La propuesta de concesión de la condecoración pensionada de por vida que le dio Rubalcaba establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre
Subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los mediosde prueba… no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos»
Destaca «su compromiso con los funcionarios que realizaron la investigación» y establece que gracias a él los «testimonios» de los mandos policiales «resultaron determinantes»
El «hecho diferencial» que motivó la concesión al juez Javier Gómez Bermúdez de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo -condecoración pensionada y vitalicia- fue su conducta en el juicio del 11-M. En concreto, su «compromiso» con los funcionarios que realizaron la investigación, el «papel fundamental» que desempeñó como presidente del juicio «para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba», por «no permitir» que la vista «derivase en derroteros confusos» y por lograr que los testimonios de la Policía -«especialmente de las comisarías de Policía Científica e Información»- «resultaran determinantes».
Los entrecomillados pertenecen al escrito de propuesta de la medalla, firmado por el comisario Mario A. Jiménez y conocido por EL MUNDO.En el documento pueden leerse otras afirmaciones sobre el comportamiento de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; entre ellas, que «siempre mantiene con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía una actitud de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación».
La concesión de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo a Gómez Bermúdez, así como al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota y al juez central de Instrucción Fernando Grande-Marlaska, es objeto de un proceso contencioso-administrativo que tramita la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las distinciones fueron otorgadas el 24 de septiembre de 2010 por el entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.El ministro y los tres condecorados -Gómez Bermúdez, González Mota y Grande-Marlaska- se reunieron a comer el 29 de octubre siguiente para celebrar la concesión de las medallas, que conllevan el cobro de una asignación económica vitalicia.
El otorgamiento de las medallas ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho. La tesis de los recurrentes es que «ningún juez ni fiscal pueden recibir pensión del Ministerio del Interior, ya que compromete el estricto ejercicio de sus funciones con rectitud, independencia e imparcialidad».
«Es evidente», sostiene la asociación Preeminencia del Derecho, «que los jueces (todos del orden penal) premiados por la Policía, al recibir un premio de un interviniente e interesado habitual en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio (que son la inmensa mayoría), quedan comprometidos en su independencia e imparcialidad y cuanto más los que pasan a cobrar de por vida de la propia Policía».«La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ordenado a los jueces abstenerse de toda actividad que pueda permitir racionalmente poner en duda su imparcialidad, y aceptar premios de los intervinientes en los procesos sin duda pone en tela de juicio la completa imparcialidad del juez», añade la misma asociación.
«Recompensa»
Los recurrentes creen, además, que ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos por la normativa para la concesión de la Medalla con Distintivo Rojo, que debe recaer en quien «observe una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos o extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».
¿Cuál es la conducta de Gómez Bermúdez merecedora de una «especial recompensa»? A tenor de los documentos que constan en el expediente, el juez ha sido premiado, sobre todo, por su actuación como presidente del tribunal del juicio por los atentados del 11-M.
Los motivos se explicitan en la propuesta elevada al ministro del Interior por el comisario jefe de la Audiencia Nacional, Mario A. Jiménez.
El escrito comienza haciendo referencia a que, antes de presidir la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez fue magistrado de esa Sala y juez central de Vigilancia Penitenciaria.
«Desde los diferentes puestos que ha desempeñado en la Audiencia Nacional, ha dado un decidido impulso a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada en sus distintas vertientes; impulso al que no ha sido ajena su extraordinaria capacidad de trabajo».
«En cuanto a sus relaciones con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía», prosigue el comisario jefe, Javier Gómez Bermúdez «mantiene siempre una actitud abierta, de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación sin limitación de tiempo ni medios».
El escrito elogia, a continuación, la «actitud proactiva» mostrada por el magistrado presidiendo las vistas de los procedimientos «de la máxima importancia» y «problemáticos», entre los que cita Segi, Jarrai, Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía o el proceso contra el miembro de los Grapo Martín Ponce.
«Pero si hay un hecho diferencial que pone de manifiesto su compromiso con la sociedad, la justicia y los funcionarios que realizaron la investigación, es su dirección del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004», subraya el escrito.
«La complejidad de la vista, con más de 40 procesados, la multiplicidad de pruebas, testigos, peritos, etcétera... demostró [sic] su verdadera capacidad como presidente del tribunal y le valió los elogios de los numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados en la vista».
