MARÍA PERAL MADRID 28/01/2012 PORTADA/El Mundo
Garzón inculpado por cohecho al recaudar entre sus investigados
El juez Garzón está desde ayer inculpado por cohecho impropio por haber solicitado y obtenido 1,2 millones de dólares de grandes empresas y bancos españoles afectados por procesos penales tramitados en la Audiencia Nacional, algunos de ellos en manos del propio magistrado. El dinero fue destinado a financiar conferencias y seminarios dirigidos por él durante su estancia en la Universidad de Nueva York, de la que cobró un salario en paralelo a la percepción de su nómina de juez. El magistrado del Supremo Manuel Marchena considera que hay motivos para que Garzón sea juzgado por esos hechos.
El magistrado Marchena, que ha investigado desde febrero de 2010 los patrocinios obtenidos por Baltasar Garzón de importantes entidades bancarias y empresas españolas, ha dado por terminada la instrucción y ha concluido que hay motivos para que el juez de la Audiencia Nacional responda en juicio oral de un posible cohecho impropio. Ese delito castiga con pena de multa de tres a seis meses (según la legislación aplicable en el momento de los hechos) a «la autoridad o funcionario publico que admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido en consideración a su función (...)».
El instructor del Supremo, que no ve indicios del delito de prevaricación que también fue objeto de querella, da un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular que ejercen los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea para que presenten escrito de acusación o bien el archivo de la causa.
Los hechos se refieren a la licencia de estudios que Garzón disfrutó entre marzo de 2005 y junio de 2006 en la Universidad de Nueva York (UNY), donde dirigió seminarios y conferencias para el Centro Rey Juan Carlos y para el Centro de Derecho y Seguridad.
Esas actividades fueron sufragadas con patrocinios que Garzón solicitó personalmente por un importe inicial de 2,5 millones de dólares al Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa.
El Banco Santander entregó 327.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos, del que Garzón percibió retribuciones en especie por valor de 22.152 dólares y el pago de la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de la ONU por importe de 21.650 dólares.
BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa financiaron con 910.000 dólares un seminario dirigido por Garzón en el Centro de Derecho, del que cobró una nómina que el juez cifró en 160.333 dólares, aunque esa cantidad no coincide ni con los extractos de la cuenta bancaria que abrió en Nueva York ni con las sucesivas certificaciones de la UNY, que ha ido variando sus propias cifras.
Garzón «ocultó» al Consejo General del Poder Judicial la remuneración obtenida de la UNY y también ocultó a la Universidad, con la que tenía un «deber contractual de incompatibilidad», que seguía cobrando su nómina íntegra de juez.
Marchena destaca que «las cantidades abonadas por las distintas empresas implicaron la obtención de un aprovechamiento para él y, al propio tiempo, para un tercero», aunque el enriquecimiento personal no es exigido por el delito por el que Garzón es inculpado.
A tenor de una abundante prueba documental que consta en los expedientes de los patrocinios y de las declaraciones de empresarios y banqueros, el instructor del Supremo afirma que fue el propio Garzón el que se dirigió a ellos solicitando el dinero «con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas». Garzón «tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio impulsado por él».
«Algunos de esos responsables habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón» y «otros, sin haber sido investigados por él, habían tenido que responder por hechos delictivos atribuidos mediante denuncias o querellas tramitadas en la Audiencia Nacional», subraya Marchena.
Así, el máximo responsable del BBVA, Francisco González, autorizó un patrocinio de 200.000 dólares sólo cinco meses después de que Garzón inculpara a la cúpula de Neguri, proceso penal que favoreció el ascenso de González a la presidencia del banco. «Lo hizo, además, cuando ese procedimiento se hallaba todavía abierto en el Juzgado del que Garzón era titular y al que habría de reincorporarse meses después».
En el caso de Telefónica, que entregó 100.000 dólares, Garzón había investigado a su ex presidente, Juan Villalonga, por el caso Endemol y por el cobro de stocks options.
Los dirigentes de Cepsa, sociedad que entregó 100.000 dólares, habían sido investigados en la Audiencia Nacional por concertarse con Repsol para fijar el precio de los carburantes.
Y el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, vio cómo Garzón archivaba una querella dirigida contra él a los cuatro meses de reincorporarse a la Audiencia Nacional.
