Un incendio destruye la chatarrería que custodió los trenes que explotaron el 11-M

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  Ardieron más de doscientas toneladas de metales

  
  

  14 ENE 2012/La Gaceta
  

  J. Cordero y J. Molina. El siniestro se produce cuando la juez Coro Cillán trata de averiguar quién ordenó desguazar los vagones que explotaron. La Fiscalía se opone a esta investigación.

• Las polémicas en torno a los atentados del 11-M parecen no tener fin. El pasado lunes, alrededor de las 21 horas, comenzó un incendio en la planta fragmentadora Reyfra, situada en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. El fuego se mantuvo activo durante las 11 horas siguientes y provocó la quema de 200 toneladas de chatarra.

  La Guardia Civil investiga actualmente las causas que dieron origen a las llamas sin descartar ninguna hipótesis, teniendo en cuenta lo difícil que resulta que prenda accidentalmente el metal. Curiosamente, un 50% de Reyfra es propiedad de la empresa de reciclado Lajo y Rodríguez (Lyrsa), que se encargó del desguace de 11 de los 13 trenes destrozados por las explosiones del 11-M.

  Lyrsa llevó a cabo el desguace en su sede de Mejorada del Campo y la chatarra derivada de esos 11 vagones se trasladó supuestamente después a una planta fundidora para ser reciclada y reconvertida en farolas, bancos y otros útiles.

  El incendio generado en la planta de Lyrsa-Reyfra en el polígono industrial de San Martín de la Vega se produce en medio de la polémica judicial que se cierne en torno al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. La titular de dicho juzgado, Coro Cillán, investiga durante estos días quién ordenó la destrucción de los trenes, pues podían ser una prueba que hiciera avanzar la investigación relativa a los atentados de Madrid, tanto para tirar de la cadena de mando y descubrir quién pudo dar órdenes incompetentes como para averiguar cuál fue exactamente el explosivo que estalló el 11-M.

  La magistrada Coro Cillán entiende como una “cuestión crucial” conocer quién dio la orden de destruir los vagones. Sin embargo, la Fiscalía opina distinto. Durante el proceso abierto en el Juzgado 43 contra el ex jefe de los Tedax de la Policía Nacional Juan Jesús Sánchez Manzano, el Ministerio Público se opuso a seguir indagando por esta línea. “En relación con la destrucción de los vagones explosionados –afirmó el informe del fiscal– se trata de una cuestión que ya ha sido resuelta, con más o menos acierto, pero dilucidada por el Tribunal Supremo y admitiendo que fueron destruidos por Renfe una vez finalizados los informes periciales”. La titular del Juzgado 43, que rechaza las consideraciones del fiscal, sí apoya las diligencias propuestas por el abogado del colectivo Manos Limpias, José Luis Abascal, personado en la causa. Cillán pretende tomar declaración a todos aquellos que participaron de algún u otro modo en el desguace de los trenes, entre los que podría haber directivos de Renfe y del Cuerpo Nacional de Policía.

  En la posición contraria, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, que argumentó mediante un escrito que “admitir como objeto de este procedimiento el interés que dichos vagones podían tener para la investigación de la Audiencia Nacional no deja de ser una revisión de la instrucción judicial que ya fue objeto de enjuiciamiento y de sentencia firme”.

  Asimismo, el Ministerio Público también se opone a que presten declaración como testigos el magistrado Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo. En el escrito de la juez que admite las diligencias de Manos Limpias también aparece el director general de Emfesa, entidad que ejecutó el desguace; Carlos Simón Fernández, director general de Remimfer, la compañía encargada de realizar el presupuesto de reparación general de trenes e instalaciones después de los atentados; y Mariano Garrido García, en esas fechas director gerente de Renfe Cercanías.
  La instrucción
  La catástrofe del 11 de marzo de 2004 acabó con la vida de casi 200 ciudadanos y supuso el mayor atentado terrorista cometido en Europa. Durante el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional se produjo una extensa polémica en torno al explosivo que realmente estalló en los vagones. A pesar de las variadas diligencias que en este sentido pidieron algunas de las asociaciones de víctimas personadas en el caso, en ningún momento el tribunal autorizó la ejecución de prueba alguna que permitiera reconstruir la explosión con los distintos materiales que se baraja que provocaron la deflagración en los trenes.