El Poder Judicial investiga por sorpresa a la juez del 11-M

• Exclusiva: sin previo aviso y durante dos días

  
  

  08 DIC 2011 | Diego Carrasco. Madrid/La Gaceta
  

  El fiscal de Madrid, nombrado por Bermejo y vinculado al PSOE, exigió al Servicio de Inspección del máximo órgano judicial que inspeccionara a la magistrada Coro Cillán.

• “El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es la magistrada Coro Cillán, ha sufrido en los últimos días una inspección por sorpresa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, han asegurado a LA GACETA fuentes judiciales. Esta actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces, cuando menos, llama la atención al no tratarse de una visita programa del servicio de inspección. Y todo ello “dentro de un contexto en el que la magistrada Cillán está empeñada en saber la verdad de lo que ocurrió en los atentados del 11-M”, apuntan.

  En este sentido, las citadas fuentes sostienen que “desde el CGPJ se quiere apartar a la magistrada de la investigación” de la matanza ocurrida en Madrid. Al parecer, desde la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Eduardo Esteban, discípulo de Mariano Fernández Bermejo y hombre muy próximo a los socialistas, se presentó un escrito ante el servicio de inspección del CGPJ para que indagara presuntas irregularidades en el juzgado de Cillán. “Esteban fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid en 2008 gracias a las presiones que el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo sobre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido”, enfatizan.

  Y es que “la juez está tocando un tema muy sensible”, señala un miembro de la judicatura. En este punto explican a este diario que el CGPJ hace dos tipos de inspecciones. Una, programada, que suelen ser las rutinarias que se hacen en todos los juzgados y tribunales españoles, donde se examina el estado general del juzgado. Y otra, las que se hacen de un modo extraordinario y sin avisar. Es decir, “se presenta un magistrado inspector en el juzgado correspondiente y se centra en averiguar cómo se está tramitando un asunto concreto por si existe alguna irregularidad procesal o de cualquier otro tipo”, comentan. A continuación, en los próximos días, el servicio de inspección remitirá un informe detallado al CGPJ. Es más, “pudiera suceder que si se encuentra materia suficiente para ir contra la juez el asunto se pasaría a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano para que proceda lo que a Derecho corresponda”, explican.

  “Esta segunda opción es la que ha podido ocurrir teniendo en cuenta la intensidad y constancia en la investigación que la magistrada Cillán está demostrando en el 11-M”, apuntan fuentes jurídicas.

  De hecho, hace unas semanas admitió a trámite una querella presentada por los abogados de Saed el Harrak, condenado a 12 años de prisión por colaboración con banda armada y por formar parte de la célula yihadista autora de la matanza, contra Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Tedax y contra la funcionaria perito química adscrita al laboratorio por destruir pruebas.

  ¿Y las pruebas?
  Según el escrito acusatorio, Sánchez Manzano y su compañera en los Tedax “destruyeron e hicieron desaparecer la mayor parte de la multitud de restos y vestigios”. También se le acusa de no entregar el resultado de los análisis efectuados a los explosivos. En esta causa que investiga Coro Cillán están personados la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M, la AVT, el SUP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la madre de Jamal Zougam.

  Es más, LA GACETA antes de ayer informó en exclusiva de que la juez ha admitido a trámite el escrito de pruebas presentado por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias para esclarecer “quién ordenó destruir, desguazar y, en su caso, reparar los trenes explosionados”.

  Con todo, es cierto que la magistrada está indagando sobre un asunto muy sensible que no gusta a algunos, pues pueden salir a relucir conclusiones hasta ahora desconocidas o no juzgadas por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

  Un asunto muy claro que tiene Coro Cillán es que “no pretende revisar la sentencia como cosa juzgada dictada por la Audiencia”, señalan. “Sólo persigue averiguar qué delitos se cometieron distintos a los autores materiales”. “Esto demuestra que la magistrada de instrucción está muy presionada para que dé carpetazo a un tema que fue una de las grandes incógnitas que están sin resolver”, comentan.