El texto explica por qué el comportamiento profesional del magistrado Javier Gómez Bermúdez en el juicio llevado a cabo por los atentados terroristas del 11-M le hace merecedor de la condecoración policial: «Su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba, testimonios de informadores, etcétera..., no permitiendo en ningún caso que el juicio derivase en derroteros confusos y que los testimonios de los funcionarios de Policía, especialmente de las comisarías Generales de Policía Científica e Información, resultaran determinantes».
El «hecho diferencial» que motivó la concesión al juez Javier Gómez Bermúdez de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo -condecoración pensionada y vitalicia- fue su conducta en el juicio del 11-M. En concreto, su «compromiso» con los funcionarios que realizaron la investigación, el «papel fundamental» que desempeñó como presidente del juicio «para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba», por «no permitir» que la vista «derivase en derroteros confusos» y por lograr que los testimonios de la Policía -«especialmente de las comisarías de Policía Científica e Información»- «resultaran determinantes».Los entrecomillados pertenecen al escrito de propuesta de la medalla, firmado por el comisario Mario A. Jiménez y conocido por EL MUNDO.
En el documento pueden leerse otras afirmaciones sobre el comportamiento de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; entre ellas, que «siempre mantiene con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía una actitud de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación».
La concesión de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo a Gómez Bermúdez, así como al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota y al juez central de Instrucción Fernando Grande-Marlaska, es objeto de un proceso contencioso-administrativo que tramita la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las distinciones fueron otorgadas el 24 de septiembre de 2010 por el entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ministro y los tres condecorados -Gómez Bermúdez, González Mota y Grande-Marlaska- se reunieron a comer el 29 de octubre siguiente para celebrar la concesión de las medallas, que conllevan el cobro de una asignación económica vitalicia.
El otorgamiento de las medallas ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho. La tesis de los recurrentes es que «ningún juez ni fiscal pueden recibir pensión del Ministerio del Interior, ya que compromete el estricto ejercicio de sus funciones con rectitud, independencia e imparcialidad».
«Es evidente», sostiene la asociación Preeminencia del Derecho, «que los jueces (todos del orden penal) premiados por la Policía, al recibir un premio de un interviniente e interesado habitual en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio (que son la inmensa mayoría), quedan comprometidos en su independencia e imparcialidad y cuanto más los que pasan a cobrar de por vida de la propia Policía».
«La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ordenado a los jueces abstenerse de toda actividad que pueda permitir racionalmente poner en duda su imparcialidad, y aceptar premios de los intervinientes en los procesos sin duda pone en tela de juicio la completa imparcialidad del juez», añade la misma asociación.
«Recompensa»
Los recurrentes creen, además, que ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos por la normativa para la concesión de la Medalla con Distintivo Rojo, que debe recaer en quien «observe una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos o extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».¿Cuál es la conducta de Gómez Bermúdez merecedora de una «especial recompensa»? A tenor de los documentos que constan en el expediente, el juez ha sido premiado, sobre todo, por su actuación como presidente del tribunal del juicio por los atentados del 11-M.
Los motivos se explicitan en la propuesta elevada al ministro del Interior por el comisario jefe de la Audiencia Nacional, Mario A. Jiménez.
El escrito comienza haciendo referencia a que, antes de presidir la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez fue magistrado de esa Sala y juez central de Vigilancia Penitenciaria.
«Desde los diferentes puestos que ha desempeñado en la Audiencia Nacional, ha dado un decidido impulso a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada en sus distintas vertientes; impulso al que no ha sido ajena su extraordinaria capacidad de trabajo».
«En cuanto a sus relaciones con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía», prosigue el comisario jefe, Javier Gómez Bermúdez «mantiene siempre una actitud abierta, de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación sin limitación de tiempo ni medios».
El escrito elogia, a continuación, la «actitud proactiva» mostrada por el magistrado presidiendo las vistas de los procedimientos «de la máxima importancia» y «problemáticos», entre los que cita Segi, Jarrai, Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía o el proceso contra el miembro de los Grapo Martín Ponce.