Ninguna de esas entidades se interesó por la justificación detallada del destino que tuvieron los fondos.
28/01/2012 ESPAÑA
«Mezcla de juez y exitoso gestor de fondos» El instructor del Supremo subraya que los expedientes de los patrocinios ponen de relieve la «interesada confusión de los planos en los que se desenvolvía la actuación de Garzón» como juez y como organización de actividades en la UNY para las que solicitaba patrocinios.
Marchena da «especial valor indiciario» a la carta en la que Gonzalo de las Heras -en aquellas fechas de 2005 responsable del Grupo Santander en Estados Unidos- da cuenta al presidente, Emilio Botín, del almuerzo celebrado con Garzón. El juez plantea en ese encuentro que quiere organizar un ciclo de conferencias.
De las Heras escribió a Botín que «Garzón rompió el hielo diciendo que acudía como español y como amigo y no como juez y que podíamos hablar de todo lo que quisiéramos sin temer que nos llamara para aclarar el sentido de lo dicho: 'como sabéis', dijo, 'aquí no tengo jurisdicción'».
La resolución judicial destaca que en «ese primer contacto para la obtención de las cantidades se produce entre Baltasar Garzón y un grupo de directivos del Santander no existe presencia física alguna, ni siquiera testimonial, del cuadro académico de la Universidad de Nueva York».
«El propio Garzón es consciente de que sus interlocutores tienen bien presente su condición de juez» y «busca artificialmente escindir dos facetas que aparecían indisociablemente unidas a los ojos de los directivos del Banco de Santander con quienes compartía almuerzo, llegando a aclarar que actúa como 'amigo y no como juez' y que, para tranquilidad de sus interlocutores, no podrá llamarles a declarar a su juzgado, pues 'aquí no tengo jurisdicción'».
Para Marchena, «la mezcla entre el carácter de autoridad jurisdiccional del querellado y su condición de exitoso gestor de fondos vuelve a hacer acto de presencia en la carta que, con fecha 10 de junio de 2005, dirige a Botín. En ella, encabezada con un 'Querido Emilio', se dan las gracias por la financiación comprometida a partir del almuerzo con Gonzalo de las Heras, incluyendo como pie de firma: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez. Titular de la cátedra Rey Juan Carlos».
28/01/2012 ESPAÑA
«Abre las puertas con su intervención personal»Marchena sostiene que los fondos que sirvieron para sufragar las actividades de Garzón en la Universidad de Nueva York «fueron entregados por las distintas empresas en consideración a su cargo» de juez de la Audiencia Nacional, condición que invocaron permanentemente tanto él como las autoridades de la UNY.
En las misivas que envió a empresarios y banqueros y en los correos electrónicos que se cruzó con los encargados de los patrocinios, Garzón hizo constar su estatus de juez.
Por su parte, tanto la directora del Centro de Derecho de la UNY, Karen Greenberg, como el resto de las autoridades de esa Universidad destacaron de forma constante en sus contactos con los empresarios españoles el papel del «judge Garzón» como director de las actividades y como interviniente en la elaboración de los convenios de colaboración que fijaron las condiciones de los patrocinios.
«El valor indiciario de esos documentos es más que relevante», señala el magistrado del Supremo, «pues acreditan que las cantidades solicitadas -y obtenidas- tuvieron siempre relación directa con la condición de juez del querellado».
Garzón utiliza en su correspondencia folios impresos en los que, en el ángulo superior izquierdo, figura el anagrama y los datos de localización de la Universidad de Nueva York. «Es un impreso oficial que, por sí solo, debería ser suficiente si de lo que se trataba era de gestionar un patrocinio académico. Pero no».
Garzón rubrica esos escritos haciendo constar su condición de magistrado-juez porque «sabía que esos documentos adquirían un valor adicional si a las menciones que reflejaba la institución universitaria para la que él prestaba sus servicios, sumaba una indicación que recordara a su interlocutor la condición de autoridad judicial de la persona con la que se estaba comunicando. Fue algo más que un mediador llamado a poner en contacto a una institución universitaria con una eventual fuente de financiación», fue quien «abre las puertas a los fondos con una intervención personal», subraya.
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Propuesta económica en un sobre del juzgado El modus operandi para la obtención de los fondos fue siempre el mismo. Garzón contactaba inicialmente con responsables de cada una de las empresas, les planteaba la propuesta y les anunciaba que otra autoridad de la UNY -normalmente Karen Greenberg, directora del Centro de Derecho y Seguridad- se dirigiría a ellos para concretar el patrocinio.
