>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La crisis económica ha situado por primera vez en primer plano y en una campaña la necesidad de recortar la Administración para ahorrar. Hace cuatro años, muy pocos criticaban que tres administraciones pudieran ofrecer los mismos servicios a los ciudadanos -con un coste triplicado-, que hubiera 18 defensores del Pueblo que hacen lo mismo en distintos territorios o que en España se paguen los sueldos de 77.865 concejales de 8.112 municipios.
Si un madrileño quiere alquilar una vivienda, puede dirigirse a la Sociedad Pública del Alquiler del Ministerio de Fomento, a la Oficina del Alquiler de la Comunidad de Madrid o a la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento. Las tres administraciones ofrecen los mismos servicios en distintas oficinas, con lo que se triplica el presupuesto.
España es un Estado descentralizado, con el evidente coste que eso conlleva. En 35 años, hemos pasado de una dictadura centralista a un Estado democrático con una clara separación de poderes; y con unos poderes ejecutivo y legislativo desgajados en 17 comunidades autónomas que no han dejado de crecer desde su creación, todas con sus gobiernos, consejerías, parlamentos, órganos consultivos, empresas públicas...
Además, parte de la estructura administrativa central de los años 70 se mantiene con otros nombres (los gobiernos civiles son hoy subdelegaciones del Gobierno, por ejemplo), a la vez que se han creado miles de instituciones nuevas, empresas, organismos autónomos... Todos con presidentes, consejeros, altos cargos, funcionarios, asesores, dietas, coches oficiales, gastos de representación...
Las cifras que dan cuenta del mastodóntico tamaño de la Administración y que pueden verse en el gráfico adjunto son escalofriantes. Examinándolas despacio, parece que nadie se haya puesto a sumarlas hasta ahora. Que el Estado, las comunidades y los ayuntamientos funcionen nos cuesta más de 300.000 millones de euros al año (más de 6.000 euros a
cada español). El número de empleados públicos de todas las administraciones (3,2 millones) supera la población de Madrid (según la EPA). Y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas dependen 168 consejerías y 344 empresas públicas y entes regionales.
Hay quien propone reducir el número de diputados del Congreso (350 parlamentarios que representan a más de 46 millones de españoles) para ahorrar. Pero muy poco se ha dicho de que en los escaños de los 17 parlamentos autonómicos se sienten 1.268 diputados regionales, casi todos con sus sueldos, dietas, iPads e iPhones. O de que en las diputaciones, consejos insulares y cabildos canarios de las 50 provincias españolas disfruten también de su escaño 1.421 diputados provinciales.
En España hay 8.112 ayuntamientos y 1.023 mancomunidades con más de 8.100 alcaldes y 68.286 concejales. Sólo en Castilla y León, una región con menos de 2,5 millones de habitantes, hay 2.245 alcaldes y 13.219 concejales. Y de la comunidad andaluza dependen casi 275.000 trabajadores públicos.
Ante estas cifras, todos los partidos han propuesto meter la tijera. A continuación, resumimos las principales propuestas en este sentido:
Si, pero los del bipartidismo hablan y hablan, pero a la hora de la verdad, no tienen bemoles de hacerlo, ya que hay están los enchufados que ellos han metido.
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