«Pero si hay un hecho diferencial que pone de manifiesto su compromiso con la sociedad, la justicia y los funcionarios que realizaron la investigación, es su dirección del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004», subraya el escrito.
«La complejidad de la vista, con más de 40 procesados, la multiplicidad de pruebas, testigos, peritos, etcétera... demostró [sic] su verdadera capacidad como presidente del tribunal y le valió los elogios de los numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados en la vista».
El texto explica por qué el comportamiento profesional del magistrado Javier Gómez Bermúdez en el juicio llevado a cabo por los atentados terroristas del 11-M le hace merecedor de la condecoración policial: «Su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba, testimonios de informadores, etcétera..., no permitiendo en ningún caso que el juicio derivase en derroteros confusos y que los testimonios de los funcionarios de Policía, especialmente de las comisarías Generales de Policía Científica e Información, resultaran determinantes».
Un 10% más de sueldo sin riesgo ni peligro
A diferencia de otras condecoraciones simplemente honoríficas, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo conlleva sustanciosos incrementos salariales, que además se disfrutan de por vida. El sueldo bruto de Javier Gómez Bermúdez ha aumentado un 10% desde que recibió la medalla, el 2 de octubre de 2010, día de la Policía, de manos del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No es la primera vez que Rubalcaba premia al juez de la Audiencia Nacional. En 2008, un año después de dictar la sentencia del 11-M, Gómez Bermúdez fue distinguido con una condecoración al mérito policial y con otra al mérito penitenciario. Ambas le fueron concedidas en un intervalo de apenas 15 días.
Lo que no se acaba de entender es qué requisitos le hicieron a Gómez Bermúdez valedor de una medalla para la que, como deja bien claro la Ley sobre Condecoraciones, hay que «resultar herido en acto de servicio», o «realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario», u «observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».
¿El juicio del 11-M puso en riesgo o en peligro al presidente de su tribunal? La pregunta se la hizo la asociación de juristas Preeminencia del Derecho, cuya denuncia contra la concesión de la medalla pensionada a Bermúdez ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La asociación considera esta distinción «incompatible con el deber de independencia e imparcialidad», ya que, argumenta, «no se puede ser juez del orden penal y estar en nómina del Ministerio del Interior». En concreto, considera que vulnera el artículo 1.3 de la Ley de Incompatibilidades, que dice que «el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».
Sindicatos policiales, asociaciones judiciales y colectivos de víctimas han criticado también la distinción realizada a Gómez Bermúdez.
Mediático e invasivo
Bermúdez dificultó el trabajo de las defensas y sirvió a las tesis del Gobierno
El juez Javier Gómez Bermúdez asumió durante el juicio del 11-M un protagonismo invasivo, inhabitual en un presidente de cualquier tribunal, lo que, unido a la extraordinaria cobertura mediática que se dio a la vista oral, con sesiones retransmitidas en directo por televisión e internet, le proporcionó una enorme proyección pública.
Su esposa, Elisa Beni, lo aprovechó para lanzar al mercado un libro que se convirtió en un best-seller -La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M-, que provocó el malestar entre las víctimas y la Judicatura y que se presentó apenas dos semanas después de que, el 31 de octubre de 2007, el propio juez escenificase una lectura pública de la sentencia, justo para la campaña de Navidad. La empresa con la que la periodista gestionó los derechos de autor se había fundado en junio, cuando el juicio aún no había concluido.
La intervención de Bermúdez fue decisiva para sostener en la sentencia las tesis que mejor convenían al Gobierno. Por ejemplo, la condena a Jamal Zougam, cuyo arresto en la víspera de las elecciones de 2004 provocó el vuelco político a favor del PSOE. El juez sobreprotegió a las testigos de cargo, que finalmente fueron la única prueba contra el marroquí, y dificultó enormemente el interrogatorio de las defensas.
Especialmente a J-70, que había tardado nada menos que un año en acudir a la Audiencia Nacional a decir que le había visto en el tren. Este diario publicó la semana pasada que esa mujer rumana había sido descartada como víctima en dos ocasiones por los técnicos del Ministerio del Interior, que rechazaron que tuviera derecho a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación. La última vez, apenas 15 días antes de su primera declaración. Pues bien: Bermúdez interrumpió en dos ocasiones a las defensas cuando le preguntaban por qué había tardado tanto en declarar y, así, impidió que se conociesen sus posibles motivaciones.
