preocupación» por «el apaño» adoptado por la Cámara Baja, que permitirá contratar hasta cinco asesores por grupo parlamentario. Los nuevos asesores cobrarán hasta 3.800 euros.
El pasado 6 de marzo, los grupos que componen la Mesa del Congreso (PP, PSOE y CIU) llegaron a un acuerdo que les permitirá «reconvertir dos puestos correspondientes a asistentes [de diputados] en un puesto de asesor, hasta un máximo de cinco asesores por grupo, y cuya función sería la de coordinar a los asistentes y facilitar apoyo técnico y jurídico, en el ámbito de la confianza política, a los diputados de su propio grupo parlamentario en el ejercicio de sus funciones parlamentarias».
La Mesa también aprobó que la retribución de esos asesores no podrá ser superior al doble de la que recibe un asistente, que es de 1.900 euros mensuales brutos. Es decir, cada miembro de esta especie de cuerpo de asesores de nueva creación, que tiene mayor cualificación y funciones más concretas que el de los asistentes, cobraría un máximo de 3.800 euros brutos mensuales. Con este pacto no aumenta el presupuesto del Congreso -porque establece que podrán sustituir un asesor por cada dos asistentes-, pero sí crece la indignación de los funcionarios.
La Junta de Personal del Congreso, que es el órgano de representación de los trabajadores públicos de las Cortes, va a presentar un recurso ante la Mesa de la Cámara Baja para denunciar lo que considera una «lesión» que «constituye un gravísimo precedente de ilegalidad e inconstitucionalidad». En el recurso, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Junta que representa a más de 300 funcionarios indica que la nueva figura de asesor desempeña un trabajo que «se solapa» con las tareas de los empleados públicos y duplica las funciones de apoyo técnico y jurídico que ya desempeñan ellos.
«Se incurre en una extralimitación que viene a lesionar los derechos de los funcionarios de las Cortes, pues esas funciones de apoyo técnico y jurídico están reservadas expresamente a diversos cuerpos de funcionarios de carrera», añade. En otras palabras, los funcionarios consideran que se crea «una estructura paralela» formada con personal eventual -nombrado a dedo- con «la finalidad de recolocar a los amigos, políticos en paro que, tras las elecciones generales, se han quedado sin sitio».
En el recurso se expresa también el malestar provocado por que el acuerdo se haya realizado sin consultar con la Junta de Personal y con la Mesa del Senado, como era preceptivo, y por el hecho de que«no haya sido publicado ni comunicado de oficio», sino a instancias del propio órgano de representación de los funcionarios. «No ha habido trasparencia», denuncian los funcionarios.
La Mesa adoptó este acuerdo a instancias del PSOE, con el apoyo de PP y CiU. Fuentes de la dirección del grupo de IU-ICV-CHA dijeron a este periódico que se trata de «una componenda» de los dos grupos mayoritarios «para cuadrar su trabajo en el Congreso» y recolocar a personas que se han quedado en paro tras las pasadas elecciones generales.
Según las mismas fuentes, se trata de «un apaño» que se añade al hecho de que PP y PSOE se pusieran de acuerdo al principio de la legislatura para reducir el número de asistentes de los grupos minoritarios frente a la norma no escrita que se aplicaba antes de que cada diputado tuviera un asistente.
Desde Izquierda Unida dijeron que no va a aplicar este acuerdo de la Mesa y tampoco lo harán otros grupos minoritarios. El más beneficiado es el PSOE, según esas fuentes, porque es el que más cargos tiene en paro tras su batacazo electoral.
Poco resta que decir, si no, otra fechoría más de los de la casta, menospreciando a los cerca de 6 millones de parados.
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