El Gobierno socialista deja en herencia a la Policía una deuda de 175 millones

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  Quiere cumplir las sentencias que no ejecutó el PSOE

  
  

  21 ENE 2012/La gaceta
  

  Roberto R. Ballesteros. Cosidó anuncia un “plan de eficiencia”. “No vamos a gastar lo que no tenemos”. “Ningún servicio esencial dejará de prestarse por insuficiencia presupuestaria”.

• El Cuerpo Nacional de Policía tampoco está al margen de la crisis económica. El director de la corporación, Ignacio Cosidó, desveló el jueves que, tras aterrizar en su despacho, se ha encontrado sobre la mesa con una deuda de 175 millones de euros.

  El máximo responsable del cuerpo se lo comunicó a las agrupaciones sindicales y al resto de miembros del Consejo de la Policía, que celebraba su primera sesión plenaria tras las elecciones generales.

  Según explica el Sindicato Profesional de Policía (SPP) en un comunicado, la enorme deuda que ha sorprendido a Cosidó podría repercutir en los propios funcionarios. La situación económica, continúa, ha provocado que el presupuesto del Cuerpo refleje “insuficiencias graves”, sobre todo en lo relativo a la productividad de los policías.

  Este concepto está previsto que se cobre en los próximos días, algo que no está asegurado, ya que –como dijo el director general– antes habrá que hacer frente a un desfase presupuestario de 12 millones de euros.

  Tras ofrecer a los sindicatos y al resto de la Junta los citados datos, Cosidó avanzó los principios que regirán su mandato en lo relativo al presupuesto. Por un lado, dijo, “no vamos a gastar lo que no tenemos”. Por otro, continuó, “ningún servicio esencial dejará de prestarse por insuficiencia presupuestaria”. El director general tiene la intención de poner en marcha un “plan de eficiencia” con objeto de reducir la deuda.

  Para llevarlo a cabo, explicó el SPP, Cosidó pidió a los sindicatos “toda la ayuda posible” con el fin de “reducir los costes” sin rebajar la calidad del servicio.

  Durante su intervención ante el Consejo de la Policía, Cosidó también explicó cómo va a afrontar otro de los grandes problemas que se ha encontrado nada más llegar a su cargo: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a sustituir a casi 7.000 mandos policiales nombrados a dedo por el anterior Gobierno y la resolución de la misma Sala que ordena diferenciar entre las competencias de los comisarios y las de los comisarios principales.

  El cumplimiento de ambos fallos judiciales, nunca ejecutados por su antecesor, Francisco Javier Velázquez, es una de las prioridades del director general, que así se lo hizo saber a los miembros del Consejo de la Policía, conformado por 16 representantes del Cuerpo y otros tantos de los sindicatos.

  Cosidó dijo que la situación creada por el anterior Gobierno genera un “grave problema de funcionamiento”. Solucionar esto, agregó, es “urgente, necesario e imprescindible”. El director de la Policía anunció su intención de ejecutar la sentencia en dos fases.

  La primera, en la que definiría qué competencias corresponden a un comisario principal y cuáles debe asumir un comisario, algo que haría respetando el principio de jerarquía, como pidió el fallo judicial del TSJM emitido el 30 de noviembre de 2009 tras un recurso presentado por el SPP.

  Cosidó ha tenido en cuenta este fallo para nombrar a 11 de los 13 miembros de la Junta de Gobierno sustituidos recientemente. De estos 11, siete son comisario principales y tres de ellos lo serán en los próximos meses. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sin embargo, entiende que no se han respetado los tiempos y que la dirección general debería haber definido las competencias antes de elegir a la nueva junta. Por ello ha interpuesto un recurso contra los 11 nombramientos en cumplimiento de la citada sentencia.

  La segunda, según explica la nota del SPP, se abordaría “más a largo plazo” y abordaría la resolución más compleja: la que obliga a sustituir a 7.000 mandos policiales, emitida por el mismo tribunal (TSJM) el 11 de diciembre de 2009, tras un recurso presentado por el SUP. Ambas sentencias han sido declaradas firmes por el Tribunal Supremo.