Además, en la sentencia que él redactó se dice que «está probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los trenes donde explosionaron artilugios, pues un componente exclusivo de esta dinamita plástica en un porcentaje relevante está en todos ellos, el dibutilftalato». Ese dato es falso: el dibutilftalato no es un componente exclusivo, ni mucho menos, de la Goma 2 ECO, sino que es un plastificante presente en casi todas las dinamitas tipo goma, y también forma parte, por ejemplo, del Titadyn.
Las víctimas se han quejado varias veces de que, en una reunión privada con Bermúdez, éste les prometió que algunos mandos policiales «se irían caminito de Jerez» tras el juicio, en el sentido de que deduciría testimonio contra ellos por cometer negligencias o mentir en la vista oral. El juez incumplió esa promesa: ni lo hizo ni facilitó después el material que pidieron para poder fundamentar la querella contra el ex jefe de los Tedax.
Méritos
Uno recuerda haber calificado en su día de relato consistente la sentencia del juez Gómez Bermúdez sobre los atentados del 11-M. También confiesa haber tenido un interés muy relativo en los asuntos contemplados en dicha resolución por tratarse de cosa ya juzgada. Sin embargo, no es cuestión baladí que las pruebas principales contra Jamal Zougam, único condenado como autor material de los atentados de Atocha, sean los testimonios prestados por dos testigos protegidas, que, según las informaciones publicadas por este periódico, mintieron.
El asunto, en cualquier caso, va para largo. Para que los abogados de Zougam consigan una revisión en el Tribunal Supremo habrán de conseguir previamente una condena firme por falso testimonio en causa criminal. Los citados defensores se quejan de que el Tribunal puso un celo quizá excesivo en la protección de las testigos, lo que impidió hacerles «un interrogatorio en condiciones».
Viene esto a cuento de un asunto colateral, pero que tiene su gracia. Resulta que Interior viene a imponer sus medallas y distintivos el 2 de octubre de cada año, día de los Ángeles Custodios, que es la festividad de la Policía. Bermúdez ha sido distinguido en tal fecha del año pasado con la medalla de la Orden del Mérito Policial con Distintivo Rojo. Dos años antes, ya habían sido reconocidos sus méritos policial y penitenciario. Lo interesante de la última es que va pensionada de manera vitalicia, con el 10% del sueldo del magistrado, momio no desdeñable en tiempos de austeridad y recortes. El juez Bermúdez será uno de los poquísimos funcionarios españoles que no sufrirán recortes en su sueldo: la pensión compensará el 5% del tijeretazo de Zapatero y el primer 5% que aplique Rajoy.
Lo más notable de la concesión es la relación de méritos que el comisario Jiménez describía en su escrito al proponer al juez Gómez Bermúdez para la condecoración. Cita el proponente el impulso dado por el juez contra el terrorismo y la criminalidad organizada, así como la relación abierta y de plena colaboración que mantiene siempre con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, «asesorando sobre aspectos de difícil encaje dentro de la investigación».
De manera muy especial se señala su dirección del juicio por los atentados terroristas del 11-M, en el que tuvo «un papel fundamental para reconducir las numerosas divergencias» de los medios de prueba y testimonios, «no permitiendo que el juicio derivase en derroteros confusos y que los testimonios de los funcionarios de policía resultaran determinantes».
Tal vez considerasen ustedes que es la Policía la que debe colaborar con los jueces y no al revés; a mí mismo me pasaba. Tal vez pensaran, como la Asociación Preeminencia del Derecho, que premios de esa naturaleza, dados por un actor habitual en los procesos penales, compromete al juez que los recibe en su independencia e imparcialidad.
O podría comprometerle, lo que viene a ser lo mismo. Hoy va a empezar la vista oral contra Francisco Camps por un delito de cohecho impropio consistente en los famosos trajes de Milano.
En fin, no diré más.
Pues claro, además por todo el morro, nunca mejor dicho. Y a los que de verdad arriesgan sus vidas, ni agua. Por tanto, un sistema corrupto, que hace suyas las corruptelas, y se dan medallas a estómagos agradecidos, y así pagan los favores.
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