En el caso de Endesa, Greenberg envió una carta al presidente, Manuel Pizarro, dando cuenta de la organización de un curso «bajo la codirección del Magistrado Baltasar Garzón, actualmente profesor distinguido visitante en este Centro».
A esa carta acompañaba una propuesta de convenio de algo más de dos folios, con un presupuesto que ascendía a 500.000 dólares.
«El responsable de patrocinios de Endesa, Gabriel Castro, consideró que ese documento no era 'adecuado, ni por su contenido ni por el importe del patrocinio', por lo que rechazó su firma, exigiendo una segunda propuesta», relata Marchena. «Dos días después, fue remitida una propuesta renovada por 250.000 dólares, de los cuales 125.000 iban a ser abonados antes del día 15 de noviembre de 2005 y los restantes 125.000 dólares lo serían con anterioridad al 28 de febrero de 2006».
A la vista del retraso en el que incurrían los responsables de Endesa para el pago de la primera de las partidas, Karen Greenberg consideró oportuno recordar la obligación de abonar el importe comprometido. A tal fin, redactó una carta mediante la que requería el pago. Esta misiva fue impresa en un folio con la marca del Centre on Law and Security. Sin embargo, pese a estar firmada por la propia Greenberg, fue introducida en un sobre en el que podía leerse: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5. Audiencia Nacional. Madrid».
28/01/2012 ESPAÑA
El carácter académico de la relación, ausenteEl magistrado del Supremo ha alcanzado la conclusión de que «el supuesto carácter académico de la relación entablada entre Baltasar Garzón y los responsables de las empresas con los que contactaba en la búsqueda de fondos [alegado por el juez] está ausente en los documentos que han sido incorporados a la causa».
Bien al contrario, «todo indica que no se mantenía al margen de los aspectos económicos de los seminarios que organizaba, sino que asumía las riendas de la negociación en aquellas ocasiones en las que, por cualquier circunstancia, surgía la necesidad de aclarar algún punto relacionado con los aspectos económicos del proyecto».
Así ocurrió en el caso del BBVA, al que se propuso un patrocinio de 300.000 dólares para un seminario cuyos objetivos se explicaban en seis folios con obviedades del tipo «el terrorismo es una realidad preocupante» y «el criminal siempre quiere volver a matar con los mismos métodos».
Como quiera que el responsable de patrocinios del BBVA consideró tal propuesta «excesivamente simple o breve», fue necesaria una nueva propuesta que ajustara la discordancia surgida entre la cantidad presupuestada y la que el banco estaba dispuesto a asumir, que fue finalmente de 200.000 dólares.
No fue ninguna autoridad de la UNY sino el propio Garzón el que se encargó de enviar al BBVA la propuesta económica rectificada.
J. M. MADRID 28/01/2012 ESPAÑAUn delito bumerán
El cohecho pasivo impropio era un tipo penal que apenas se utilizaba para castigar a funcionarios de poca monta que habían caído en la tentación de ablandarse ante una paletilla ibérica o una botella de buen rioja. Desde hace tres años, es una de las estrellas del Código Penal, tanto que ha pasado por una reforma legislativa para agravar su castigo: ahora, el que la hace, la paga con inhabilitación y pena de prisión. En marzo de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón provocó uno de sus habituales golpes de efecto al aplicárselo a Francisco Camps, sólo llevaba aparejada una pequeña multa.
En el caso del entonces presidente valenciano, habría que añadir el 'sambenito' social que ha terminado poniendo fin (¿o no?) a su carrera política.
La paradoja es que, dos días después de la absolución de Camps, es ahora Garzón el que cae en las redes de su propia criatura. Un delito bumerán.
Viene al caso recordar el contenido del auto con el que el juez ahora suspendido, que instruía las primeras consecuencias de la 'operación Gürtel', consideró el 5 de marzo de 2009 que el entonces presidente valenciano había recibido trajes de regalo que constituían «sobornos en especie».
Garzón precisaba hasta el mínimo detalle de los trajes, así como «cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana 'sport', una deportiva 'barbour' y una 'chaqueta fantasía'», además de un «chaleco blanco» para una recepción en El Vaticano.
/Liberta digital
