Miles de personas se manifiestan en Bilbao contra la 'doctrina Parot'
Batasuna y los partidos y organizaciones firmantes del Acuerdo de Gernika movilizaron ayer a miles de personas en Bilbao para protestar por la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la aplicación de la doctrina Parot a presos de ETA, que interpretan como un intento para «arruinar la oportunidad abierta de lograr la paz».
Tras una pancarta que pedía en euskara Desactivar las medidas de excepción. Es tiempo de soluciones, la manifestación recorrió las calles del centro de Bilbao hasta el Ayuntamiento, donde los convocantes leyeron un comunicado. Dos ex presos de ETA sujetaron la pancarta durante todo el recorrido: el firmante de la Declaración de Gernika en representación de todo el colectivo, Jon Agirre Agiriano, alias Elertxuri; y José María Igarataundi Peñagarikano, el último recluso de la banda terrorista en salir de prisión al rechazar el Constitucional que se le alargase el periodo de cumplimiento mediante la doctrina Parot.
Entre los presentes se encontraban otros ex presos de ETA, familiares de miembros de la banda y personas cercanas a los diferentes movimientos de la izquierda abertzale. En la representación política destacaban Rufi Etxeberria y Joseba Permach.
El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo pidió al Gobierno que «dé pasos en la dirección de la resolución del conflicto» y que «abra la interlocución con el colectivo de presos políticos vascos».
La portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu instó a los gobiernos español y francés a hacer política «basándose en el estricto y absoluto respeto a todos los derechos civiles y políticos», así como que no cierren «las puertas al diálogo».
El secretario general de EA, Pello Urizar, insistió al pedir al Gobierno que actúe «con responsabilidad y altura de miras», de forma que no sea «una traba para la consecución de la paz y de la normalización política».
El parlamentario y vicecoordinador de Aralar, Dani Maeztu, fue un poco más allá y advirtió de que la situación de «los presos políticos vascos» es también «una consecuencia del conflicto» a la que se debe hacer «frente», al igual que se hace con las víctimas del terrorismo.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, exigió la invalidación de las políticas penitenciarias «punitivas» que «sólo tienen como objetivo el castigo y la venganza añadida sobre unas penas ya cumplidas».
Los manifestantes interpretan esas medidas como un «ataque contra los derechos humanos» y una muestra del «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy. En un tramo del recorrido, un grupo de personas mostraron pancartas en recuerdo del joven Iñigo Cabacas, muerto por una pelota de goma de la Ertzaintza el pasado día 5 de abril.
En el comunicado final, leído en las escalinatas del Ayuntamiento, familiares de presos afectados por la doctrina Parot recalcaron que la decisión del Constitucional de avalar esa doctrina supone «un ataque directo a derechos humanos básicos», y una forma de actuar «contra la resolución del conflicto, que deja en evidencia la falta de voluntad del Gobierno español». En su opinión, el alargamiento de penas que permite la citada medida supone el establecimiento de una «cadena perpetua». No obstante, reafirmaron su compromiso expresado en el Acuerdo de Gernika para que la solución al conflicto sea «integral y sin vencedores ni vencidos».
Una treintena de presos abandona la 'vía Nanclares'
Rectificaron el camino de la reinserción ante la posibilidad de una salida en bloque
Las expectativas que están generando ETA y Batasuna entre sus presos sobre una salida colectiva de las cárceles, con la amnistía en el horizonte, han supuesto que desde el pasado 20 de octubre, cuando la banda anunció el «cese definitivo» de su violencia, una treintena de reclusos haya dado marcha atrás en sus gestos para alejarse de la disciplina impuesta por ETA y abrazar el camino hacia la reinserción ateniéndose a las condiciones que marca la ley.
Según fuentes de toda solvencia, estas personas habían empezado a «desmarcarse» de la doctrina férrea del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) con la intención de separarse del aparato controlado por la banda, el que les impide reconocer el daño causado, pedir perdón a las víctimas y resarcirlas económicamente.
La razón de esa rectificación estriba en que Batasuna y su mundo les han prometido una puerta abierta a una salida en bloque, que les ahorraría el ostracismo de su entorno por traidores. Esta misma semana, la integrante de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu ha manifestado que los presos «no agacharán la cabeza». El balance de incorporaciones a la denominada vía Nanclares desde el 20-O, por lo tanto, ha sido cero.
El organismo oficial del frente de makos ha anunciado esta semana la renovación de su cúpula, elegida por los reclusos, que ha incluido a algunos de los considerados duros dentro de ETA. Su mensaje no ha variado: «La solución será colectiva o no será», han asegurado, y los objetivos siguen siendo «la autodeterminación y la amnistía».
Los más de 600 reclusos que el llamado Movimiento Vasco de Liberación Nacional tiene en las cárceles españolas y francesas se encuentran en estos momentos frente a una disyuntiva: la de seguir obedeciendo a ETA y su brazo político, sin aceptar ninguna condición para lograr una mejora en sus condiciones -el acercamiento al País Vasco, la obtención de permisos e incluso la libertad condicional-, o acogerse a la vía que les ofrece el Gobierno, basada en el acatamiento de la legislación para evolucionar hacia la reinserción.
Así arrancó bajo la batuta del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba el experimento de la vía Nanclares, concentrado en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca. Un camino del que estaba informado el PP en la oposición y que ha decidido mantener el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora con Jorge Fernández Díaz al mando de Interior.
Actualmente, son 26 los reclusos que se han acogido a esta fórmula, frente al medio millar largo a las órdenes del EPPK. Con el «cese definitivo» de ETA, esta senda no ha atraído a nuevos presos dispuestos al arrepentimiento, al tiempo que los socios de la izquierda abertzale -EA, Alternatiba y Aralar- dan la vía por amortizada.
Desde las propias filas de la antigua Batasuna, portavoces como Txelui Moreno no han dudado en desacreditar a los reclusos que en esta cárcel «están colaborando con el Estado» y prestándose a su «vergonzosa, sádica y humillante» utilización.
La pugna ha ido in crescendo en los últimos meses. La avanzadilla de la vía Nanclares, el denominado Colectivo de Presos Comprometidos con el Irreversible Proceso de Paz, lleva un tiempo haciendo pública su postura a través de artículos de opinión. En el último, Urrusolo Sistiaga lamentó que la política marcada por la izquierda abertzale aboque a los presos a un mayor tiempo en la cárcel, y replicó a Batasuna que no engañe a los reclusos y su entorno, porque «cumplir los requisitos no es ni más ni menos que hacer lo que hizo Bildu para ir a las instituciones».
Ya se le veía venir hace tiempo. Esperemos que el gobierno no se baje los calzones, porque a lo somarda lo va haciendo.
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